Poderosos intereses transnacionales se ocultan tras la indignación ciudadana fuertemente difundida por los medios de comunicación. Las protestas contra el presidente Lukashenko son una expresión de la más reciente jugada geopolítica de Occidente para ganar el control de un país que se mantiene fuera de su órbita
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Desde que se celebraron las elecciones presidenciales en Bielorrusia el pasado 9 de agosto, se han vuelto habituales en las secciones internacionales de los informativos las noticias sobre masivas movilizaciones ciudadanas que exigen la renuncia del presidente Alexander Lukashenko, llamado por los medios “el último dictador de Europa”. Se nos presenta así un conflicto entre un pueblo “bueno” que pacíficamente pide democracia y libertad, contra un dictador “malo” que se sostiene en el poder utilizando la violencia y el soborno.
Por supuesto, semejante simplificación de la realidad no es casual. Forma parte de la conocida estrategia de “cambio de régimen” que las potencias occidentales han venido perfeccionando los últimos años -aunque con resultados agridulces- y que aplican hoy en el país europeo. Esta estrategia, a su vez, es una expresión de lo que la doctrina militar estadounidense llama las “guerras de cuarta generación”, guerras que no se libran solo en terreno militar sino, sobre todo, en el ámbito de la tecnología, la comunicación y la ideología.
En otras palabras, lo que está sucediendo en Bielorrusia constituye la más reciente jugada geopolítica de Occidente, que pretende derrocar “suavemente” al régimen de uno de los pocos países que todavía no forma parte de su órbita de influencia e incorporar su economía a la globalización neoliberal. Por supuesto, reconocerlo no significa caer en la ingenuidad de defender automáticamente al presidente Lukashenko y su gobierno sino entender que hay poderosos intereses ocultos tras la inocente “movilización ciudadana” que los medios se empeñan en vendernos.
¿Bielorrusia?
La república europea, ubicada en el centro geográfico del continente, no puede entenderse sin su vecina Rusia. Son pueblos muy similares, comparten la misma cultura eslava, sus idiomas son muy parecidos y su vecindad hace que el territorio bielorruso siempre haya sido considerado parte fundamental del área de influencia rusa. Si bien durante unos meses tras la Primera Guerra Mundial existió un gobierno títere de Alemania que proclamó la República Popular Bielorrusa, pronto el país se incorporó a la Unión Soviética como uno de sus fundadores.
Tras la disolución de la URSS, en 1994 llegó al poder Alexander Lukashenko quien ha gobernado hasta la actualidad. Lukashenko se ha diferenciado de sus vecinos de Europa oriental porque se negó a implementar el modelo neoliberal que esparció la pobreza y la desigualdad en los antiguos países socialistas. Si bien en el país hay un sistema capitalista, existe una fuerte regulación estatal de la actividad económica y por tanto unos importantes índices de equidad y un vigoroso sistema de seguridad social.
El sistema político, si bien tiene la apariencia de ser una democracia liberal, en realidad es un régimen patrimonialista, con poca independencia de los poderes públicos, limitada libertad política y una élite que controla el poder tras bambalinas. A decir verdad, hasta ahí no habría mucha diferencia con nuestro sistema político colombiano. Ocurre que su élite tiene una política exterior que ha tenido como prioridad los intereses nacionales por encima de los de Occidente, algo que los poderes globales no suelen perdonar.
Lukashenko ha tenido una política exterior sinuosa, ha sido leal a sus acuerdos con Rusia cuando le ha convenido y se ha acercado a Occidente cuando ha querido presionar a su histórico vecino. El último desacuerdo con Putin ha girado en torno al incumplimiento del acuerdo de 1999 que crea el Estado de la Unión, un nuevo país confederado conformado por los dos países. Si bien la idea de un solo país fue propuesta por el propio Lukashenko, su implementación se ha visto entorpecida por los intereses políticos internos del presidente.
De este modo y como forma de presión, Rusia ha puesto fin a la política de precios preferenciales de los hidrocarburos que permitía a Bielorrusia comprar petróleo ruso barato, refinarlo y venderlo más caro en el mercado internacional. Ello ha impulsado a Lukashenko a acercarse a Occidente, ofrecerse a comprar petróleo estadounidense y abrir negociaciones comerciales con Estados Unidos. Por supuesto y de la misma forma como sucedió con el líder libio Muamar el Gadafi, Occidente ha identificado la debilidad de su oponente y ha procedido a poner en marcha el plan para sacarlo del poder.
El golpe suave
La estrategia del “golpe suave”, “revolución de terciopelo” o “de colores” como también se suele llamar, es un plan de “cambio de régimen”, es decir, de derrocamiento de un gobierno que no se somete a los intereses de Occidente. Si antes estas operaciones se llevaban a cabo con invasiones y golpes de Estado, hoy se hacen a través de la combinación de acciones violentas y no violentas que buscan desestabilizar al gobierno, sembrar el desánimo entre las fuerzas que le apoyan -en especial las fuerzas armadas-, forzar su renuncia y lograr que sectores afines lleguen al poder.
La cara visible de estas estrategias son los ciudadanos que, en su gran mayoría, salen a la calle de buena fe a pedir el cambio de régimen. Pero quienes realmente se benefician son actores que suelen pasar desapercibidos como las grandes compañías transnacionales, los bancos, las élites económicas y las potencias occidentales, que financian estos ‘golpes suaves’ a través de oscuras fundaciones como la NED. El plan es conocido: se aprovecha un momento de aparente crisis (unas elecciones, una decisión política percibida como injusta o la revelación de un escándalo) para movilizar a la ciudadanía en protestas que piden no que se corrija la política sino directamente que caiga el gobierno.
Estas manifestaciones son toda una puesta en escena dirigida al público internacional -no al doméstico- y son capaces de despertar alrededor del mundo conmovedores gestos de solidaridad, muchos de ellos auténticos. Allí radica su gran potencia y la efectividad que tienen para tumbar gobiernos, en particular aquellos que ya se encuentran debilitados.
Todo en ellas está cuidadosamente diseñado: el relato simple de los manifestantes ‘buenos’ contra un gobierno ‘malo’, las imágenes de la represión policial difundidas intensamente por los medios de comunicación, los mensajes de las pancartas escritos en inglés, el uso de colores o símbolos que identifiquen la causa (en este caso, la bandera de la República Popular Bielorrusa), la repetición de que la “democracia” y la “libertad” son los motivos de las protestas y la identificación del gobierno como el único responsable de la situación y su salida como la única solución a la crisis.
Resultados agridulces
Esta estrategia ha tenido éxito en países como Serbia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004 y 2013), Kirguistán (2010) y Bolivia (2019) y ha fracasado en países como Venezuela (desde 2002), Myanmar (2007), Siria (2011) -aunque desde entonces se libra una feroz guerra-, Nicaragua (2018) y Hong Kong (2014). La diferencia que salta a la vista entre estos casos es que los gobiernos que cuentan con el apoyo del pueblo y de las fuerzas armadas no suelen caer ante estos ‘golpes blandos’, por más intensa que sea la conspiración, la financiación y el apoyo extranjero.
Así, el debate no debe centrarse en el gobierno de Bielorrusia. Lo importante es que los bielorrusos tengan el derecho de decidir libremente su destino sin interferencias extranjeras ni “revoluciones de colores”. Por ello no hay que distraerse, el problema no es Lukashenko, es la autodeterminación de los pueblos.
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