Ciudad Bolívar, según la Defensoría del Pueblo, sería el nuevo foco del paramilitarismo y las bandas criminales de la capital, las cuales dejan varias víctimas mientras siembran el terror
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Hace pocos días se conoció una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo en donde se expresa la preocupación por la inminente presencia de grupos paramilitares o denominadas “bandas criminales” y algunos reductos de las FARC y el ELN en una de las localidades más vulnerables de la capital, la de Ciudad Bolívar.
De manera contundente la Defensoría se refirió a la posibilidad de una extensión hacia la capital del fenómeno de grupos al margen de la ley que, desde hace varios años viene generando violencias sistemáticas en el municipio de Soacha y que estarían relacionadas, con la posibilidad del corredor estratégico para el control del tráfico de drogas, en esta frontera de la capital. Los grupos señalados por los mismos defensores de derechos humanos como las nuevas reagrupaciones paramilitares son las Águilas Negras hoy más reconocidas como Los Paisas y los otrora Urabeños hoy denominados el Clan del Golfo.
“Especial atención”
Así se han calificado los informes que, desde esta institución, la Defensoría del Pueblo, se han publicado y transmitido a los demás entes del Estado desde el 2011. Sin embargo, la atención frente a este tema ha sido poca y, muy por el contrario, la existencia de estos grupos y la magnitud del problema no se han querido reconocer por parte de los entes de investigación y control. Según el mismo ministro de Defensa, estos grupos no existen.
En la actualización del riesgo, presentada en el 2016 por la Defensoría para Bogotá, relata que el grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), “ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas. La violencia ejercida por este grupo armado ilegal posdesmovilización de las AUC se evidencia a través de amenazas en contra de la población civil y a través de acciones violentas de control social, pretendiendo establecer un “orden social” en las zonas bajo su influencia”.
En este mismo documento la Defensoría menciona el Informe de Riesgo 006-15, el SAT de esta misma institución en la cual se advierte el riesgo para la población civil en 131 barrios de las localidades de Usme, San Cristóbal, y Rafael Uribe Uribe. Según mencionan, “el riesgo estuvo representado en atentados contra la vida, y la integridad física de la población civil, utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación, desplazamiento forzado, reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
Y, según una nota de seguimiento de la Defensoría en 2016, el mes de mayo, llegaron a Altos de Cazucá, límites con Ciudad Bolívar, 50 personas del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, que entre ellas se decían “paisanos”. La información que se documentó es que responden al nombre de ‘Los Paisas’. También se documentó, que este mismo grupo de personas habría llegado a atemorizar a los habitantes de la comuna cuatro, imponiendo toques de queda, y regulando la movilidad de la población en las noches, en este mismo orden de situaciones, las personas que se reportaron como asesinadas en ese transcurso, lo fueron en las horas de la noche. “Algunas víctimas fueron halladas sin vida y con signos de violencia en algunos humedales, y otros cadáveres fueron encontrados en zonas rurales contiguas a los límites urbanos, como la vereda Panamá”, señala la alerta, al tiempo que se liga este índice de asesinatos con los presentados por Medicina Legal para ese mismo año, que reportó 212 homicidios en Soacha, 40 más que en 2015, así como 83 personas desaparecidas.
El tráfico de drogas y los grupos paramilitares
Todos los reportes presentados por la Defensoría apuntan a que existe una posible relación entre ‘Los Paisas’ con la Oficina de Envigado, que, agregó, “se ha venido fortaleciendo económicamente gracias a una alianza con el Clan del Golfo, en ese entonces conocido como ‘los Urabeños’”. El objetivo sería controlar los corredores que hay entre Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar para poder transportar droga a Bogotá.
Solo en el caso de Soacha, las mismas autoridades reportaron para el año pasado, 473 personas capturadas, la mayoría por negociar con droga, se incautaron 30.644 dosis de estupefacientes y 37 armas de fuego. El reporte también muestra, que la violencia generada por estos grupos a los que se les atribuye este tráfico de drogas pasa por la tortura, violaciones a menores, extorsiones, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados. La alerta temprana ha sido enfática en afirmar que estos mismos grupos han amenazado a líderes sociales y barriales, transitando este mismo tipo de violencia hacia la capital, en particular a Ciudad Bolívar.
Las preocupaciones de la Defensoría
Existen 19 casos que describe la Defensoría en su alerta y que se ubicaron al sur de la ciudad. Entre estos casos se encuentran, el atentado de que fue víctima el integrante del partido de la FARC que sufrió varios disparos por parte de dos encapuchados. La vida de este líder se salvó gracias a su chaleco antibalas, esta persona ya había sido amenazada.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, directamente se ha dirigido al Ministerio del Interior alertando sobre dicha situación, “se ha identificado la presencia de Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras, Rastrojos, ELN y disidencias de las Farc”, así mismo se refirió al documento que expresa “alerta temprana de inminencia para la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., para que se adopten medidas urgentes orientadas a salvaguardar la vida de la población civil, en particular de quienes habitan los sectores: Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén”. Frente a los grupos denominados como paramilitares, el defensor asegura que estas nuevas agrupaciones que se han reorganizado han sido creadas por disidentes de las desmovilizaciones de las AUC, refiriéndose a las Águilas Negras o también conocidas como Bloque Capital.
Este informe no le gustó al alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, ni al secretario de Gobierno, Miguel Uribe. Según expresaron en redes sociales y ante medios de comunicación, la presencia de dichos grupos no se ha evidenciado por ningún organismo de control y seguridad del distrito, lo que también generó inconformidad por parte de defensores de derechos humanos y en particular del Defensor del Pueblo Carlos Negret, el cual también se refirió al alcalde. “Al emitir alertas tempranas la Defensoría se ciñe estrictamente a lo previsto en el Decreto 2124 de 2017 que señala que serán comunicadas al @MinInterior, como Secretaría Técnica de la Ciprat, para coordinar la respuesta rápida. Quizás el alcalde de Bogotá desconoce esa ruta”, afirmó el Defensor, no sin antes enfatizar en su cuenta en Twitter: “El Alcalde de @Bogota @EnriquePenalosa en lugar de instruirme cómo cumplir mis funciones de Defensor del Pueblo debe ejercer las propias. El estado de la ciudad así lo clama”.
