La inmensa mayoría del pueblo Colombiano nos llenamos de regocijo y optimismo con el anuncio de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manual Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP como un paso cierto en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado, donde la esperanza renacía nuevamente, porque estábamos seguros de que iba a cesar la horrible noche…pero hoy el actual momento nos coloca frente a la realidad de la esencia y lógica perversa de un régimen político que utiliza e instrumentaliza la violencia para mantenerse y perpetuarse en el poder, estableciendo alianzas siniestras con sectores vinculados al crimen organizado y el narcotráfico bajo el ropaje de la corrupción.
La reactivación de los planes de exterminio y aniquilamiento contra el movimiento social, organizaciones defensoras de derechos humanos y expresiones políticas de izquierda se enmarcan en la aplicación de la política de terrorismo de Estado, pretendiendo con ello silenciar las voces de hombres y mujeres que representan procesos organizativos de sus comunidades en sus territorios y que por su constancia y persistencia frente a la defensa de derechos conquistados y de la exigencia de reivindicaciones frente a problemáticas y necesidades concretas se constituyen en líderes sociales.
Esas vocerías humildes y sencillas, que entienden que la construcción de un nuevo país se fundamenta en la lucha cotidiana de resistencia permanente por el reconocimiento de sus derechos básicos y fundamentales, hoy está siendo revictimizada por intereses mezquinos del gran capital, de los terratenientes (despojadores de tierras), de las transnacionales y sus estructuras paramilitares, quienes quieren institucionalizar la matriz de terror y miedo con el asesinato sistemático de los líderes sociales; la “lógica perversa” es amenazar, detener, desplazar y asesinar para limitar las expresiones de inconformidad, reducir la oposición, minimizar la capacidad de lucha y diezmar a su mínima expresión la protesta social; quedando con ello despejado el camino para agilizar el proceso de mayor acumulación de riqueza, del saqueo de nuestros recursos naturales, del despojo de tierras para favorecer megaproyectos mineros y para garantizar la continuidad en el poder de las grandes elites.
Las cifras y los datos estadísticos que día a día registran el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanas son escandalosos y alarmantes, al punto que las Naciones Unidas y la Unión Europea han alertado frente a la gravedad de la situación; el último informe presentado por la Coordinación Social Marcha Patriótica e Indepaz señalan que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y los primeros días de 2019 han sido asesinados 566 líderes sociales (en el año 2016, fueron asesinados 116, en el año 2017 asesinaron 191, en el año 2018 asesinaron 252 y en lo que va corrido del 2019 han sido asesinados 7 líderes sociales), frente a este genocidio contra el movimiento social colombiano la respuesta debe ser la más amplia unidad del conjunto de sectores sindicales, sociales, populares, estudiantiles, expresiones políticas alternativas y sociedad en general para librar una gran batalla por el derecho a la vida como reivindicación fundamental a ser levantada por los diversos escenarios de movilización y protesta que actualmente confrontan las políticas del Gobierno y como principal exigencia a considerar en la convocatoria del gran Paro Cívico Nacional el cual entra en su proceso de preparación en el Encuentro Nacional a realizarse el 30 y 31 de enero de 2019.
