Se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón de Bogotá, que perfeccionó el proceso de negociación y puso fin a más de cinco décadas de conflicto social y armado en Colombia entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. En aquella ocasión, se rubricó el documento final que había incorporado la mayoría de las recomendaciones de los promotores del No -ganadores del plebiscito por la paz- al Acuerdo firmado en Cartagena un par de meses antes. Con todo, el documento final rescató lo esencial del Acuerdo inicial, como la reforma rural integral, el nuevo enfoque de la política antidrogas, la efectiva reincorporación de los y las firmantes de paz y la reparación a las víctimas.
El balance de la implementación por parte del Gobierno nacional es francamente lamentable. A pesar de que se pueden resaltar algunos aspectos, a todas luces es evidente que el Gobierno ha carecido de una real política de paz. Ello no solo ha impedido que las comunidades víctimas del conflicto comiencen a ser incluidas en el desarrollo del país, sino que se ha perdido la oportunidad de copar militarmente el territorio, demostrando que la ausencia estatal no era consecuencia de la acción insurgente sino de la nula voluntad de consolidar un Estado moderno por parte de la clase dominante.
Lo más grave de la falta de implementación del Acuerdo es el asesinato sistemático de firmantes de paz, que al momento de escribir este editorial suman más de 290, que junto al asesinato de lideresas y líderes sociales, enlutan al país. Esto constituye un genocidio gota a gota similar al que se perpetró contra la Unión Patriótica y revela la responsabilidad de las autoridades frente a lo que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Ello y los montajes judiciales contra algunos miembros de la antigua guerrilla son sin duda la principal causa de que muchos firmantes hayan abandonado el proceso y hayan retomado la lucha armada.
El otro aspecto urgente por implementar es el cambio en el enfoque de la política antidrogas que tiene como punto de partida los proyectos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. En este aspecto, el Gobierno no solo ha tenido una actitud cínica que trata a los cultivadores como delincuentes, sino que ha intentado por todos los medios adelantar programas de erradicación forzosa sin consultar y sin negociar con las comunidades campesinas. Ello por supuesto, ha significado la pérdida de confianza de las comunidades hacia el Estado y ha permitido que grupos armados campen a sus anchas en zonas que deberían ser lugares de desarrollo rural y hoy son, de nuevo, zonas de conflicto.
Uno de los aspectos más importantes del Acuerdo es la Reforma Rural Integral. Por supuesto, se entiende que el problema agrario en Colombia es estructural y que su resolución requerirá al menos un par de décadas, pero el Gobierno se ha empeñado en entorpecer los programas de desarrollo rural, los PDETS no avanzan, los PNIS son una pantomima, la actualización del catastro rural está embolatada y ni hablar de los intentos de la bancada del Centro Democrático por impulsar leyes que impidan la restitución efectiva de las tierras despojadas al campesinado.
Finalmente, debe advertirse que más allá de la no implementación de lo acordado, se ha desplegado una operación mediática e ideológica que busca sembrar la idea de que la insurgencia fue la única responsable de crímenes durante el conflicto. Porque no es solo el marchitamiento de entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, es toda una campaña de desprestigio que busca limpiar la imagen del Establecimiento y de las Fuerzas Armadas a través de los medios corporativos y de entusiastas propagandistas que insisten en una versión histórica exculpatoria de las instituciones y de la clase dominante.
Lo positivo es el compromiso de la inmensa mayoría de los firmantes de honrar el Acuerdo y la profusión de acciones de paz que han surgido en los Espacios de Reincorporación y por fuera de ellos: proyectos productivos, iniciativas deportivas y artísticas, cátedras sobre la paz, reconocimiento de responsabilidad de crímenes y petición de perdón a comunidades victimizadas. Por ello debe decirse con claridad: Las Farc han cumplido con creces y han contribuido decididamente a la paz de Colombia.
El sistema de justicia transicional también es algo que debe resaltarse como un importante avance. En pocos años, el trabajo de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha ofrecido más verdad a la sociedad que la propia justicia ordinaria. El país se encamina hacia un esclarecimiento de los hechos del conflicto, siempre y cuando las fuerzas democráticas no cesen en su defensa de estas instituciones.
El Semanario VOZ celebra estos cinco años de la firma y convoca a todo el pueblo colombiano a continuar exigiendo la implementación cabal de los Acuerdos como requisito indispensable para que Colombia sea un país moderno donde todas y todos quepamos.
