La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez asume funciones como ministra de Relaciones Exteriores con el único objetivo de lavarle la cara a un Gobierno que ha quedado expuesto ante la comunidad internacional por la violación sistemática a los derechos humanos
Simón Palacio
@Simonhablando
La renuncia de la canciller Claudia Blum dejó en evidencia el fracaso de la política exterior del Gobierno nacional, cuyo único objetivo fue desestabilizar a Venezuela y alimentar la demandante burocracia del partido de gobierno en los cargos diplomáticos.
En consecuencia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, asume como jefa del ministerio de Relaciones Exteriores con la única misión de apagar el incendio producido por la sistemática violación de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional en el marco del paro nacional que aún no termina. El mundo está llamando a rendir cuentas al Gobierno Duque.
La nueva canciller asumió las funciones desde el pasado 20 de mayo. Al día siguiente se anunció una extensa agenda en Washington, capital de los Estados Unidos, aunque el Establecimiento político de ese país ya tenía las cifras contundentes de violaciones a los derechos humanos, donde desafortunadamente se tienen más de 40 casos de presuntos homicidios perpetrados por la Policía, 132 personas dadas por desaparecidas, 59 víctimas de lesiones oculares y 1.500 denuncias por abuso en el accionar de la fuerza pública.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron a conocer en distintas instancias internacionales la actitud del Gobierno nacional al ordenar el levantamiento de las concentraciones a partir de la fuerza o apelando a instrumentos de militarización en contra de la protesta. Incluso, la organización Human Rights Watch se pronunció llamando al Gobierno a garantizar la vida y los derechos de la ciudadanía movilizada.
El tiro por la culata
Junto a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las víctimas del abuso de autoridad solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hacer presencia en el país para verificar las denuncias y elevar sanciones al Gobierno según las reglas del Sistema Interamericano.
Los senadores Gustavo Bolívar y Alexander López, ambos de la bancada alternativa, habían sostenido reuniones con organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y audiencias con senadores del partido Demócrata, previo a la llegada de Marta Lucía a Washington. Los senadores también visitaron la CIDH y radicaron un dossier con testimonios que sustentan las denuncias de abusos policiales con armas que ha proporcionado la cooperación militar norteamericana.
La primera bilateral de la canciller en Washington fue con la CIDH. Ramírez dijo que Colombia solo permitiría la entrada al país de una Comisión de Verificación, hasta que se cumpliera con las investigaciones y procesos que vienen adelantando la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Lo anterior se configura como un nuevo error en materia diplomática, pues deja en evidencia la intención de dilatar los llamados al orden que previamente han extendido buena parte de la comunidad internacional a las autoridades de Colombia en materia de respeto a los derechos humanos.
Buena parte de las embajadas del mundo que hacen presencia en Colombia, llamaron a sus funcionarios a consultar por la grave situación humanitaria. Ante la presión de las organizaciones defensoras de derechos que litigan en el sistema, enmendaron al día siguiente, y el Gobierno aseguró que la Comisión tendría las puertas abiertas para visitar el país.
Les tocó aceptar la visita
Por ello la nueva canciller anunció que Colombia recibiría a los comisionados en la primera semana del mes de junio, sin embargo, sería una visita condicionada a una reunión privada con el fiscal general Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello, el contralor Felipe Córdoba y la Defensoría del Pueblo, y una visita limitada en tiempo, pues a juicio de la vicepresidenta, es suficiente la información oficial para darle claridades a la CIDH.
No obstante, la Comisión respondió contundentemente que, si bien solo permanecerá en el país entre los días 8, 9 y 10 del mes de junio, no se limitará a las fuentes oficiales para recaudar la información que sirva para verificar las denuncias. Todo lo contrario, dijo estar preparando reuniones con todos los sectores, en especial, “escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto”, señaló la Comisión.
Ya la CIDH tiene conocimiento de una serie de denuncias comprometedoras del actuar de la fuerza pública, así lo dejó consignado la propia entidad en un trino del pasado 26 de mayo: “La Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño.”
Fuera Francisco Santos
El balance de la visita a los Estados Unidos de la canciller Ramírez, parece no dar los resultados esperados. En vez de persuadir al organismo de verificación internacional para no asistir al país, aceleró el proceso.
Tampoco funcionaron los encuentros bilaterales con los senadores del Congreso norteamericano. Solo un senador del partido Demócrata, Roberto Menéndez, recibió a la nueva canciller. Por los lados republicanos el intercambio fue limitado, pues solamente los senadores de la extrema derecha Marco Rubio de la Florida y Jim Risch se tomaron foto con Ramírez. De hecho, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso tampoco recibió a Ramírez.
Los ecos del apoyo del Gobierno colombiano a la campaña de Donald Trump, aún tienen efectos diplomáticos. Una fuente de VOZ en Washington aseguró que es distante la relación del Gobierno Biden con Colombia, y en especial con los funcionarios de la actual administración. Se dice que la única reunión de alto nivel que sostuvo la canciller fue con el Secretario de Estado, Antony Blinken, para ajustar los cambios en la embajada de Colombia en ese país.
Así las cosas, es un hecho que el embajador Francisco Santos saldría de la misión diplomática para darle el paso a un perfil con relaciones más cercanas al Partido Demócrata en la idea de retomar el terreno perdido.
Diplomacia paralela
La diplomacia paralela tampoco funcionó. Los gremios económicos emprendieron al tiempo una visita a los Estados Unidos buscando apoyar al Ejecutivo y así unificar la versión sobre los acontecimientos que vive el país.
El presidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez, quien representa a la Confederación de Cámaras de Comercio, le envió sendas comunicaciones a la CIDH, para presionar que este organismo condene los “bloqueos”, es decir, las concentraciones de manifestantes en distintas carreteras del país, elevando a este ejercicio de protesta ciudadana como una violación sistemática a los derechos humanos. La CIDH desestimó el pedido.
Al cierre de esta edición, iniciaba en el Senado de la República el debate de control político citado por la oposición a la canciller Ramírez. Tendrá que responder por la estrategia de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos y a la narrativa que quiso imponer en los Estados Unidos señalando el paro nacional como una estrategia internacional de complot contra la estabilidad de la “democracia más antigua del continente”.
Pero están tan mal, que ni siquiera los gringos les creen.
