En las últimas semanas, se han realizado formidables movilizaciones nacionales en contra de la gestión del presidente, pidiendo su renuncia y enjuiciamiento por los hechos ahora conocidos
Ricardo Arenales
Una célula parlamentaria responsable de investigaciones a los altos ejecutivos gubernamentales, similar a la Comisión de Acusaciones existente en Colombia, encontró responsable de genocidio al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, por su responsabilidad en la muerte de más de 600 mil personas, que pudieron haber salvado sus vidas si el mandatario hubiera sido más diligente en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
El pliego de cargos fue preparado a lo largo de seis meses por la Comisión Parlamentaria de Investigación, que preside el senador de oposición Renan Calheiros, quien como ponente leyó el 20 de octubre el extenso documento de 1.180 páginas, que probablemente sea ratificado por la comisión en pleno, esta semana, y remitido a diversas autoridades para que se inicie la investigación formal, o se desestimen los cargos, como suele suceder en las democracias occidentales.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia, recomendó remedios sin eficacia comprobada para tratar el covid-19, desdeñó el empleo de vacunas e incluso ridiculizó el uso del tapabocas. En estas circunstancias, la comisión parlamentaria acusó al mandatario de nueve delitos, en los que además del crimen de genocidio se le imputan cargos por propagación de una epidemia con resultado de muertos; incitación al odio, genocidio indígena, el haber inducido a la población a violar las medidas de prevención, retardo deliberado en la compra de vacunas y fomento de falsedades sobre la pandemia.
Crimen de responsabilidad
En el pliego de cargos se le formula uno por charlatanería, porque el mandatario recomendó medicamentos inadecuados, como la cloroquina, y el antiparasitario invermectina, que su gobierno sigue promoviendo como ‘tratamiento precoz’. Incluso llegó al ridículo de defender este fármaco ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre pasado.
Se le acusa también de prevaricato, por la omisión de acción ante la denuncia por corrupción en la compra de vacunas. Además, se le sindica de ‘crimen de responsabilidad’ al darle la espalda a la comisión de otros delitos o actos ilegales por parte de diversos funcionarios, que actuaron bajo su cubierta.
La formulación de cargos comprende un total de 65 personas, incluyendo a tres hijos del presidente, y se calcula que en las próximas horas el senado ampliará la lista con diez nombres más. La comisión investigadora entregará sus conclusiones a la Fiscalía General, responsable de las investigaciones judiciales y su enjuiciamiento, al presidente de la Cámara de Diputados y a otras autoridades. En el caso de delitos contra la humanidad, el expediente sería remitido a la Corte Penal Internacional, en La Haya.
Que renuncie
Con la ratificación del informe del ponente, se cierra una etapa de investigación que se prolongó por medio año y que, aunque no garantiza que Bolsonaro sea llevado ante la justicia, sí marca una etapa de desgaste de un mandatario en ejercicio de sus funciones.
En las últimas semanas se han realizado formidables movilizaciones nacionales en contra de la gestión del presidente, pidiendo su renuncia y enjuiciamiento por los cargos que ahora han salido a la luz. Entre los manifestantes se encuentran asociaciones de familiares de ciudadanos fallecidos por el covid-19, quienes denunciaron a Bolsonaro ante la Comisión de Investigación Parlamentaria, y rindieron dramáticos testimonios que alimentaron el proceso. Las víctimas dijeron que el presidente no cumplió con su deber legal de evitar la muerte de miles de brasileños durante la pandemia y pidieron justicia.
La investigación parlamentaria difícilmente tendrá los efectos previstos y que reclama la sociedad en forma mayoritaria. En Brasil actúa un sistema judicial y político cooptado por el jefe de Estado y esto presenta muchas dificultades para su enjuiciamiento. Los procesos de inhabilidad dependen de la Cámara de Diputados, cuyo presidente le hecha tierra a las más de 130 acusaciones que ya han sido radicadas contra Bolsonaro. A ello se suma la lentitud de la administración de justicia.
