“¿Qué ofrecen entonces los ricos? ¿Cuando dicen que los negros y los indios tienen una cultura inferior, les están ofreciendo en la sociedad un lugar decente? ¡No! lo que están diciendo es esto: olvídense que son negros e indios y conviértanse en blancos, es decir en blancos pobres. Olvídense que tienen una cultura propia y traten de ser como nosotros los blancos”: Mateo Mina
Harold Olave Martínez
Cali, donde el clasismo se funde con el racismo, está configurada como ciudad segregada étnica y geográficamente. Las barriadas construidas en laderas y las riberas del río Cauca, son habitadas mayoritariamente por población afrodescendiente, la cual se encuentra sumida en la pobreza, registrando un alto índice de desempleo y de necesidades básicas insatisfechas, constituyéndose en verdaderos cordones de miseria, siendo a la vez receptores de las comunidades del Pacífico desplazadas por la violencia narcoparamilitar.
Estas condiciones de pobreza y exclusión, hicieron del Valle del Cauca y en especial de Cali el epicentro de la protesta social en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. El adueñamiento de la ciudad por quienes se denominan “familias de bien”, proceso y expresión racializada que excluye la no-blancura, producto de un imaginario urbano heredado del ejercicio de dominación.
Tal y como como lo plantea la antropóloga Rita Segato: “El trazo de la historia en los cuerpos, leído por una mirada que forma parte y es, también, formada –formateada deberíamos decir– por esa misma historia”, se vio interpelado por la presencia masiva de las juventudes que viven en las barriadas populares, quienes a traves de bloqueos y movilizaciones decidieron expresar su descontento social.
Intervención violenta del territorio
En estas condiciones específicas el gobierno de Duque, encontró la posibilidad de hacer de Cali el laboratorio de la nueva lógica de la lucha contra el enemigo interno, donde a la alianza fuerza pública y paramilitares se articulan sectores del empresariado emergente con la anuencia de las elites locales (como el papel jugado por los terratenientes en el campo), generando en el escenario urbano un novedoso teatro de operaciones al mando del cual se pondrían el general Eduardo Enrique Zapateiro comandante del Ejército Nacional y el ministro de Defensa Diego Molano, para lo cual se dispuso de fuerza pública traída de otras regiones del país como si se tratase de un ejército de ocupación.
Para avanzar en este propósito, fue necesario dar un tratamiento de orden público a la protesta social, desnaturalizando el conflicto y a los actores constituidos mayoritariamente por los habitantes de las barriadas populares, estudiantes, indígenas, comunidades afro, mujeres y trabajadores reduciéndolos a vándalos, terroristas, chirretes, guerrilleros, putas, ladrones, enemigos sociales, a los cuales había que combatir de manera frontal, pues estaban destruyendo el patrimonio de la ciudad, atentando contra la libertad del ciudadano de “bien” y contra las instituciones democráticas.
Bajo estas condiciones se les permitió a las fuerzas policiales y al Esmad irrumpir de manera violenta contra los manifestantes, haciendo uso indiscriminado de las armas disuasivas y letales, desatando la violencia sexual, las torturas, desapariciones y asesinatos; en muchos casos apoyados por civiles armados, dejando decenas de jóvenes asesinados, desaparecidos, mujeres violentadas sexualmente, cientos de torturados y detenidos.
Son muchos los casos donde se evidencian civiles disparando abiertamente contra manifestantes inermes, policías que los resguardan mientras estos buscan mejor posición de tiro y emboscar a la guardia indígena. O camionetas de alta gama que se desplazan libremente en la noche por la ciudad abriendo fuego contra los manifestantes aglutinados en los puntos de resistencia.
Victimización de los victimarios
Como parte de la estrategia de legitimización de la violencia estatal y paramilitar, en un entramado de clasismo, racismo y lumpen-burguesía, se pasa a la estrategia de la victimización de los victimarios, convocando marchas por quienes se hace llamar gente bien, donde la blancura y lo limpio (marchar con camisetas blancas) es el símbolo diferenciador del otro.
A la par, las autoridades locales perdieron su autonomía, el Gobierno nacional desautorizó los diálogos entre la alcaldía y los manifestantes, la ciudad pasó a obedecer la lógica de la lucha contrainsurgente urbana que se vio reforzada con la expedición del decreto 575 a través del cual dio luz verde a la intervención militar en ocho ciudades; se militarizó la ciudad y se realizaron grandes operativos policiales contra las barriadas populares.
De nuevo muertos, heridos, torturados encarcelados, violentados y desaparecidos como resultado de otros días de terror en la ciudad, ante la impotencia de las autoridades civiles y la complicidad de la gran prensa, que se dedicó a generar pánico ante el desabastecimiento de la ciudad y la zozobra en las calles.
Un nuevo repertorio de movilización
En este contradictorio contexto se puso en escena una variada y creativa construcción colectiva de la expresión de la protesta social, vista desde el diseño de unas elaboradas líneas de defensa de los puntos de resistencia, al igual que en la capacidad de articulación de procesos comunitarios, territoriales, étnicos culturales, artísticos, feministas, estudiantiles, religiosos, entre otros.
Lo anterior se ha configurado como una verdadera escuela que acompaña la emergencia de un sujeto social, que articulado en el presente aun de manera incipiente, cuestiona la legitimidad de un gobierno, poniendo de presente la necesidad de la construcción de una nueva estatalidad donde se reconozcan y se respeten los derechos democráticos, el carácter pluriétnico y multicultural de nuestras ciudades y territorios, e igualmente en la capacidad de superar la grave brecha social que hoy nos hace ser el país más desigual de América Latina.
A pesar de la violencia desatada por el Estado contra los jóvenes, hombres y mujeres caleñas, su entereza y justeza de sus reivindicaciones, los llevaron a la construcción de canales de comunicación y diálogo con las comunidades, legitimando su lucha y llenándolas de contenido, resignificando los espacios urbanos, impulsando los diálogos territoriales que les ha permitido alternar bloqueo y acciones simbólicas como ha sido el levantamiento del Monumento a la Resistencia y a los Mártires del Paro Nacional en Puerto Resistencia.
Proyectadas las nuevas generaciones
Estas acciones han sido acompañadas con proclamas donde el barrio adentro y el pueblo profundo son llamados a un nuevo protagonismo en la lucha por sus derechos sociales, económicos, políticos, étnicos y culturales. Está aun por valorarse el resultado final de este experimento represivo en el marco de la institucionalidad vigente y del pensamiento autoritario y militarista de una elite narcoparamilitar que pretende hegemonizarse en el poder.
Igualmente profundizar en la huella que ha dejado en la ciudad la protesta social, que va más allá de la destrucción en la infraestructura urbana, y que nos lleva directamente al corazón de las grandes mayorías excluidas y marginadas en la tercera ciudad de nuestro país.
Eso sí, de una cosa podemos estar seguros, es que en Colombia se proyectan unas generaciones que están dispuestas a darlo todo por un país incluyente y democrático.
