La ciudad se ha visto envuelta en una rebelión espontánea por comida. Cacerolas, bloqueos, ollas comunitarias y fogatas hasta altas horas de la noche, han hecho parte de las acciones colectivas que se han manifestado ante el hambre
Harold García
@HaroldGarcia95
Desde el 24 de marzo del 2020 a la media noche, Colombia se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio, la llamada cuarentena, que hoy supera los 30 días de aplicación y que ha dejado al descubierto el macabro proyecto neoliberal que ha asolado al país desde inicios de la década de los noventa con la llamada apertura económica del expresidente liberal César Gaviria.
El país en la actualidad enfrenta dos graves crisis producto de la pandemia y del desaforado neoliberalismo, por un lado, un posible apuro sanitario del cual le sería difícil salir por el precario sistema de salud con el que se cuenta y una profunda crisis humanitaria que afecta a los más pobres y especialmente a quienes habitan las deterioradas periferias de las ciudades. Para la fecha, Colombia se aproxima a los 4.000 contagios por covid-19, el cual deja más de 200 personas fallecidas y una crisis estatal de magnitudes históricas.
Las cifras de la pobreza
Dicha crisis sustancialmente se expresa por las difíciles condiciones laborales en las que se encuentran los colombianos quienes, según el DANE1[1], para el 2019 se emplean en un 47.6% en la informalidad, sector de la población que se ha visto con mayor afectación producto de las medidas tomadas por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia. De ello devienen condiciones que sacan a flote el fracasado proyecto social del Estado colombiano, pues no más en ciudades como Bogotá el 12.4% vive en la pobreza y el 2.5% en la pobreza extrema, con índices de desempleo del 10.6% y con una tasa de informalidad del 39%, según la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.
Estas condiciones que no son producto de la pandemia sino que hacen parte del repertorio de desigualdad y abandono estatal que han vivido por décadas los sectores populares del campo y la ciudad, dejan abiertas las puertas que demuestran los alcances del neoliberalismo y su desarrollo financiero que profundizó la contradicción mercancía-humanidad; producto de ello los principales barrios periféricos de las capitales del país advierten la ampliación de una ya conocida crisis humanitaria y de derechos humanos.
En las calles pidiendo comida
Desde la primera semana los barrios de los mal llamados cinturones de miseria o barrios periférico-populares de la capital del país, se han abocado masivamente a las calles, agitando como bandera los trapos rojos que expresan la falta de comida en sus viviendas y que exigen la inmediata intervención del Gobierno nacional y distrital, para apaciguar una crisis humanitaria que azota a las localidades, que se han visto afectadas por la hambruna que sufre la capital producto del desigual sistema económico y la cual se ha profundizado con el covid-19.
La ciudad se ha visto envuelta en una rebelión espontanea por la comida. Cacerolas, bloqueos, ollas comunitarias y fogatas hasta altas horas de la noche, han hecho parte de las acciones colectivas que se han manifestado en barrios como Los Alpes, Arborizadora Alta, El Recuerdo, Altos de la Estancia, Santa Rosa, La Paz, Los Laches, La Cecilia, Las Cruces, Yomasa, Olivares y Compostela, para nombrar algunos que se ubican en las cuatro localidades más afectadas (Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme y San Cristóbal), suma de esta movilización ha hecho que el Gobierno Distrital entre en pánico y cometa errores como los enunciados por la alcaldesa Claudia López al referirse a las protestas de la siguiente manera:
“Los que están organizando asonadas y cacerolazos, en Usme y Ciudad Bolívar, son políticos que quieren saltarse la fila, meter a sus clientelas y presionarnos para que, así, les entreguemos mercados a sus clientelas”
Declaraciones que terminaron siendo señalamientos para los partidos que han sido críticos a algunas medidas tomadas por la mandataria durante su administración, entre los que se encuentran la coalición Colombia Humana-Unión Patriótica-Mais, la cual ha sido la bancada en el Concejo de la ciudad más consecuente con las luchas de las gentes en los sectores populares y lo ha demostrado a través de sus ediles en los territorios, siendo estos los actores de mayor solidaridad para con las comunidades que se han visto afectadas por la represión policial y la macartización por parte de la Alcaldía de Bogotá.
Esta realidad refleja las condiciones en que vive una capital que tiene 10.6% de desempleo, que seguramente se ha duplicado por los efectos de la cuarentena y en cuyas localidades de la periferia mantienen índices bastante problemáticos como los que posee Usme con 13.5%, Ciudad Bolívar con 12.6% y Santa Fe con 12.1%, siendo estas las que ostentan mayores cifras de desempleo en la ciudad y por lo cual han sido las protagonistas de los cacerolazos matutinos que hoy hacen parte del paisaje de la injusticia.
Una salida que requiere de voluntad
Aún para la fecha las protestas, bloqueos y cacerolazos continúan, pues la distribución de ayudas de la Alcaldía es mínima y el hambre agobia a las familias que viven de su trabajo diario. Estas protestas dejan un saldo elevado de movilización nunca antes visto en la ciudad de Bogotá, así como también a un joven del barrio El Recuerdo, de la localidad de Ciudad Bolívar gravemente herido tras ser abaleado por un miembro de la Policía Nacional el 16 de abril.
A esta grave situación, que demuestra las hondas brechas sociales que persisten en la capital y en las grandes ciudades del país solo se le puede oponer una política radicalmente redistributiva que permita que los pobladores más pobres de las periferias sorteen esta situación con dignidad. Para ello las organizaciones sociales han realizado algunas exigencias que son claves para darle una parcial solución a esta situación de derechos humanos.
Ente ellas se encuentra la elaboración de una juiciosa territorialización de las zonas y barrios más afectados por la hambruna, que permita caracterizar las familias y atender de manera acertada sus principales necesidades, la declaratoria del estado de emergencia, que sea eficaz y que le ratifique a la institucionalidad poder redirigir de manera equitativa y con carácter humanitario los recursos de las alcaldías, municipios y gobernaciones, así como el fortalecimiento de los sectores de salud e integración social, con el objetivo de atacar las dos principales problemáticas que se han hecho más evidentes, como las que conciernen al sistema de salud y asistencia social para los más empobrecidos.
Por último, y no con ello menos importante, que las alcaldías rompan con los intermediarios y se dirijan directamente a los campesinos que circundan las grandes ciudades y en alianza con ellos, se logre fortalecer el mercado de alimentos campesinos y la economía popular, logrando así abaratar los costos de los productos y con ello evitar que se distribuyan alimentos en mal estado e insalubres, como los que la alcaldía de Bogotá ha entregado en los últimos días.
En este sentido, la crisis deja en claro que por la manera en que se está actuando y la poca inmediatez con que se afrontan las peticiones de las y los pobladores que enfrentan esta dura realidad de los barrios populares, la movilización seguirá siendo la salida más acertada y la olla que desde hace décadas está a punto de estallar, rebozará y pondrá en un lugar de avanzada en la lucha por la disputa del poder a los sectores históricamente empobrecidos de la ciuda
[1] Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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