En el reciente Paro Nacional, el estudiante Camilo Escobar fue capturado en Manizales y presentado con el alias de “El Barbado”. Si bien la Fiscalía lo acusa de terrorismo y daño en bien ajeno, pero la defensa y testigos la desmienten con pruebas. Entrevista exclusiva
Santiago Arenas Martínez
El 3 de octubre se cumplieron cinco meses de la judicialización de Camilo Escobar, estudiante de Antropología de la Universidad de Caldas. Hacia el final de la jornada de movilización del primero de mayo fue avisado de su captura, que finalmente sucedió en las primeras horas del 4 de mayo en la ciudad de Manizales.
Según la Fiscalía, se le acusa de terrorismo y daño en bien ajeno agravado, sin embargo, el estudiante participó en la marcha dentro del marco legal de acuerdo con testigos y videos que dan cuenta de su presencia en las movilizaciones.
Seguido de su captura, el presidente de la República, Iván Duque, y el director de la Policía Nacional, el Mayor General Jorge Luis Vargas, se pronunciaron sobre el hecho señalando la captura de Camilo bajo el infundado alias de “El Barbado”. Asimismo, lo hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, durante el debate de moción de censura en el que, siguiendo la línea discursiva del gobierno, recalcó la captura refiriéndose a Camilo con el mencionado alias. Cabe aclarar que ni la comunidad universitaria, ni sus amigos, se refieren a él con este seudónimo.
A raíz de estas declaraciones el Programa de Antropología de esta universidad, al igual que la Asociación Colombiana de Antropología, se pronunciaron a través de comunicados rechazando su detención y los presuntos delitos por los que se le acusa. El programa también expresó su desacuerdo con Caracol Radio por haber transmitido la noticia que emitió la Fuerza Pública y que no tuvo contraste informativo.
El semanario VOZ habló con Matías Suárez, abogado de Camilo Escobar, para ampliar la información sobre el expediente judicial que actualmente afronta el detenido.
¿Cuál es la situación jurídica oficial de Camilo Escobar?
-Camilo tiene medida de aseguramiento privativa de la libertad, en detención domiciliaria, esto es, mientras el proceso se lleva a cabo y adicionalmente, no puede hacer menciones sobre temas políticos.
¿Cómo va el proceso judicial?
-El 14 de octubre habrá audiencia de acusación donde se presentarán las pruebas que haya en su contra. Por lo pronto no se han presentado muchos avances, el proceso va bastante lento y las autoridades están poco prestas a alguna autorización que permita la salida de la casa donde se encuentra en detención domiciliaria. Hace algunas semanas se solicitó permiso para que pueda trabajar, sin embargo, el permiso no fue otorgado. Adicionalmente la fiscal de la audiencia se contactó con la empresa con la que iba a laborar para boicotear la contratación, recomendando que no fuera contratado e impidiendo con esto, según prevemos, futuras contrataciones.
Chivo expiatorio
¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de esta detención?
-Se ha afectado la vida económica y laboral, no solo de Camilo sino también de su madre. Ella quedó desempleada producto de la persecución laboral que se inició en su contra, esto complica la situación del joven, pues ante la falta de empleo no puede seguir sosteniéndose económicamente, ya que vive en Manizales por sus estudios y su madre vive en La Virginia, Risaralda. Además, ya no le quedan recursos, que fueron obtenidos de varias campañas de donación. Por otro lado, el estado mental de Camilo se ha visto afectado por este proceso, por lo que ha sido necesario un acompañamiento psicológico.
¿Por qué cree que la Fiscalía decidió judicializarlo a él?
-Camilo tiene un liderazgo político conciliador (de esto hay múltiples referencias), que sin miedo ha cruzado palabras con encapuchados para evitar confrontaciones, por eso consideramos que la Fiscalía solo está usando un chivo expiatorio para que el Estado pueda mostrar resultados.
¿Cómo fue la detención? ¿En qué circunstancias se dio?
-Se dio a principios del mes de mayo, en circunstancias que yo considero absurdas. Se realizó un entramado de engaño por parte de la Sijín para capturar a Camilo quien salía de la casa de un amigo, lo cual era absolutamente innecesario, pues siempre estuvimos dispuestos a hacerle frente a la justicia y así se lo manifesté a representantes del Ministerio Público de la ciudad de Manizales.
¿Conoce otros casos similares?
-Hace un año hubo un caso muy parecido a este. Con ocasión de una protesta, se judicializó a un representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas. El estudiante ya se graduó, pero sigue vinculado al proceso, y estamos convencidos de obtener una victoria en el juicio oral.
Estigmatización de la protesta social
En general, Escobar y Suárez consideran que se trata de un montaje judicial. Estas detenciones arbitrarias buscan estigmatizar la protesta social y hostigar a los manifestantes, aterrorizar a quienes se movilizan y dar resultados a como dé lugar.
Las retenciones y detenciones fueron masivas en el marco del paro nacional. De acuerdo con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Caldas, CPDH, desde el inicio del paro nacional y hasta la fecha van más de 600 retenciones irregulares en Manizales por parte de la fuerza pública. Según el último informe de la ONG Temblores, en lo transcurrido del paro a nivel nacional hubo más de 1.600 detenciones arbitrarias, entre estas, se encuentra el caso de Camilo.
Estigmatizar todo intento de diálogo entre las partes pacíficas y las más activas de la movilización equivale a agraviar la protesta social. Camilo fue en todo momento, como argumentó la defensa, un mediador entre las expresiones más diversas de la movilización, por esa razón nunca ocultó su rostro, pues está convencido de la legitimidad de sus actos. Estimamos que por esa misma razón la Fiscalía decidió apresarlo a él, lo cual refleja la visión en blanco y negro que tiene la fuerza pública, desconociendo los matices y realidades propias en los escenarios de protesta.
Buscar el diálogo no tiene por qué ser motivo de judicialización, tampoco de difamación como lo hicieron al unísono altos mandos de la fuerza pública con el estudiante. La ceguera inducida de la fuerza policial, tal como se evidencia en el caso de Escobar, es un ejemplo, como muchos de los que hay, en dar cifras a la institucionalidad al precio que cueste. La vocación guerrerista del gobierno Duque hace que los indicadores presentados por el Ministerio de Defensa en el marco del paro nacional, sean un trofeo dedicado a los sectores más recalcitrantes de la sociedad colombiana.
A cinco meses de la detención de Camilo, su familia, compañeros y amigos han realizado campañas a través de las redes sociales con el hashtag #CamiloLibre exigiendo su liberación inmediata.
