Cruce de intereses de las grandes corporaciones mediáticas por el mercado colombiano de comunicaciones y televisión en la ley de modernización del sector de las comunicaciones
Simón Palacio
@Simonhablando
En el orden del día de las sesiones extras del Congreso de la República, estuvo para su último debate el proyecto de ley que moderniza el sector de las comunicaciones, la llamada Ley Min-Tic. Un proyecto que pretende no solo cambiar las reglas de juego de la televisión pública y privada, sino el acceso al espectro electromagnético, reducir los pagos de las empresas de televisión por cables, regular de alguna manera las nuevas tecnologías de la comunicación, y otorgar el poder de la censura de contenidos al Gobierno Duque.
A un día del cierre del primer semestre de la legislatura y a pesar del llamado de urgencia, el Gobierno de Iván Duque no pudo a pupitrazo limpio aprobar la iniciativa y prefirió dejarla para ser discutida desde el próximo mes de marzo.
Aunque la oposición calificó de victoria el hecho de que el proyecto no tuviera tiempo para ser aprobado el pasado año, aún no está archivado del todo. Las Corporaciones mediáticas y las empresas de comunicación más interesadas en el proyecto, entre otras las empresas Claro, Movistar, Tigo, las plataformas de proveedoras de contenidos como YouTube, Netflix, y los canales de televisión Caracol Televisión, RCN televisión y City TV, van a querer modificar los términos de la iniciativa, pero no cambiar sustancialmente lo que el ejecutivo presentó al parlamento.
#ChaoLeyTiC
La movilización ciudadana y de trabajadores del sector de las comunicaciones lograron detener el proyecto a última hora, pero lo más importante es que sacaron a la luz pública una discusión que se venía dando en reuniones privadas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Min TIC.
Aunque el proyecto debería retornar su discusión en marzo, sigue sin tener el ambiente ni los votos necesarios para convertirse en ley de la República. Ante la movilización social los partidos de Gobierno como el Conservador, reunidos con la ministra el último día de la legislatura, se echaron para atrás y le aconsejaron a la jefa de la cartera, Sylvia Cristina Constaín, posponer para el siguiente año la discusión.
Por eso la movilización social de la oposición política, académicos conocedores del asunto, el movimiento de actores y personalidades del sector; la ciudadanía en general y los defensores de la televisión pública, deberán seguir alerta a las modificaciones del proyecto y sobre todo a la profundidad del debate en tiempos y argumentos.
Censura dictatorial
Entre los problemas urgentes que tiene el proyecto está la intención marcada de censurar contenidos, creando una nueva comisión nacional de televisión cuyos asientos dependerán de la decisión del Presidente de la República. La nueva comisión tendrá competencias de tres instituciones distintas e independientes que hoy funcionan.
Pasaremos de una Agencia Nacional de Televisión, que en parte tiene competencias de veeduría y vigilancia posterior a contenidos, a una junta de cinco personas nombradas por Duque para hacer control anterior, la veeduría y la sanción de contenidos para la televisión pública. Lo más grave es la censura. El ejemplo está a la vuelta de la esquina: el gerente de RCTV o Sistema de Medios Públicos, Juan Pablo Bieri ya ha sido noticia por protagonizar dos hechos de censura a periodistas que emitieron opiniones en contra de Duque, el Gobierno nacional o el Centro Democrático.
Los jugadores
Otro asunto neurálgico será la modificación de la contribución al Estado que hacen las empresas que hoy usan el espectro electromagnético por concesión, como los canales privados de televisión y sus respectivas renovaciones, las empresas que están bajo el régimen de licitación de espacios televisivos en los canales de uso público, como es el Canal UNO, o los proveedores de televisión por cable como Claro, Telefónica y Tigo. Y otras compañías que esperan la reducción del costo de sus licencias en Colombia. Cada una de esas empresas pretende una ley ajustada a sus necesidades.
Por ejemplo, Caracol TV, RCN TV y City TV aspiraban a que se pudiera aprobar la iniciativa legislativa el año pasado y con ello no pagar la renovación de sus licencias para los próximos 10 años por el orden de 128 mil millones de pesos, que a decir verdad no es algo costoso para los canales, pues facturan en publicidad millones y millones de dólares cada año. El costo de la adjudicación es un regalo.
En el otro modelo están las empresas concesionarias de espacios de televisión pública como el Canal UNO, cuya principal empresa es Emisfer de origen estadounidense con el 40% de la sociedad junto a las programadoras CM&, NTC Televisión y RTI Televisión cada una de ellas con el 20% de la participación en la personería jurídica Plural TV; pretendía tener las mismas condiciones que los canales Caracol, RCN y City TV, y por eso se opusieron a la redacción de la ley como la presentó el Ministerio de Comunicaciones.
Por su parte las denominadas Over The Top de Libre Transmisión, OTT, aplicaciones de pago por ver en internet como YouTube, Netflix y Fútbol TV, entre otras, pretenden beneficiare del proyecto por la idea de conectividad para todo el país que dichas aplicaciones no tengan regulación alguna en lo que tienen que ver con sus contenidos o ser auscultadas por las autoridades fiscales del país pues dichas compañías no pagan impuestos en el país.
Los operadores de cable pretenden retornar al mercado del que son beneficiarios con una penetración talvez única en el mundo. Del cien por ciento de los ciudadanos con acceso a televisión casi un 70% lo hacen vía operadores de televisión sea por medio de grandes operadores multinacionales o televisiones pequeñas comúnmente conocidas como parabólicas. Ello pretende reducir su contribución al Estado y garantizar mejores condiciones, casi monopólicas para los grandes operadores, por eso también pretenden que en la iniciativa se erradiquen del país las aplicaciones competencia como YouTube y Netflix, principalmente.
Sigue la movilización
La consigna de la oposición en el parlamento es que se debe modernizar el sector solo mediante un diálogo nacional amplio entre todos los jugadores dándole prioridad a la protección, desarrollo y ampliación en términos de calidad de la televisión pública.
No solo la opinión de las corporaciones mediáticas y las multinacionales del sector valen. También se deben ampliar puntos de entendimiento con la academia, expertos en el tema, operadores de cable nacionales sin el músculo económico de jugadores como Claro o Telefónica, así como diseñar la mejor propuesta para la televisión pública que debe ser una política de Estado y no una agencia de propaganda de la derecha colombiana.
Por eso el sector alternativo ha formulado cinco premisas fundamentales para la discusión a partir de marzo: 1. Sin discusión, sin revisión, sin estudio de todas las partes ¿cuál es el afán? 2. Un país múltiple y diverso que se puede silenciar. Ley Tic nos calla. 3. Necesitamos un sistema más justo en el que todos aportemos y nadie se atornille en el mercado. un buen negocio para unos pocos siempre será un mal negocio. 4. Modernizar sí pero no así. La gente y las ideas deben estar por encima de las antenas y los cables. Mucho cable y poca idea. 5. No hay garantías de libertad e independencia para los medios y eso nos afecta a todos ¿De espaldas a la gente qué pretenden comunicar?
Antes de marzo la oposición planea llamar a audiencias públicas amplias y de liberatorias que puedan permitir abarcar todo un semestre de discusión o el tiempo que sea necesario antes de votar cualquier ley de modernización que, contrario a su objetivo, se convierta en un negocio más de los pulpos mundiales de la comunicación.
