El fallo del tribunal, será el de una justicia politizada, en la que los representantes ante las altas cortes son elegidos por los partidos políticos tradicionales
Ricardo Arenales
El Tribunal Supremo de Justicia de España comenzó, el pasado 12 de febrero, el juicio contra los líderes del proceso independista catalán, conocido en la prensa de ese país como ‘el procés’, un juicio a todas luces político, que se desmarca de la proclamada independencia de la justicia, y que promete rubricar la vida política de la península ibérica en los próximos meses, con enorme repercusión internacional.
A lo largo de tres meses, el Tribunal Supremo examinará los cargos penales que se le han formulado a al menos doce líderes independistas que permanecen en prisión preventiva desde hace un año, juicio que se convertirá en pulso político y emocional entre el Estado español y las fuerzas independistas catalanas, que ven en la acusación, no una actuación ecuánime e independiente de la justicia, en torno al principio de la separación de poderes, sino la intención de escarmentar en la sociedad española frente a cualquier expresión de independentismo o de mayor autonomía para las provincias.
Flaquea el estado de derecho
Más de 600 periodistas de 50 países han sido acreditados para el evento. Se espera de la misma manera que comparezcan unos 500 testigos, entre quienes se cuentan el expresidente Mariano Rajoy, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entre otros.
Una gran mayoría de catalanes, al ser abordados por encuestadoras de opinión, manifiestan que se trata de un juicio, político contra los líderes independentistas, que evidencia el fracaso del modelo democrático, político y social de España. El imperio de la ley ahoga el diálogo, dicen algunos de los entrevistados.
El fallo al que llegue el tribunal, seguramente va a ser el de una justicia politizada, en la que los representantes ante las altas cortes son elegidos por los partidos políticos tradicionales. No es cierto que haya equidad en el juzgamiento de un grupo de líderes que abogaron por un proceso de independencia del poder central, agobiante y antidemocrático. La ofensiva legal contra el independentismo pone en la picota pública los pilares del estado de derecho.
El origen del proceso se remonta al 27 de octubre de 2017, cuando el gobierno catalán declaró la independencia de España. Como respuesta, el gobierno central de Mariano Rajoy, del Partido Popular, decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que anula la declaratoria de independencia catalana, se aplicó la fuerza pública contra un plebiscito que ratificaba la voluntad independentista de los catalanes y se abrió el proceso judicial, que hoy tiene en el banquillo a al menos doce líderes independentistas.
Fortalece el bloque independentista
Se trata de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dollors Bassa, Raúl Romeva, Maritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Los nueve primeros se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año. El proceso vincula a otros siete líderes independentistas que permanecen en el exilio, entre ellos el expresidente catalán, Carles Puigdemont.
Todos deberán responder por los delitos de rebelión, lesiones personales, resistencia a la autoridad y perturbación del orden público, entre otros tipos penales. El juicio marcará la vida política de la península ibérica en los próximos meses, debilita el flanco de los partidos tradicionales, afecta al actual presidente socialista Pedro Sánchez, que se alindera no sólo contra el gobierno bolivariano de Venezuela sino contra el independentismo catalán. Paradójicamente, el procés cohesiona al bloque independentista, integrado por unos seis partidos, que ahora darán una batalla unida en defensa de sus compatriotas catalanes.
