“Ahora más que nunca es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta o de reclamo, sino de justicia, no solamente personal, también de justicia social”: Jesús Santrich
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
La detención de Jesús Santrich, por más de un año, dejó en evidencia una intención política por parte del Gobierno nacional en avanzar en un proceso en el que se le negó todo tipo de garantías necesarias para que la defensa y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concluyera ante el proceso.
Las pruebas aportadas a la Fiscalía, fueron consideradas insuficientes para privarlo definitivamente de la libertad, al igual que los elementos aportados en la acusación de los EE.UU. y su pedido de extradición. A Santrich lo liberan, pero, nuevamente es detenido en medio de muchas irregularidades. Y la pregunta que queda de todo el proceso hasta el momento es ¿qué está detrás del afán de una captura con insuficientes pruebas y un pedido de extradición?
El pulso de las Cortes
Los sectores de extrema derecha han venido instando a la justicia colombiana a actuar sin ningún tipo garantía procesal en contra de los derechos de la ciudadanía. Esta es una característica que ha marcado lo que va del periodo de Gobierno de Iván Duque y que se suma al ejercicio de imponer un modelo de país bajo unos intereses políticos, por encima de las garantías que debe brindar un estado liberal como el colombiano. A esta realidad, la de la ausencia de la justicia, es a la que se enfrentan las cortes, y es lo que no ha gustado a muchos miembros del uribismo.
Ese pulso se vio en el caso de Santrich, quien ha sido el caballito de batalla de estos sectores de extrema derecha, para desprestigiar el acuerdo firmado en el Teatro Colón, entre el Gobierno nacional y la extinta FARC-EP, y por ende, querer mostrar la supuesta ineficiencia de una Jurisdicción Especial para la Paz. Una estrategia cuyo único sentido será acabar con lo acordado, continuar la guerra que se había frenado en el marco del proceso de paz y que Colombia no pueda avanzar hacia la búsqueda de la verdad sobre las víctimas del conflicto armado interno que, entre otros elementos, es el papel de la JEP.
Frente a este elemento “el pulso lo podemos calificar como el efecto que puede generarse en un Estado social y de derecho versus el interés de sectores de extrema derecha de actuar sin ningún tipo de control judicial sobre la libertad y los derechos de la ciudadanía. Recordemos que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el que más se enfrentó a la Corte Suprema de Justicia”, asegura Diego Martínez, uno de los abogados que acompaña el caso de Santrich.
Las mismas FARC, el día de la liberación de Santrich, y en medio de una rueda de prensa, expresaron, en la voz de Pablo Catatumbo: “esperamos que el gobierno retome el camino de los acuerdos tal y como fueron firmados. Y saludamos que tres cortes, las máximas instancias judiciales que tiene el país, hayan ratificado que hay que respetar el Estado social y de derecho”.
La legitimidad de la JEP
Cuando la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Colombia es dejar en libertad a Santrich, la defensa reiteró lo que venían apelando durante todo el año: “No encontraron ninguna orden pese a que le dijeron al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, que enviara las nuevas órdenes de la DEA y no las encontraron”. El tratamiento que la JEP le da al proceso, la deja muy bien plantada como garante de la justicia.
Según menciona Martínez, la Jurisdicción Especial “queda en este momento legitimada ante los escenarios nacionales e internacionales, porque se ha convertido en el tribunal del esclarecimiento, es decir un tribunal que respeta las libertades y el debido proceso, tal cual como se ha venido pidiendo. Sin embargo, tenemos que esperar a conocer la decisión final de la sala de apelaciones de la jurisdicción, porque la JEP aún no termina de tomar una decisión en relación con el caso”. Esto obedece, entre otros elementos, a las nuevas pruebas que supuestamente condenarían a Santrich.
Desde la Procuraduría han afirmado que el expediente enviado por los EE.UU., no solo sustenta el pedido de extradición, también las pruebas aportadas por la Fiscalía dan cuenta de que los delitos por los cuales acusan a Santrich se cometieron después de firmado el acuerdo de paz. Lo que es igualmente refutado por la defensa, pues dichas pruebas fueron recolectadas por el país en mención, sin permiso del estado colombiano.
Esta reclamación que hace la Procuraduría está a cargo de la sección de apelación del tribunal de la Jurisdicción Especial “La JEP, debe definir qué va a ocurrir respecto a la apelación de la Procuraduría de negar el fallo de la sección de primera instancia, es decir, autorizar o no la extradición de Jesús Santrich”, comenta Martínez. El próximo martes iniciará en la Sala de Apelación de la JEP este estudio remitido por la instancia del Ministerio Público.
Para Martínez es claro que “hay una tendencia a pensar que la justicia transicional o cualquier mecanismo de justicia se aplica a pesar de la violación al debido proceso, es decir, de los derechos de los procesados”, por lo cual esperan que así como avanza el proceso, avance la verdad.
En libertad y una silla en el Congreso a la espera
En rueda de prensa, el mismo Jesús Santrich se dirigió a los medios de comunicación para expresar sus impresiones sobre el proceso y sobre los retos que tienen como Farc, y como país, para salvar el acuerdo de paz.
Igualmente, mencionó que “ahora más que nunca es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta o de reclamo, sino de justicia, no solamente personal, sino de justicia social. Quiero que sepan que mi corazón se abriga como el conjunto de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, de nuestros compañeros comunistas en Colombia, y en ese sentimiento lograr la reconciliación para beneficio de todas nuestras compatriotas”.
También reiteró, el excomandante, que su compromiso con la paz se hará en una silla desde el Congreso o desde donde su partido lo ponga, ahora en libertad, y que seguirá con la tarea de demostrar su inocencia: “Yo tengo un compromiso irreductible con el Sistema Integral de Verdad y no Repetición, con la JEP y con las altas cortes, para coadyuvar a que se esclarezca cualquier duda sobre mi conducta y sobre mi comportamiento, aspirando a que la transformación que quisimos hacer con el acuerdo de paz, para que mejorara el Estado social y de derecho y la vida del común de los colombianos, tenga la mejor perspectiva posible”.
