Redacción Caribe
Coincidiendo con las denuncias que la ciudadanía ha venido haciendo sobre casos de corrupción en el manejo de las ayudas solidarias prometidas por el gobierno a los sectores más empobrecidos y precarizados del departamento, algunas de las cuales ya se han traducido en la apertura de investigaciones preliminares de los órganos de control contra el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el fraccionamiento de los contratos, sobrecostos en los mismos y por su entrega discrecional a personas naturales y jurídicas que no cuentan con la capacidad ni experticia para ese propósito, en diferentes lugares del territorio la gente de a pie, aquella que depende económicamente de los ingresos monetarios que consiguen diariamente en el marco de la economía informal y del rebusque, se ha volcado masivamente a las calles de sus veredas, barrios, corregimientos y municipios para demandar de las autoridades territoriales soluciones inmediatas, oportunas y suficientes, que estén a la altura de los desafíos de la emergencia existente, que siquiera les ayude a morigerar los estragos que el hambre está ocasionando ante la imposibilidad, dada las restricciones del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional, de realizar las actividades de las que derivan el sustento de sus familias.
Estas expresiones de protesta social, motivadas por el hambre, no sólo seguirán al orden del día, sino que con toda seguridad crecientemente se expandirán por todo el departamento y la región, aún después que la cuarentena sea flexibilizada, como quiera que las restricciones están golpeando profundamente las bases de subsistencia de inmensas franjas de la población, ya no únicamente de aquella que vive de la informalidad sino también de la que deriva sus recursos de pequeños y medianos negocios y emprendimientos realizados por cuenta propia.
Con ocasión de la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19), el cerco que las redes clientelares y de corrupción y el hambre han tendido contra la inmensa mayoría de la población más vulnerada se ha terminado cerrando con la represión, la cual, en buena parte de los casos que se han presentado ha sido la opción privilegiada por las autoridades como sucedáneo al diálogo, a la concertación y la búsqueda conjunta de soluciones a una problemática que se extenderá durante muchos meses más.
Más que ciudadanos inconformes que legítimamente ejercitan el derecho constitucional a la protesta social, pareciera como si las autoridades los asumieran como una suerte de hordas iracundas que en su irracionalidad propagarán el virus, razón por la cual, en vez de desplegar las gestiones para hacerles llegar las ayudas solidarias de alimentos que reclaman, les envían al tristemente célebre Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para que haga lo que siempre han sabido hacer: acallar la protesta a como dé lugar.
En este complejo contexto, aproximadamente desde las 08:30 a.m. del pasado 22 de abril de 2020, las comunidades del corregimiento de Casacará del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, que hacen parte de un Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) reconocido en razón de la magnitud de la tragedia que soportaron por más de una década por el conflicto armado interno, y cuya mayoría de familias se dedican a actividades económicas informales, se tomaron una importante carretera, la que comunica a San Roque, Curumaní, con la capital del Cesar, con el propósito de llamar la atención sobre la inacción e indolencia de las autoridades territoriales ante la inédita crisis alimentaria por la que están atravesando. Lejos de ser atendidas las demandas concretas y puntuales que plantearon, hasta el lugar fue trasladado un contingente del ESMAD que inmediatamente dio un mensaje claro a los manifestantes, las ayudas solidarias que reclamaban no iban a llegar, lo cual exaltó aún más la indignación y la rabia de la gente.
En el marco de la protesta social, entre las 01:30 y las 02:00 p.m., de un momento a otro, súbitamente cae al pavimento Jáider Antonio Brochero Hernández, un joven de 17 años de edad, con una herida mortal en la espalda causada por un proyectil lanzado por un arma accionada por un agente de la policía perteneciente a la Subestación de Policía de Casacará. Según algunas fuentes comunitarias consultadas, testigos de excepción, detrás de este asesinato presuntamente estaría el policía Alexis Cueto.
Pese a la gravedad de este caso en el que un menor de edad y persona protegida a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) resulta asesinado por un miembro de la fuerza pública en el marco de una protesta social, infortunadamente este hecho victimizante, que quedó literalmente grabado con sangre en la memoria colectiva de los lugareños, no ha trascendido más allá de algunas notas publicadas en la prensa local, la mayoría de las cuales básicamente reprodujeron indulgentemente los reportes que les entregaron desde el Departamento de Policía del Cesar (DECES).
Ante el silencio, algunas organizaciones sociales con incidencia en el territorio emitieron comunicados de prensa en los que de manera vehemente repudiaron lo ocurrido. Sobre el particular la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del Cesar (ANUC – Cesar) expresó que “el pueblo bloqueó la vía, reclamaban derecho a la igualdad en las ayudas alimentarias y querían hablar con el alcalde […] Nunca llegó y les mandó la fuerza pública”.
Por su parte, el Consejo Político Local ubicado en Tierra Grata, Manaure Balcón del Cesar, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), luego de rechazar el uso desmedido de la fuerza, de enviar las condolencias a la familia del joven asesinado y de solidarizarse con las reivindicaciones de la comunidad, se manifestó en los siguientes términos: “Este virus ha demostrado que serán los obreros y trabajadores asalariados, los campesinos, los trabajadores informales, así como los desempleados, los más perjudicados en la actual situación […] Lo sucedido en Casacará es un mensaje de alerta de lo que está pasando en muchos hogares del Cesar y de Colombia entera, hacemos el llamado al gobierno departamental y nacional para ayudar en esta crisis a todas las personas de bajos recursos que necesitan cuanto antes ser atendidos”.
Así mismo en una carta abierta que el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) le remiten al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, luego de señalar la profunda preocupación porque el caso no ha tenido mayor repercusión, les solicitan “una intervención especial […] de manera que se garantice una célere investigación judicial y disciplinaria para los responsables de este homicidio, se evite la revictimización de la comunidad y que el caso pase a la jurisdicción de la justicia penal militar, se llame a rendir cuentas a los responsables por el que según la información de la comunidad puede constituir un desproporcionado uso de la fuerza al momento de reprimir a los manifestantes y se llame a los gobiernos departamental y municipal a rendir cuentas respecto de la manera como le han dado manejo a las entregas de las ayudas solidarias”.
Pasados algunos días después del infortunado homicidio del joven Jáider Antonio Brochero Hernández, su familia, una de las más empobrecidas dentro de todo el pobrerío, no ha recibido ninguna intervención social de las autoridades territoriales, más allá de las derivadas de la caridad, como tampoco se ha definido con meridiana claridad una hoja de ruta que marque un derrotero para la respuesta oportuna a las demandas de la población de Casacará.
Las cosas siguen como si nada hubiera pasado, como si la muerte de un joven no valiera nada. En el Cesar la gente está atemorizada, no sólo por la pandemia, sino por las consecuencias de la corrupción y la represión.
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