César Santoyo Santos
@cesantoyo
Un escándalo ha sido para el país la pavorosa noticia del pasado 6 de agosto, sobre un uniformado de la Policía Nacional en aparente estado de embriaguez y, al parecer, drogado, que asesinó en Piñalito, municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta, a dos mujeres, una de ellas menor de edad y la otra, su compañera sentimental. Las degolló, para luego quitarse la vida. Sin haber superado aún la conmoción por los hechos, en el suroccidente, el pasado 25 de agosto, aparece la noticia del abuso de la fuerza de miembros de la misma institución y su conocido batallón de la muerte: el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, contra comunidades movilizadas de indígenas y campesinos del municipio de Suárez en el departamento de Cauca.
Para rematar, el pasado 4 de septiembre, con un brutal y excesivo uso de la fuerza, las movilizaciones estudiantiles que exigían un cambio en la rectoría de la Universidad de Cundinamarca, que al parecer, se ha convertido en fortín de corruptos; fueron víctimas de la Policía Nacional, cuyos miembros arremetieron contra las personas indefensas al interior del claustro, dejando a su paso a un joven herido de bala en una pierna y otros más con hematomas, además, de daños a la infraestructura de la institución.
Estas tres muestras de excesos y barbarie contra la protesta social son la expresión más clara del talante con que el gobierno de Iván Duque orienta a la acción policial. Acción que se encuentra rodeada de un aparente estado de legalidad debido al “endurecimiento” del Código Nacional de Policía, que ha sido tramitado según designios de los delegados de los gremios en el gobierno y que, por demás, son nombrados en el Ministerio de Defensa (¿guerra?), para elaborar una política de seguridad basada en la adaptación “a la criolla” de la brutalidad policial, que cada vez reclama más “principio de autoridad” y menos derechos humanos.
Es deber de todas las fuerzas y expresiones democráticas del país iniciar la documentación, denuncia y difusión de todo exceso policial: desde los comparendos por el ejercicio del derecho constitucional al trabajo vendiendo empanadas, pasando por los excesos y usos abusivos que se están volviendo cotidianos en calles, colegios y campos del país, hasta las retaliaciones y persecuciones que uniformados e inteligencia policial cometen en contra del derecho a la movilización y la protesta social.
Pronto, un foro de debate sobre estas prácticas y el código que las ampara, deberá citarse desde las víctimas para ampliar la discusión sobre derechos y principios de autoridad. También es vital acompañar la exigencia que se le viene haciendo a Duque para que firme el protocolo de la protesta social y se garantice la vida e integridad de la ciudadanía.
