Otra vez el escándalo con la inteligencia militar, debido a las llamadas “carpetas secretas” denunciadas por la revista Semana. En las últimas décadas, tales escándalos han sido reiterativos, y en los gobiernos de la seguridad democrática, de Juan Manuel Santos y el actual, reaparecen. Es a partir de 2014 que se conocen las actividades ilegales de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional. Todo indica que parte de la información de Estado es comprada por sectores civiles. También abundan las denuncias desde la propia fuerza militar, lo que muestra la inconformidad creciente de algunos sectores con la actual línea del Gobierno, después del Acuerdo de Paz.
La inteligencia es la rama más comprometida de las Fuerzas Militares con el Plan Colombia y con la guerra de contrainsurgencia. Depende del más alto nivel del poder ejecutivo civil. En las estructuras del alto mando tienden a desenvolverse intereses propios derivados del enorme poder concentrado en las fuerzas militares. Los secretos de Estado, la confidencialidad, los recursos económicos secretos del presupuesto público, escapan al control político y, por lo visto, al control del jefe del Estado.
La ley 1621 de 2013, estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia, otorga facultades al rastreo electrónico “al aire” y limita la función de la Comisión parlamentaria encargada de ejercer algún control. Los atropellos denunciados tienen una “base legal”, se trata de “chuzadas con legalidad”, que desenmascaran la hipocresía oficial. Los temas del orden público, la política de conducción de la guerra de contrainsurgencia, incluido el proceso de paz y el humillante sometimiento al Comando Sur y a la CIA se procesan en el complejo de la inteligencia y de su mecanismo correlativo de autocontrol, la contrainteligencia.
Desde la estructuración con la Misión Yarborough, en 1962, del modelo de Guerra de baja intensidad, concebido para Colombia, el espionaje a la sociedad, al movimiento popular, al movimiento obrero, a las organizaciones defensoras derechos humanos, a la izquierda, entre otros, cuentan con el enfoque antisubversivo y con la decisión de que todo lo que plantee crítica o reformas a las instituciones, debe ser perseguido y en lo posible eliminado, pues se supone se origina en la inconformidad o la rebeldía de los de abajo. Esto es una constante de los regímenes políticos desde la dictadura militar, el Frente Nacional, el post frente nacional, las modalidades de la Seguridad Democrática vinculadas al Plan Colombia y el paramilitarismo.
En 1990, bajo el gobierno de César Gaviria, una misión militar naval de Estados Unidos impulsó la reorganización de la inteligencia, desarrolló la proliferación de redes y la vinculación de civiles en operaciones secretas a órdenes de los comandantes militares. La Orden 200-05/91, del Ministerio de Defensa da instrucciones al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para establezcer redes de inteligencia que suministren información y reciban órdenes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El auge paramilitar de la década de 1990 fue responsable del genocidio del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. El exministro Pardo y el expresidente Gaviria, deben declarar ante la JEP deben precisar su culpabilidad por su inacción ante estos crímenes.
Este interés antisubversivo responde a la concepción estadounidense del enemigo interno. El anticomunismo como pretexto de contención social y de activismo político desde el poder y desde las instituciones armadas, no acabó en Colombia con la caída del Muro de Berlín, ni con el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón. La concepción de un partido militar anticomunista articulado al Estado, en su doctrina, formación, con manuales de funcionamiento secretos, que convierten en enemigo a todo sector crítico y al periodismo actual, incluidos los corresponsales extranjeros. Porque en EE.UU. también hay corrientes críticas de la política de contrainsurgencia extendida, ampliada y actualizada por la ultraderecha fascista-paramilitar dominante, y en el poder en Colombia.
Los comunistas somos críticos y contradictores del militarismo y de las doctrinas nazi fascistas, su fundamento ideológico. Estas doctrinas anticomunistas tienen la más alta responsabilidad en el genocidio continuado y extendido de los últimos 70 años en el país, no es democrático que las Fuerzas Armadas se utilicen para atacar al pueblo y perpetuar un orden de desigualdad, impunidad y genocidio, contrario a la paz democrática que reclaman las mayorías.
Es inaceptable que las fuerzas militares de Colombia estén subordinadas a un organismo militar transnacional agresivo como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, (OTAN), subordinación que obedece a la creciente dependencia al Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. La esencia de un sistema integral de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición implica la reforma de las fuerzas militares, con base en la creación de una doctrina de defensa nacional propia, soberana en su construcción, elaboración y formulación, que defienda los intereses colectivos en una sociedad de iguales, sin dependencia de potencias ajenas. Que consolide la paz interior, la coexistencia pacífica, renunciando a toda forma de persecución política anticomunista o de cualquier naturaleza para enfrentar la inconformidad social. Que renuncie al militarismo, los problemas de desigualdad social no los resuelven los militares, que deben ser resueltos con la participación democrática, sin exclusiones, sin estigmas.
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