Paro en la rama judicial exige al Consejo Superior de la Judicatura echar atrás una medida que desmejora la justicia en el país y la situación de sus trabajadores
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Desde el pasado martes 12 de enero, cuando los empleados de la rama judicial regresaron de vacaciones, realizan una escalonada protesta de jueces y empleados en Bogotá. Las manifestaciones se dieron porque el 16 de diciembre de 2015 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió el Acuerdo 10445 para definir la estructura de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia. Según el Acuerdo: “Estos Centros tienen como fin brindar apoyo administrativo, operativo y técnico a los despachos judiciales del sistema oral, y su actividad estará orientada a lograr una gestión judicial ágil y eficaz”.
Pero según el presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, Luis Fernando Otálvaro, aunque fueron creados para hacer las notificaciones, realizar traslados de autos y llevar los archivos, suprimirán algunos cargos de los despachos judiciales: “A un secretario se le cambia su función judicial por una administrativa lo que conlleva que le cambien de cargo; ya no será él quien estudie los casos de tutela y quien prepare y proyecte al juez las providencias, sino que su trabajo será esencialmente administrativo, por eso su remuneración también será diferente. Se desnaturaliza el juzgado y a los jueces se le quitan empleados cuando actualmente lo que se necesita es que se les apoye con mayor personal para cumplir la labor que le ha encomendado el Código General del Proceso, que es un código nuevo con el que se pretende que los procesos sean orales. Si a los jueces no se les dan las herramientas en el futuro todo puede ser peor”.
Cambio de modelo
Para la juez 34 civil del circuito en Bogotá, María del Pilar Arango, quien también es dirigente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, ya es costumbre que se emitan acuerdos cuando los trabajadores están en vacaciones. Para ella el Acuerdo cambia el modelo de gestión de los juzgados para trasladar cuatro cargos a unos Centros de Servicios que manejarán una exorbitante cantidad de procesos: “Cada juez tiene un promedio de mil procesos, entonces en estos Centros y en una sola secretaría serán 30 juzgados, serán 30 mil procesos. Se complica la situación porque la atención al usuario se deteriora por completo. Ya hay varios Centros operando y la experiencia ha sido nefasta; sólo hay que escuchar a los litigantes y a los usuarios sobre la mala atención: la demora para encontrar los procesos, la demora en los trámites. Los jueces perderemos el control directo de los procesos porque la mayor parte del tiempo estarán en estas secretearías y los empleados dejan de ser calificados y nominados por el juez y pasan a ser nombrados por un director ejecutivo, que es un empleado administrativo quien no es abogado sino administrador de empresas y el jefe del Centro o jefe de personal va a ser un ingeniero industrial. Imagine el caos que generará un administrador y un ingeniero manejando una oficina de orden judicial”.
Actualmente un juez desempeña sus funciones apoyado por dos sustanciadores quienes le proyectan las decisiones y pueden catalogarse como su mano derecha. Una secretaría compuesta por el secretario quien hace el trámite de los procesos con la ayuda de dos escribientes y un notificador. Con el Acuerdo en cuestión se dejará en los juzgados a los dos sustanciadores y sacarán a todo el personal de secretaría. “La secretaría es la que cumple con todas las órdenes que el juez emite, entonces si se emite una decisión el secretario debe hacer los oficios, los telegramas, las notificaciones, las comunicaciones; eso pasaría a esa secretaría. No entendemos ¿cuál es el sentido de pasar 30 juzgados a una sola secretaría con 30 escribientes, 30 notificadores, 30 secretarios? Esto terminará en una reducción de personal y en una rebaja del salario de nuestros compañeros como ya ha sucedido, hay varios empleados de los Centros de Servicio que en noviembre pasado empezaron a devengar entre 300 a 600 mil pesos menos, con el pretexto de que ahora son del área administrativa –cosa que no es cierta- les cambiaron la denominación del cargo y el salario, lo cual es ilegal e inconstitucional”.
Los Centros se abrirán en el 70% de las poblaciones del país y según Otálvaro lo que se busca es la reducción del aparato judicial y especializar funciones judiciales y dejarlas como administrativas, lo que en el futuro llevará a la privatización de la justicia: “Estos centros lo que buscan es que sea la empresa privada la que genere estos servicios y no la rama judicial”.
Paro nacional
Para María del Pilar Arango el modelo ha fracasado como lo muestra el Centro de Servicios que hay en Paloquemao en Bogotá, el cual es un caos, así como otros de otras ciudades. “Son modelos privatistas, empresariales que quieren aplicarlos a la función pública de administrar de justicia. Ellos quieren que esos Centros se conviertan en economías de escala para la reducción de costos; nos crean unos cargos pero por otro lado suprimirán otros: trasladan a la gente y la cambian de categoría”.
Ante las manifestaciones de rechazo al Acuerdo realizadas en la capital del país, se realizó una reunión el pasado viernes 15, en la que participaron representantes de los principales sindicatos de la rama judicial, jueces civiles, jueces laborales, jueces administrativos, algunos abogados litigantes, empleados y usuarios; con el presidente de la Sala Administrativa, José Agustín Suárez, quien sólo se comprometió a dar capacitaciones y que los trabajadores se comprometieran a restablecer el servicio. “Se le propuso que citara a la Sala de manera extraordinaria y se negó”, comenta la dirigente sindical.
Ante la negativa para derogar o modificar la decisión del Consejo Superior la posición de los judiciales se radicalizó y los sindicatos convocaron a cerrar el resto despachos funcionarios del país, aunque insisten en una negociación antes de tomar esa medida que afectará la prestación del servicio de justicia.
