José Ramón Llanos
Para tener claras las motivaciones y objetivos que fundamentan los contenidos de las políticas y decisiones de los gobiernos colombianos, es imperativo desvelar los intereses de los gobernantes. Expresado sintéticamente: a que clase pertenecen los Santos, los Santamarías, los Holguínes, y demás miembros de las dinastías que le birlaron el poder a las grandes mayorías que con sus luchas expulsaron a los españoles. Hechas esas identificaciones, entendemos, por ejemplo, por qué después de consumadas las fechorías urdidas por Carlos Urrutia para despojar a los campesinos, en lugar de ir a la cárcel, fue recompensado con una embajada.
Ese interés clasista del gobierno de la Unidad Nacional, explica también la aparente tontería de la frase del presidente para no refrendar la ley mediante la cual sólo se pueden adjudicar baldíos a los pobres: “es que ellos no tienen el dinero para explotar esas tierras.” No hay torpeza ni simplicidad en esa expresión. El mandatario está ratificando los intereses clasistas, él quiere decir, los mejores suelos deben ser para los grandes explotadores de las tierras de este país. Los burgueses necesitamos a los pobres para arrancarles la plusvalía y como miembros de las fuerzas armadas para que repriman a sus hermanos de clase, cuando exigen sus derechos y real democracia. O cuando el pueblo reclama que el gobierno no entregue el país a pedazos a las trasnacionales.
Hay otra coordenada de clase que explica algunas acciones gubernamentales, un país cuyos mandatarios pertenecen a la excluyente minoría, sólo puede ejercer el poder mediante una política autoritaria, militarista y represiva, generalmente cruenta. Ejemplo. La represión, los heridos, los muertos, los detenidos y la denegación de constitucionales derechos en la región del Catatumbo. Allí los altos mandos militares, instrumentos de los terratenientes, imponen sus acciones. La situación del Catatumbo exige la solidaridad general, para evitar la escalada represiva que latifundistas y congéneres exigen.
Las clases en el poder defienden preferentemente los intereses y el patrimonio de las empresas extranjeras. Ejemplos tenemos muchos. En el Cesar varias poblaciones presentan altos niveles de morbilidad, debido a la contaminación causada por la explotación minera de una empresa extranjera. En vez de prohibir las labores contaminadoras, se ordena el traslado de las poblaciones. La Drummond a plena luz del día contamina el mar en Santa Marta y sólo le aplican una multa irrisoria que ahora con esguinces legales la empresa trata de evadir. La conclusión es obvia. Las clases gobernantes nacionales, únicamente se sostienen en el poder mediante la represión y la negación de los derechos del pueblo colombiano y la antidemocracia. Afortunadamente, el pueblo ya marcha hacia la unidad, lograda la cual, impondrá la democracia plena, la equidad y la soberanía total.
