En una estrategia encabezada por el Gobierno nacional para cambiar la opinión pública tras el asesinato de 13 personas a manos de la policía entre el 8 y 9 de septiembre, vuelven los montajes judiciales y señalamientos a líderes sociales y defensores de derechos humanos
Sebastián Chingaté Sánchez
@CronopioRolo
El 10 de septiembre, un día después de la jornada de movilizaciones tras el asesinato de Javier Ordóñez, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo de forma tajante acusaba a todo aquel que compartiera contenidos relacionados con las movilizaciones como “agitadores e incitadores del vandalismo, relacionados con grupos al margen de la ley”.
La práctica de señalar los sectores alternativos no es para nada nueva, es una herencia de la “seguridad democrática” de antaño donde el discurso del odio a los sectores de oposición y las falsas acusaciones de estos de tener vínculos con la insurgencia era el común denominador.
“Los falsos positivos judiciales en una época de auge de movilización como la que estamos viviendo buscan involucrar a las personas para mostrar resultados, es una lógica que viene de la policía desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Estamos inmiscuidos en un contexto donde cualquier persona que haga parte del movimiento social y popular, que haga trabajo comunitario, o que haga parte del movimiento estudiantil ya lo hace como una persona con un alto riesgo de ser un falso positivo judicial, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos quienes tampoco estamos a salvo”, dice Christian Sotelo, estudiante de la Universidad Distrital y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.
Haciendo memoria
En 2015 el Congreso de los Pueblos presentó un informe sobre la magnitud de los montajes judiciales; entre 2009 al 2012, a 8.600 personas se les relacionó con procesos por supuestas vinculaciones con la insurgencia, de ellas sólo 2.058 personas permanecieron privadas de la libertad y en consecuencia más del 75% de los capturados fueron declarados inocentes.
Ante esta realidad es necesario hacer memoria de como el Estado ha utilizado los montajes judiciales como una política de guerra, tal y como fue el caso del profesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán, quien tras una persecución política y falsas acusaciones que produjo su captura en México en 2009, por supuestamente hacer parte de las entonces Farc, resultó en una lucha de casi siete años para que el maestro recuperara su libertad.
Tampoco hace falta remontarnos a años atrás, fue hasta el pasado 10 de junio que siete personas señaladas de perpetrar el atentado contra el Centro Comercial Andino en 2018 recuperaron su libertad, cabe recordar que la Fiscalía acusó a estas personas vinculadas a la facultad de Sociología de la Universidad Nacional como miembros del grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP.
Del montaje al desprestigio
Ahora otra práctica se ha generalizado para amedrentar la movilización social; los señalamientos y falsas acusaciones en las redes sociales. El 17 de septiembre Daniela Segovia López, estudiante de Derecho de décimo semestre de la Universidad Gran Colombia y miembro del CPDH, empezó a recibir múltiples amenazas y acusaciones falsas en las redes sociales de pertenecer a grupos al margen de la ley tras una imagen que la señalaba como “incitadora de actos vandálicos”. En conversación con VOZ, Daniela nos relata lo mucho que la ha afectado esta situación.
-¿Bajo qué señalamientos ha sido víctima?
-El jueves 17 de septiembre en la noche me encontraba en una reunión con compañeros y compañeras de derechos humanos y empecé a recibir una serie de amenazas por Messenger que tenían un tinte bastante político; me insultaban, me decían guerrillera, me preguntaban a qué frente de las Farc pertenecía y un montón de señalamientos. Una de las personas que me escribió a Messenger me expresó de una forma más cordial, sin señalarme, si yo tenía conocimiento de una imagen que se estaba publicando en redes sociales donde era acusada de la destrucción de un CAI de la policía. Yo le dije que no y él me envió todo el material, lo revisé y a partir de eso empezó el tema de identificar las personas que estaban difundiendo ese contenido, información que hasta el momento no lo sé.
-¿Sigue activo el contenido?
-Fue muy difícil bajarlo, creo que esa es una crítica que uno puede evidenciar en estos temas, las redes sociales tienen un montón de permisos y características para que ellos determinen si un contenido está violando las normas de la comunidad. En Facebook ya se bajó el contenido, pero fue muy difícil, duró cerca de dos días y para ello nos tocó leer todo lo que había, fue un ejercicio muy agotador y en Twitter sé que aún sigue el contenido y que ha sido muy difundido con más de 1.000 retweets, en Facebook tenía muchas compartidas, cerca de 3.000. Aun así, hay personas en Facebook que lo siguen posteando en sus cuentas personales.
-¿Cómo se vio afectada usted personalmente por estas acusaciones?
-Eso es lo más difícil ¿sabes? Lo más duro ha sido el tema de mi familia, yo provengo de un hogar con formas de pensamiento muy distintas a las mías, muy contrarias a todo esto y les ha afectado en el sentido de que temen por mi seguridad, por lo que pueda pasar conmigo de ahora en adelante. Me ha afectado claramente a nivel emocional mucho, pero he sabido manejar este tema sabiendo quién soy yo, creo que lo más importante es saber quién es uno, tener autoestima y darse ánimo uno mismo en estos momentos. En cuanto a mi círculo social me he sentido muy apoyada por mis amigos y amigas, personas cercanas, de todas formas, es una cosa que yo sé que me ha afectará mucho en mi carrera profesional; sé que es una huella que va a ser muy difícil de borrar y estoy pensando cómo voy a borrarla, porque no tengo ni idea de cómo hacerlo.
-¿Cómo puede defenderse la movilización social en esta situación?
-Lo primero que diría es que no se dejen amedrentar, estamos en un contexto político bastante difícil en que las y los defensores de derechos humanos hemos sido atacados. Tenemos que estar convencidos y convencidas de la labor que estamos haciendo, que las personas que están en las calles y quienes defendemos los derechos humanos estamos haciendo una labor completamente justa, no estamos incurriendo en ningún delito, no estamos haciendo nada que no sea nuestro derecho y tenemos que defender esos derechos plasmados en el papel pero que no han sido realmente llevados a la realidad.
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