Objetores de conciencia presentan informe sobre reclutamiento forzado de las fuerzas militares en 2015
Redacción Política
La Acooc, Acción Colectiva de Objetores de Conciencia, presentó el informe anual que muestra los comportamientos ilegales de los operativos militares para reclutamiento y las maneras como estos violan los derechos de los bogotanos. De acuerdo con el movimiento de objetores de conciencia, el servicio militar tiene un alto grado de ilegitimidad por sus acciones contra la población joven que no quiere ir a la guerra. Sin embargo, los militares continúan realizando reclutamientos forzados y algunas veces claramente agresivos.
Las denominadas popularmente “batidas”, son operativos de reclutamiento realizados por el Ejército Nacional en los que se violan las garantías y derechos constitucionales de los jóvenes. Este tipo de reclutamiento forzado se realiza en todo el país, pero Bogotá registra un número significativo de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de patrullas militares que agreden a los jóvenes pretextando que no tienen libreta militar.
Antecedentes jurídicos
Dos antecedentes jurisprudenciales reconocen que la práctica de reclutamiento es violatoria de los derechos fundamentales de los jóvenes. Tras analizar el caso de Santiago Holguín, joven reclutado ilegalmente en una batida, y Reinaldo Aguirre, objetor de conciencia del programa Hacedores de Paz, de Justapaz, la Corte Constitucional manifestó, mediante sentencia de tutela 455 del año 2014, que las autoridades militares están habilitadas jurídicamente para requerir la identificación de los obligados y proceder a inscribirlos de inmediato y sin lugar a ningún tipo de detención temporal, y menos la posibilidad de conducir a quienes no comprueben tener resuelta su situación militar.
De ahí se deduce que llevarse a los jóvenes en camiones militares y desaparecerlos temporalmente, para luego presentarlos como soldados en guarniciones militares en departamentos distintos al sitio de residencia del joven, es violatorio de los derechos humanos.
Y añadió el alto tribunal: “Las redadas o batidas, procedimientos que de manera general responden al patrón antes explicado, están prohibidas por la Constitución, al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial y que tampoco se encuentran dentro de las taxativas excepciones descritas en el artículo 28 C.P”.
A este respecto, la Corte es enfática al indicar que las “autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas, con el propósito de identificar a quienes no han resuelto la situación militar, para conducirlos a instalaciones militares y proceder a incorporarlos. Estas acciones contravienen la Constitución y la ley, al desconocer la reserva judicial sobre la libertad personal, en tanto derecho inalienable de todos los habitantes”, señaló Luis Ernesto Vargas, magistrado ponente.
El otro antecedente judicial que le hace reparos a las batidas fue hecho por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2015. La Sala Penal de ese tribunal se pronunció, a través de una acción de Hábeas Corpus, sobre la capacidad legal del Ejército de reclutar a un joven remiso a través de una batida: “la breve verificación de si el ciudadano ha definido su situación militar y de no ser así el diligenciamiento de una planilla en la cual se inscriba para tal fin y consigne sus datos para una posterior citación con el propósito de agotar las posteriores etapas señaladas en la ley, sin que pueda ser conducido a cuarteles o distritos militares, ni pueda ser retenido por más tiempo del que demande un procedimiento de esta naturaleza”.
Incumplimiento
Para los voceros de Acooc, a pesar de haber una decisión directa de la Corte Constitucional que ordena el cese de esta práctica, el Gobierno nacional y su Fuerza Pública desacatan mandatos constitucionales lo cual resulta preocupante, con el agravante que la cúpula militar encargada de los reclutamientos entregan a medios de comunicación declaraciones contradictorias justificando la continuidad de estas prácticas en las calles de las principales ciudades del país.
“Después de más de 10 meses de emitida la Sentencia T-455, las organizaciones no han tenido conocimiento sobre el cumplimiento de protocolos, sanciones disciplinarias representativas o avances por parte del Ejército en materia de reclutamiento ilegal por parte de sus competencias militares”, explicaron los voceros de Acooc en la presentación del informe.
Ejército para la guerra
En declaraciones entregadas a El Colombiano, Aníbal Fernández, viceministro de Defensa señalaba que la fuerza pública cambiará de estrategias e implementará siete nuevas líneas de trabajo con tres énfasis: Espada de Honor, Transición hacia la paz y la Transformación con la creación del Comando de Transformación del Ejército. “Hoy tenemos un Ejército que está en pie de guerra, que sigue luchando por conseguir la paz, pero al mismo tiempo tiene la capacidad para transformarse, no solo en modernización y recursos, sino que es una transformación basada en lo cultural, de la mente y soportada en la educación militar”. Y sin embargo, se calcula que para el primer semestre de 2015 el Ejército reclute a 87 mil jóvenes para convertirse en soldados.
La Acooc, señala que es urgente que el gobierno nacional tome decisiones al más alto nivel para detener el reclutamiento ilegal por parte de la Fuerza Pública. Pero también investigar y sancionar la sistematicidad del procedimiento mil veces repetido del reclutamiento ilegal de las fuerzas militares, lo cual demuestra su talante arbitrario.
Doctrina de paz
“Este año hemos constatado la práctica ilegal de reclutar jóvenes y se aumentan los puntos de la ciudad en que se hace esta práctica. Lo que nos preocupa es que ya los militares están casi a las puertas de los colegios distritales y en algunos casos cercan los barrios populares para detener y llevarse a los jóvenes a la fuerza”, señaló Juan Valbuena, Secretario de la Juventud Comunista, JUCO, en Bogotá. El dirigente juvenil expresó que la Juco rechaza el ejercicio criminal de las batidas porque alienta la máquina de guerra.
“Es que los militares se pasan por encima las orientaciones constitucionales del poder judicial que ha decretado ilegal esa práctica de reclutamiento. Los jóvenes tienen derecho a decirle no a la guerra”, señaló Valbuena.
Concluye el informe con un llamado a transformar la doctrina de seguridad nacional que obliga a los jóvenes a engrosar las filas castrenses: “La construcción de paz, necesariamente implica una revisión del modelo de reclutamiento. Es apremiante la construcción de una sociedad civil que privilegie el fortalecimiento de los lazos e instituciones sociales civiles, por encima del mantenimiento de un modelo de reclutamiento militar que tiende a crecer a través del desconocimiento del orden legal y constitucional”.
