El aumento de 30 pesos chilenos, unos cuatro mil pesos colombianos, en las tarifas del metro de Santiago, anunciado por el presidente Sebastián Piñera el 19 de octubre pasado, fue la copa que rebozó la paciencia del pueblo chileno, que con un malestar represado por las políticas neoliberales del gobierno conservador, se lanzaron a las calles para reclamar no sólo la derogatoria del tarifazo, objetivo que consiguieron en los días siguientes a la protesta, sino una rectificación de la política económica del gobierno, que ha llevado a la ruina a miles de hogares en el campo y la ciudad.
La frustración contenida por muchos años, esta vez se desbordó con dureza, y por eso no solo se mantiene la protesta, pese a la derogatoria del alza en el transporte público, sino que, de hecho, para este lunes 21 de agosto había sido convocado un paro nacional, con el compromiso de muchos sectores populares de llevar sus reclamaciones a una dimensión mayor.
Para entender el malestar de los chilenos, hay que entender que es la segunda vez en lo corrido del año que el gobierno de Piñera decreta un aumento de tarifas en el metro. Los chilenos pagan las tarifas de transporte público más altas del mundo, según afirman economistas locales.
Hasta que se arregle la vida…
Los manifestantes reclaman el establecimiento de una “tarifa social”, accesible a sus bolsillos, y la nacionalización del transporte público, hoy en manos de consorcios privados, que se llevan millonarias utilidades.
En la prestación de otros servicios públicos, como la salud y la educación, son los grupos económicos los que imponen la tasa de ganancias. Chile es un país agobiado por el extractivismo y el saqueo de sus recursos naturales. Los jóvenes andan sin porvenir, tengan o no títulos universitarios, mientras los viejos temen jubilarse porque les espera la miseria de una pírrica mesada.
“Yo voy a protestar hasta que se arregle la vida”, decía esta semana un joven que golpeaba una cacerola ante la cara de un militar. El pueblo ha perdido el miedo a salir a las calles, y ahora reclama una rectificación de la política neoliberal de un gobierno que no se desprende de la herencia pinochetista y se erige como pieza clave de la geoestrategia de Washington en el continente.
