Al cabo de un mes de violencia en las calles, asaltos y muertes, causadas por grupos de choque fascistas, muy bien financiados, el presidente Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para preservar la paz y proponer un nuevo modelo de nación. Con la constituyente el chavismo retoma la iniciativa
Alberto Acevedo
Como la activación de un último recurso constitucional para enfrentar una situación que, nacional e internacionalmente, compromete la paz y la supremacía del Estado, frente a la muerte y el caos que se intentan establecer por parte de los grupos de extrema derecha, ha sido calificado el anuncio del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
El mandatario aprovechó una movilización popular de los trabajadores venezolanos con motivo de las celebraciones del Primero de Mayo, para notificar su decisión de convocar la constituyente, que estará compuesta por 500 miembros, elegidos por votación popular, en representación de todos los sectores sociales, sindicales, laborales, incluidos grupos de oposición que estén interesados en contribuir a superar la crisis que vive el país.
De inmediato, Maduro nombró a un grupo de compromisarios, encabezados por Elías Jaua, exvicepresidente y actual ministro de Estado, que organizarán los preparativos para garantizar que la constituyente se lleve a cabo. Será un proceso democrático, popular, mediante el voto universal, secreto y directo, indicaron voceros de esa comisión. La Constituyente tomará en cuenta la representación sectorial y territorial, el movimiento sindical, los indígenas, sectores estudiantiles y empresariales.
“Convoco al poder constituyente originario, para lograr la paz que necesita la república, para derrotar el golpe fascista, y para que sea el pueblo, con su soberanía, quien imponga la paz, la armonía y el diálogo nacional verdadero”, dijo el presidente de Venezuela.
Detener el plan golpista
¿Para qué una constituyente? Para reorganizar el Estado frente a la ofensiva de la ultraderecha, paran abortar el plan golpista y alcanzar la paz, sin sacrificar los cambios sociales edificados por la revolución bolivariana en dos décadas de gestión.
De acuerdo a lo expresado por Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros objetivos, se propone: cerrar las puertas a una amenaza de una guerra civil en Venezuela, con la apertura de un proceso democrático, popular y originario, para que el pueblo decida sobre el verdadero modelo de país que quiere construir.
Garantizar la paz, reorganizar el Estado. Desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico, fortalecer la Constitución Nacional de 1999, que cimentó el proyecto de socialismo del siglo XXI del presidente Chávez. Construir las bases para un nuevo modelo económico post petrolero.
Reafirmar la soberanía nacional
Un aspecto importante de la reforma que se propone, pretende incorporar, con rango constitucional, el sistema de grandes misiones, y misiones sociales, como parte de un esquema de protección de las conquistas sociales del pueblo venezolano. Esto es, impulsar nuevas formas de democracia popular y reafirmar la defensa de la soberanía nacional.
El pasado domingo 7 de mayo, la opositora Mesa de Unidad Democrática, anunció oficialmente que no participará en el proceso constituyente propuesto por el poder ejecutivo. Se quita la máscara la “oposición democrática” y muestra su verdadero talante desestabilizador. Cuando alcanzaron la mayoría en la Asamblea Nacional, se fijaron un plazo de tres meses para desalojar del gobierno a Maduro, y el instrumento que proclamaban era la convocatoria a una Constituyente. Ahora no quieren ninguna.
Tampoco quieren elecciones
De manera simultánea reclamaron la convocatoria a elecciones. Durante las negociaciones con la oposición, a instancias del Vaticano, Maduro ofreció convocar a elecciones legislativas. La ‘oposición’ las rechazó. No quieren elecciones, sino que se vaya Maduro. Es decir, quieren el golpe de derecha.
Esta actitud produjo reacciones encontradas al interior de la oposición venezolana. No todas las fuerzas que componen la denominada MUD, están en contra del referendo. Hay sectores que no simpatizan con el gobierno bolivariano, pero tampoco participan de la idea de una escalada de violencia como la que se vive en el país.
De hecho, solo un sector minoritario, cada vez más reducido, pero más violento, es el que instiga y financia los asaltos, el incendio de vehículos y edificaciones del Estado, y los que han provocado varias decenas de muertos. Ese sector de ultra derecha, generosamente financiado por centros de poder en el exterior, está liderado por el partido Voluntad Popular.
La oposición se debilita
La semana pasada, la encuestadora Hinterlaces efectuó una consulta, solamente entre quienes se califican como oposición al gobierno, y el 57 por ciento de ellos rechazaron la violencia callejera provocada por las denominadas guarimbas fascistas. También la rechazaron el 83 por ciento de quienes se consideran ‘independientes’.
La mayoría de los venezolanos rechaza la escalada de violencia desatada por el sector más radical de la llamada MUD. Los barrios populares no se suman a los llamados a derrocar a Maduro. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas, FANB, han declarado su lealtad al gobierno, elegido mediante el voto popular, y en respaldo a un proceso constituyente y soberano.
Ante la convocatoria del presidente Maduro, y los planes desestabilizadores de la reacción venezolana las fuerzas del chavismo tienen por delante la tarea de mantener la paz, evitar provocaciones y recuperar su liderazgo y las mayorías para salvar el proceso constituyente. Es significativo que el presidente Maduro haya exhortado a la juventud, a los estudiantes, a los muchachos trabajadores y campesinos, a que tengan una presencia determinante en la ANC, para afianzar los cambios democráticos y radicalizar la revolución bolivariana.
Por su parte, el reconocido constitucionalista Herman Escarrá, ha dicho que la constituyente era una medida necesaria ante la violencia en las calles, una decisión de Estado ante la imposibilidad de diálogo con la derecha y la intención de esta de desestabilizar las instituciones.
