El sesgo ideologico del Consejo Nacional Electoral, CNE. Las cuatro actuaciones del CNE que lo dejan mal parado ante los colombianos
Después de que la Constitución de 1991 elevara a rango constitucional los comicios electorales, fue necesario transformar el Consejo Nacional Electoral a máxima autoridad en esa materia. Se determinó conformarlo como reflejo del Congreso de la República, para que las fuerzas políticas quedaran allí representadas.
Así entonces, la fuerza política ganadora de las elecciones al parlamento se quedaría con la mayoría de las siete magistraturas. El sistema fue creado para que las minorías que no obtuvieran un número significativo de votos, no tuvieran representación. No obstante, esas minorías pueden ponerse de acuerdo para presentar un candidato y, probablemente, verse allí representados.
En la conformación actual del Consejo Nacional Electoral, las fuerzas minoritarias del Congreso tienen representación, su nombre es Armando Novoa, jurista experto en derecho constitucionalista y muy reconocido en sectores democráticos. Novoa se convirtió en la piedra en el zapato para las decisiones del tribunal en temas como Odebrecht y la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.
Además de Novoa, el pleno del Consejo Nacional Electoral se conforma con: Emiliano Rivera Bravo, Partido Liberal, Felipe García Echeverri propuesto por el Centro Democrático, Ángela Hernández Sandoval y Carlos Ernesto Camargo provenientes de los conservadores, Idayris Yolima Carrillo Pérez elegida por Cambio Radical, Luis Fernando Franco y Alexánder Vega Rocha de la U, Héctor Elí Rojas, exparlamentario del Partido Liberal.
Caso Odebrecht
En el actual periodo estos magistrados han tomado decisiones para cerrar la democracia colombiana y favorecer la clase política tradicional. De una parte, las dilaciones a la investigación por financiación ilegal de la multinacional del soborno Odebrecht, a las campañas de presidenciales de la U en el año 2010 y del Centro Democrático en el año 2014, desestimando las confesiones de parte entregadas por los directivos de la empresa brasilera. Para muchos conocedores del alto tribunal, todo quedará en un archivo de investigación.
Así lo venía advirtiendo la voz disidente del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, a quien el propio tribunal le compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que fuera investigado por una supuesta violación del procedimiento y del reglamento constitucional. Para sus colegas, Novoa les resulta incómodo para los intereses del alto gobierno y el Centro Democrático.
Caso Unión Patriótica
Otro de los asuntos que ha levantado ampolla es lo relacionado con las sanciones impuestas a los partidos minoritarios como el Verde y la Unión Patriótica, por la supuesta inscripción ilegal de los candidatos a concejos y edilatos en las pasadas elecciones.
De acuerdo con la corporación, la Unión Patriótica no debió inscribir candidatos inhabilitados para los cargos. Sin embargo, la dirección de esa colectividad realizó todas las acciones necesarias para entregar el aval cumpliendo los requisitos de ley, incluso con la declaración de los candidatos de no estar inhabilitados.
Al respecto se preguntan las directivas de la Unión Patriótica, cuál es el motivo de fondo de la sanción. “El propio Estado sabe quiénes son las personas inhabilitadas para participar en política y para acceder a cargos públicos, cuál es la razón para no inhabilitarlos al momento de la inscripción. Esa responsabilidad se la trasladan a los partidos y eso no puede ser procedente. Ese es un procedimiento de mala fe, propio del arcaico sistema electoral nuestro, porque de algo estamos seguros: no van existir sanciones para los partidos mayoritarios”, indicó Felipe Santos, secretario de la Unión Patriótica.
La sanción acarrearía además de una multa, la imposibilidad de presentar candidatos para los próximos comicios locales. Es decir ni el Partido Verde ni la Unión Patriótica podría presentar candidatos al Concejo de Bogotá ni edilatos en algunas localidades de la capital del país. Una decisión que a todas luces favorece a los partidos tradicionales cuyas denuncias por compra de votos, fraude electoral o trashumancia, nunca son sancionadas con la misma rigurosidad por el tribunal electoral.
“Lo que están haciendo es cerrarnos el camino a quienes confrontamos los poderes tradicionales. No es una coincidencia que pase esto. En Bogotá, con Aída Avella fuimos una de las más altas votaciones por candidato al Concejo, y su curul fue arrebatada por una maniobra fraudulenta que nunca el Consejo Nacional Electoral se atrevió a investigar”, subrayó Felipe Santos.
Caso Cambio Radical
Y es que la regla no es la misma a la hora de las sanciones. El caso más significativo es el de Cambio Radical que en el departamento de La Guajira ha avalado a “Kiko” Gómez y Oneida Pinto, el primero acusado de homicidio y orquestar grupos paramilitares, y la segunda por estar inmersa en inhabilidad para ejercer el cargo de gobernadora. Del Consejo Nacional Electoral no se conoce actuación alguna frente a estos dos personajes.
Y menos de otros personajes como uno de los elegidos gobernadores por Cambio Radical llamado a juicio el pasado año por la Corte Suprema de Justicia, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar. El político sucreño que era la primera autoridad del Amazonas, lo acusan de cohecho impropio en concurso homogéneo, falsedad ideológica en documento público agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión. Y el Consejo Nacional Electoral, guardó silencio.
Caso Peñalosa
La otra decisión del tribunal tiene que ver con Bogotá. El pasado dos de mayo el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, presentó a la Registraduría Distrital, 650 mil firmas para convocar a una consulta popular que pretende revocar al mandatario de los capitalinos. Enrique Peñalosa presentó un alegato por supuesta ilegalidad ante el Consejo Nacional Electoral y este acogió la petición y pretende dejar sin piso jurídico los comités de revocatoria inscritos por considerarlos ilegítimos para adelantar la revocatoria.
Seis magistrados del Consejo Nacional Electoral defenderán la ponencia del magistrado Héctor Elí Rojas, con el propósito de echar atrás el proceso de revocatoria, sin tener en cuenta la voluntad de los 650 mil ciudadanos. Con el agravante que la hija del magistrado Rojas, Ana María Rojas Villamil, está a cargo de una de las subdirecciones del despacho del alcalde mayor Enrique Peñalosa, y aun así no se declaró impedida para conocer sobre la legalidad de la revocatoria.
“Hace tiempo el Consejo Nacional Electoral perdió la legitimidad. Sus decisiones no son con criterio democrático, desconocen la Constitución y la realidad política. Sus magistrados hacen lo posible para negar derechos y garantías. Sin duda sus decisiones tienen un sesgo ideológico contra los sectores alternativos. Hace rato dejaron de garantizar la democracia”, indicó Santos.
Con la presentación de la reforma política vía fast track, el Consejo Nacional Electoral, podría perder sus atribuciones como brazo político de las maquinarias electorales, transformándose a una corte independiente que pueda efectivamente ser la máxima autoridad de un nuevo sistema electoral.
