El incremento de la protesta social coincide con la presentación de los Planes Nacionales de Desarrollo de cada gobierno
Redacción política
Eso lo sabe el Ministro de Hacienda del actual gobierno, Alberto Carrasquilla quien ocupando esa misma cartera entre los años 2004 y 2007 bajo órdenes de Álvaro Uribe Vélez, impuso en ese Plan de Desarrollo una reforma pensional, les dio estabilidad jurídica a las multinacionales del carbón e inició la línea de implementación jurídica conocida como regla fiscal, que le obliga a los gobiernos cada año a reducir los gastos de inversión social y aumentar el pago de la deuda pública. El talante de Carrasquilla se repetirá en un año clave para los afanes económicos del Gobierno.
Con la fórmula acostumbrada, el miedo a una hecatombe en las finanzas públicas, el Ministro de Hacienda presentó ante el Congreso hace apenas un mes la ley de Financiamiento, que fue aprobada a pesar del voto negativo de la oposición en el parlamento. La reforma resultó un nuevo capítulo en la historia de beneficios tributarios para los más ricos y golpea a los sectores populares, la clase media y los trabajadores de Colombia.
Hoy, con el mismo argumento, perfilan las nuevas medidas económicas ajustadas a los lineamientos demandados por la OCDE. El viejo anhelo de los neoliberales puros y ortodoxos como Carrasquilla, desmantelar el Estado y entregarle sus funciones al mercado, se materializará en el 2019.
Pensiones
La primera medida del Gobierno nacional es una reforma pensional por orden de los fondos de pensión privados, modificando los requisitos de semanas cotizadas y aportes para acceder a una mesada pensional. En Colombia perviven dos sistemas pensionales, el privado a cargo de los fondos que tienen un patrimonio no menor de 245 billones de pesos de aportes, de la clase trabajadora colombiana; y el sistema público conducido por Colpensiones.
La reforma pensional que sería presentada a finales del primer semestre del presente año tiene voces contradictorias en el interior del gabinete. La Ministra de Trabajo, Alicia Arango se opuso, no de fondo, sino de forma pues advierte que el aumento de semanas y aportes de los trabajadores para una pensión es impopular en un año de elecciones locales. Un hecho que a su juicio sería fatal para el partido de Gobierno.
Independientemente de las discrepancias al interior del Ejecutivo, la reforma va por decisión de los dos fondos de pensiones y por orientación de la OCDE. El presidente de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía señaló que no se pueden cometer los errores de la ley de financiamiento y que una reforma pensional debe quedar aprobada al cierre del primer semestre del año.
El Ministerio de Hacienda se inclina por el mandato del Consejo Gremial, del que hacen parte los fondos de pensiones, y por ello alista un paquete de medidas en el Plan Nacional de Desarrollo y fuera de este para reducir la capacidad de Colpensiones, preparando el camino para que a mediano plazo en el país quede solo un sistema de jubilación privado o de ahorro programado que dirige entre otros Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Reducir nómina
Otra de las decisiones que prepara el Gobierno nacional afectará la estructura del Estado. Un Estado pequeño y austero, premisa del neoliberalismo se va haciendo realidad con las medidas de reducción de nómina y ajustes salariares por lo bajo para buena parte de los contratistas al servicio de la función pública.
Ya se conoce que los primeros contratistas afectados por la reducción salarial son de competencias técnicas en los ministerios. Otro efecto de la medida de “austeridad” es el congelamiento de la nómina. Una decisión que afectará directamente los planes y programas que están desarrollando algunos puntos del acuerdo de paz.
Venta de Ecopetrol
Carrasquilla anunció la venta de Ecopetrol. Un 8.5% del patrimonio de los colombianos en la empresa estatal de petróleos quedará en manos de inversionistas privados después de sacar la operación de venta a la bolsa de valores y recaudar, según el ministro, “una importante cifra”.
Ya el Congreso de la República y la bancada Decentes con la senadora Aída Avella, había advertido sobre la posibilidad de la venta y de hecho realizó en la comisión IV un debate de control político al respecto en donde el Presidente de la compañía de petróleos insistió que no tenía dentro de sus planes la venta de alguna participación accionaria. La realidad es que la senadora Avella tenía razón y las aspiraciones de venta del activo más importante para los colombianos se harán efectivas el primer semestre del año.
Mermelada regalada
Pero no solo las medidas económicas del presidente Duque giran en torno a las decisiones de los gremios poderosos del país, también en función de la mermelada para su partido el Centro Democrático. Para ello modificará el sistema de repartición de dividendos por extracción minera, ley de regalías. Aunque no es la primera vez que el sistema se modifica, cada gobierno lo ajusta a sus necesidades y en un año electoral donde es clave el poder local el gobierno lo quiere asegurar repartiendo la mermelada.
El cambio sustancial será en la trasferencia de mayores recursos al gobierno central su manejo y reparto. Aunque las regiones hace rato dejaron de recibir de manera justa lo que les corresponde, la medida que alista Duque restringirá aun más los recursos de los entes departamentales providentes de las regalías. Es decir, reducir la participación regional en el destino de esos recursos que deja la exploración y explotación de recursos petroleros de sus propios territorios y convertir el sistema en una caja menor para el gobierno Duque.
Paraíso multinacional
Una decisión nefasta para las regiones, sus territorios y los recursos naturales. La adopción de un modelo de feria de títulos mineros y licencias ambientales de explotación, con el argumento de entregarle confianza inversionista al capital foráneo en busca de explotación minera y de hidrocarburos, es la prioridad para este gobierno.
Para logarlo, Carrasquilla se apoyará en los pronunciamientos de los entes de justicia que recientemente han cambiado la jurisprudencia sobre la propiedad de los recursos del subsuelo de los territorios y le han entregado el dominio a la nación, en contravía de los antecedentes constitucionales que señalan a los entes territoriales como dueños de las decisiones sobre la explotación de riquezas naturales en sus suelos.
Lo que el gobierno Duque retoma como confianza inversionista es en últimas la entrega de licencias exprés a multinacionales del sector minero y energético, concesionando lo que queda del territorio nacional. Todo un paraíso como lo pudo constatar la multinacional AngloGold Ashanti que hizo público un duro reclamo al Ejecutivo por mayor presencia militar en los municipios donde ellos explotan, con licencia del Estado, las riquezas naturales y mano dura a los pequeños mineros a quienes llaman ilegales. Una subordinación del capital extranjero sobre las autoridades nacionales.
Todo junto es la fórmula perfecta para erosionar la protesta social y ver al pueblo colombiano en la calle reclamando sus derechos. A eso se suma la oposición colombiana y el sector sindical que ya anunció la convocatoria al Comando de Paro Nacional. Las marchas se harán sentir a partir de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que ensamblara las medidas anunciadas por Carrasquilla y otras más lesivas que han preferido no anunciar y lograr aprobar en el maremágnum de artículos de la ley del Plan.
