Son 63 mil mujeres a quienes hasta 2014 no se les reconoció como trabajadoras del Estado, aunque ahora no han querido aprobarles una pensión. Llevan años exigiendo sus derechos básicos
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
“Exigimos la pensión porque hemos trabajado toda la vida, estamos ya viejas y enfermas. No queremos una ayuda para la vejez, sino una pensión digna porque hemos demostrado que hemos hecho bien el trabajo. La Corte Constitucional no puede dilatar más el proyecto. Son egoístas, no nos quieren reconocer”, dice Bety Ospina de 66 años, quien es madre comunitaria en Ibagué desde hace 30 años y dirigente del sindicato en el Tolima; mientras protesta con otras 60 compañeras frente a la sede de la Corte, en Bogotá.
Bety padece de osteoporosis degenerativa, tiene una rodilla enferma y su otra rodilla fue intervenida para ponerle una rótula que su cuerpo no quiere aceptar. Así debe trabajar. Además, como muchas, debe adecuar su vivienda a las exigencias del Bienestar Familiar y alimentar a los infantes con un dinero cada vez menor. En promedio cada una de ellas atiende a 13 niños.
Por eso, durante dos días de la semana pasada, un grupo de madres comunitarias de todo el país hicieron un mitin frente a la Corte Constitucional en Bogotá: “Para que desengabete el proyecto de ley 127, que había sido aprobado en agosto pasado por Cámara y Senado, pero lo tienen allá y no lo han sacado para sanción presidencial”, explicó Olinda García, presidenta del principal sindicato de madres, con 30 mil afiliados.
El proyecto al que se refiere fue presentado en 2015 por el senador Alexander López, había sido debatido en las dos cámaras y devuelto por la Corte. Se le hicieron los ajustes según las recomendaciones y fue nuevamente presentado, pero no ha sido firmado. Consiste en un bono de jubilación permanente correspondiente al 95% del salario mínimo, para las madres comunitarias que hayan prestado sus servicios por más de 20 años y tengan 57 de edad.
El proyecto también genera recursos para la niñez, madres comunitarias y arreglos locativos para las sedes donde funcionan: “Nosotras toda la vida hemos colocado nuestras casas, y el Estado nada que se pellizca ni siquiera para darnos un tarro de pintura”, comenta Olinda García.
Años de pelea
La pelea de las 63.500 madres comunitarias inició hace años cuando hicieron paros, uno de 24 días en 2013, hasta cuando en 2014 fueron reconocidas como trabajadoras del Estado. Ahora exigen una pensión digna.
“La Corte no ha hecho sino jugar con las madres, nos habían echado pa’ tras lo de la pensión. Ya se ha cumplido todo lo que pidieron, pero nada que sale de allá”, dice la dirigente nacional de las madres, quien advierte que de no haber respuesta van a un paro nacional.
El mitin se dio luego de haber agotado otros recursos como cartas y mensajes que han llevado varios senadores y representantes de la administración distrital, pero aún no hay contestación.
Por otra parte, Claudia Patricia Pedroza Arias de 52 años, trabaja desde hace 15 como madre comunitaria. Viajó desde Sabana de Torres, Santander, a protestar con sus compañeras. Es notorio su cansancio y desesperación por las dilaciones del Gobierno, el Congreso de la República y ahora la Corte Constitucional para la aprobación de sus derechos más básicos como un salario y una pensión: “Estamos pidiendo una pensión digna para las madres comunitarias, que incluya todo. Pero si no nos ponen atención, estamos dispuestas a todo, a buscar otras formas de protesta, haremos una asamblea para ver qué hacer… paros, lo que haya que hacer por los derechos de todas. Esperaremos directrices del sindicato”.
A la espera
Otras de las manifestantes era Margarita Ramírez de 72 años, quien ha trabajado con el Bienestar Familiar desde hace 40, participando en varios de los programas y ahora como madre comunitaria: “Pedimos que se nos garantice la pensión. Hemos aportado mucho al Distrito, a nuestros niños, por eso Bienestar nos debe reconocer todo este trabajo. Ya es más que justo todo este tiempo. Soy de las pocas que puedo decir que estoy bien, la mayoría de mamitas tienen problemas de salud, unas están en cama con enfermedades que les han dado por estar sirviendo a la comunidad”, dice la trabajadora quien agrega que de no haber soluciones seguirán peleando hasta que sea necesario.
“Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que todo hay que lograrlo gracias al esfuerzo de las comunidades y a la constante lucha que realizamos”, concluye Margarita quien atiende niños en Ciudad Bolívar, en Bogotá.
El senador Alexander López, quien las acompañó en la protesta, expuso su preocupación por la actuación de la Corte Constitucional. “Hace cuatro años aprobó la sentencia T-480 en la que garantiza derechos integrales, laborales y pensionales de las madres comunitarias. Pero ha llegado una nueva Corte que ha cambiado las reglas de juego y le quitó esos derechos a las madres. Tenemos el proyecto de ley 127, aprobado por unanimidad en Senado y Cámara, pasó a la Corte, esta lo devolvió al Congreso para que subsanara el octavo debate, fue hecho, pero ahora llevan seis meses con el proyecto para que declaren la constitucionalidad y no lo ha hecho.
“Por eso, lo que se hace con ellas es un grave acto de injusticia ya que llevan más de 30 años trabajando, han dado sus vidas por la niñez colombiana. Esperamos que la Corte decida en su favor y que luego el Presidente de la República sancione”.
