Exguerrilleros le ganan el pulso al Gobierno nacional y no serán trasladados del Espacio Territorial. Se aprueba la compra de tierras
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
La vereda Caño Indio está ubicada en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Se encuentra en medio de una selva espesa que guarda una riqueza natural y mineral, la cual ha sido disputada por intereses económicos y políticos.
La guerra llegó a este lugar por el petróleo, carbón, uranio y por la ubicación geoestratégica, que la hacía más apetecible para la expansión de cultivos de uso ilícito, el procesamiento y comercialización de la coca. De la mano del paramilitarismo, que entró a sangre y fuego a controlar la región, lo que cesó con “la desmovilización”, junto al abandono del Estado, se ampliaron las brechas de miseria en la población, arrinconando a campesinos a una economía ilícita como método de sobrevivencia. La guerra insurgente también se fortaleció buscando justicia en el territorio.
Un territorio para la vida
Luego de la firma del acuerdo de paz, entre la extinta guerrilla de las FARC- EP y el Gobierno nacional, uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que se crearon en el país, fue el del Negro Eliécer Gaitán, allá en Caño Indio.
A esta vereda, elegida para iniciar la reincorporación de la guerrillerada del frente 33, llegaron unos 300 excombatientes. En este momento quedan alrededor de 80 personas, las cuales esperan que el gobierno cumpla lo pactado en relación a garantías y derechos. Hace una semana VOZ conoció unas exigencias que, desde el ETCR, le venían haciendo al Gobierno nacional.
Queriendo profundizar en el tema, entablamos conversación con Lucy Giraldo, quien dedicó 24 años de su vida a la lucha armada, asumiendo la tarea de la enfermería y del trabajo organizativo del partido clandestino. Hoy es una de las consejeras políticas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, en el departamento y reside en el ETCR.
Lucy contó que la brega que hoy tienen con el gobierno es algo histórico: “El principal problema que hemos tenido en Caño Indio ha sido el de la tierra. Los terrenos donde vivimos los sacó el gobierno en arriendo, desde inicios del proceso. Por esta razón, los proyectos productivos que deseábamos sacar adelante, se han imposibilitado, pues no somos dueños de la tierra”.
Relata que, si bien se han llevado a cabo algunos proyectos, estos no son gracias al gobierno, “se han dado gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Por ejemplo, se implementó un proyecto ganadero, hasta gestionamos las herramientas para hacer el corral que construyeron los propios compañeros. La alcaldía de Tibú facilitó otro proyecto para unos galpones de pollos, y así”.
A pesar de la ausencia de garantías con los proyectos y el terreno, los y las excombatientes iniciaron un proceso para la compra de los predios en donde hoy habitan. Lucy comenta que, “hace un tiempo empezamos a plantear la compra del terreno. Primero dialogando con el dueño de la tierra, quien manifestó que estaba de acuerdo para venderla. Luego, desde la Agencia Nacional de Tierras enviaron un personal para analizar cómo estaba el terreno, y lo único que se conoce es que no es zona de parques, ni protegida, se encuentra como baldío”. Ella habla de unas 33 hectáreas, en donde ya vienen adelantando sus iniciativas agro-económicas.
Pero, además de estos incumplimientos del gobierno, les habían planteado la intención de mover el ETCR a otro lugar. Esta propuesta generó mucho malestar para el Espacio Territorial de Caño Indio.
¡De Caño Indio no nos vamos!
En el caso de este ETCR, la idea inicial del gobierno era trasladarlos fuera del territorio del Catatumbo, atravesando la ciudad de Cúcuta hacía la vía que conduce a Bucaramanga: “La propuesta del gobierno era trasladarnos al municipio de Los Patios, al otro lado de Cúcuta. Para nosotros esto es muy negativo, dado que, cuando llegamos acá, no había nada. Nosotros llegamos a construir, no llegamos de una vez a la casita, como habían dicho, no. Y movernos para otro sitio es empezar de nuevo”, afirma Lucy.
La intención, según ella, es mantenerse en la zona y comprar la tierra para producir. “Nosotros queremos comprar el terreno, y el gobierno nos había insistido en que, por ley, no se podía. Entonces nos rodeamos de las organizaciones sociales, de la Iglesia de Tibú, de los comunales. Ellos sí conocían bien del proceso, y al explicarnos, comprendimos que, si estos son terrenos baldíos, el gobierno puede decidir si los compra o no”.
En medio de cuestionamientos, afirma Lucy: “nos exigen trabajar en la legalidad, y tiene que ser así. Pero, sabemos las condiciones de ilegalidad en las que está la mayoría del territorio colombiano, también en el Catatumbo. Entonces, ¿por qué no facilitar las cosas? Aquí lo que vemos es una falta de voluntad política para garantizar nuestros derechos”.
Uno de los argumentos del gobierno para que se diera el traslado, era la seguridad: “Nosotros no accedimos porque no es ninguna seguridad. La pretensión es alejarnos de las comunidades donde hemos tenido un relacionamiento y con quienes llevamos unas luchas y logros importantes, por ejemplo, la vía que conduce desde Tibú hasta Caño Indio, la electrificación de la zona y la mejora de las condiciones de vida. Aunque aún falta mucho, se han logrado cosas desde que llegamos nosotros”. Lucy cuenta, además, que eran más de tres horas por trocha, desde la cabecera municipal de Tibú hasta la vereda de Caño Indio.
Hoy hay carretera, una planta de energía y de tratamiento de agua, que se piensan extender, y un proyecto de escuela que beneficie a los niños y niñas que viven lejos. Más allá de la vereda donde están los excombatientes hay otras cuatro que componen un núcleo veredal, como ella le denomina, “aquí no hay una mata de coca porque los campesinos se han comprometido a no cultivar, y estamos preocupados porque al inicio estaban ilusionados, pero con el incumplimiento del gobierno, pues se van desilusionado”.
Una pelea en favor de la comunidad
Cuando se presentaron tantas talanqueras para comprar los terrenos y con la propuesta del traslado de la zona, quienes habitan en el ETCR no dudaron en preparar una asamblea, que se llevó a cabo el pasado 12 de junio en Caño Indio. Allí participaron la comunidad, la Alcaldía, miembros de la ONU, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación, ARN, la diócesis de Tibú, etc.
Lucy asegura que el gobierno sabe que ellos tienen el respaldo de la gente. En esta asamblea la decisión fue no trasladar el ETCR, pues, “nuestra presencia aquí ha servido para que el Estado se reincorpore a las comunidades y de Caño Indio no nos vamos”
Al final de la asamblea, Stapper expresó que la sociedad civil, junto a la Pastoral Social y la Alcaldía, “formalizarán el proceso de compra de un predio que va a ser acá, en Caño Indio, para la sana posesión de ese territorio, con el fin de apalancar dichas líneas productivas. Esa misión también cuenta con el apoyo de empresarios y palmicultores para lograr la adquisición de esas tierras donde está funcionando el ETCR. El Gobierno nacional apalancará la compra de un predio para desarrollar ahí los proyectos de vivienda de la población y ese arraigo de la legalidad”.
En el marco de dicha asamblea, que salió a favor de las comunidades, el mismo sacerdote de Tibú, Víctor Hugo Peña, sermoneó a las autoridades que se negaban a mantener el espacio: “para la paz exigen mucha legalidad, pero para la guerra cualquier torcido es conveniente”.
