La Alcaldía que lidera Claudia López ha venido protagonizando episodios de criminalización del hambre y la pobreza en el sur de la ciudad, como en los más oscuros relatos de la guerra en Colombia
Jenny María Solís
@Jemasolis
Durante estos más de dos meses de cuarentena, como medida para enfrentar la situación de salud pública por la pandemia del covid-19, Bogotá ha vivido intensas jornadas de protestas, sobre todo al sur occidente de la ciudad, que ponen de manifiesto lo que pareciera que no existe: una profunda desigualdad arrinconada en las periferias, allí donde aún, las políticas de vivienda de interés social siguen enviando a las gentes más pobres a vivir, sin equipamientos urbanos, cada vez más lejos de los centros de estudio y trabajo, cada vez más lejos de la experiencia de una vida digna y más cerca del olvido y la indiferencia.
El hambre: la pandemia del sur
Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal son las localidades en las que el hambre ha obligado a sus habitantes a salir a las calles, a exigir lo que por derecho les corresponde, una renta básica para subsistir durante esta pandemia, pues sus ingresos dependen enteramente de la ciudad en movimiento, pues el trabajo informal es lo que garantiza la satisfacción de algunas necesidades básicas.
Las necesidades son todas aquellas condiciones indispensables para que lo humano surja, se mantenga y se perfeccione, no hay forma de que algún grupo social pueda obviarlas. Son miles los seres humanos que, en Bogotá, están muriendo de hambre, y no cuentan con ingresos para garantizar la satisfacción mínima de necesidades para subsistir.
Resulta, un imperativo moral actuar ya y definir en conjunto con las comunidades, cuáles son las zonas más vulnerables y así mismo priorizar las entregas de la llamada “Bogotá Solidaria en Casa”. Pedir disculpas por los atrasos en las entregas no quita el hambre y pedir que cesen las vías de hecho.
No lejos de saberlo, la Alcaldía de Bogotá ha venido protagonizando, como en los más oscuros relatos de la guerra en Colombia, episodios de criminalización del hambre y la pobreza, a la oposición y la veeduría al gobierno distrital en el sur de la ciudad, que han permitido evidenciar la más férrea apatía a una situación que debe elevar al máximo los valores humanos y “democráticos” de los políticos de turno y de las ciudadanías en general.
Esa ciudad cuidadora de la que habla la alcaldesa, no se materializa, aunque algunas entregas hayan llegado a algunos sectores, el hambre campea como la peor de las pandemias posibles, y cómo la lógica del capitalismo es aprovechar las crisis para aumentar los niveles de marginalidad y evitar a toda costa la protesta social, para garantizar el máximo de rentabilidad, a los lugares donde aún no llega la comida, sí llega el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.
Emberas Chamí sin garantías
Alrededor de 300 personas, en su mayoría niños y niñas, pertenecientes a la comunidad embera víctimas del conflicto, recibieron la más cruenta respuesta por parte de la fuerza pública y el gobierno distrital en hechos ocurridos en el barrio Arborizadora de la localidad de Ciudad Bolívar en días pasados.
Sin otra opción más que ocupar predios de la Caja de Vivienda Popular en el barrio Candelaria la Nueva, indígenas desplazados del Chocó y Risaralda por la violencia interna en Colombia, denuncian que por no haber podido cancelar los arriendos, fueron desalojados de los lugares de residencia. Advierten que no han recibido los subsidios entregados por la Unidad de Víctimas.
Aproximadamente 100 integrantes del Esmad y la Policía Nacional, sin la presencia de entes de control, violentaron a la comunidad indígena usando desproporcionadamente la fuerza, incluso, usando pistolas taser, contra mujeres, niños y niñas, mientras se adelantaban conversaciones con el Distrito para dar solución a su grave situación. En días pasados y mientras ocupaban el Parque Tercer Milenio, uno de los voceros, contó que la alcaldesa les dijo que los iba ayudar, pero que no les había dicho más.
Aquí no sólo se pone de presente el atropello histórico y casi natural de la fuerza pública y el Esmad, protegiendo todo, menos los intereses de la gente y la gente misma, pues según la comunidad embera son varios los heridos que requieren de atención médica, incluso, se habla de una mujer embarazada que perdió su bebé luego de ser cruelmente maltrata por la fuerza pública durante la violenta jornada.
Aquí hay una aporofobia en aumento, un etnocidio sin pausa, una violencia estructural y cultural históricas, que nos recuerda ese Cauca históricamente violentado por el colonialismo que aún pervive y que se fortalece conforme las políticas neoliberales se convierten en la única respuesta posible de un Estado al que los intereses de la mayoría poco le importan.
Ante la gravedad de la situación, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh, alertó a las entidades responsables de la atención a las víctimas de la violencia indígena, la personería, la Alta Consejería, la Unidad de Víctimas, al ICBF para que realicen seguimiento y observen el respeto por los derechos humanos de las familias indígenas víctimas.
Desalojo en medio de pandemia
Más allá de las imprecisas y más bien mentirosas e hipócritas explicaciones de parte del Gobierno distrital acerca de los desalojos que se han efectuado en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad de Bolívar, desde el 02 de mayo, resulta altamente reprochable y condenable, que, en medio de la pandemia, seres humanos con nula capacidad económica, sean desalojados brutalmente como quedó registrado en varios videos, publicaciones y denuncias públicas.
Mujeres embarazadas, niños y niñas, abuelos, indígenas víctimas de la violencia, alrededor de 110 familias, fueron sacadas y sus “viviendas” destruidas, en un desalojo que, según la Secretaría de Seguridad, se debe a que la “invasión” es promovida por tierreros y urbanizadores piratas.
Si eso fuera cierto, y es posible que así lo sea, las acciones no deben estar direccionadas a pisotear la poca dignidad que la gente ha alcanzado en medio de la miseria y la profunda desigualdad que los condena, sino a protegerlas de los avivatos, pero no, una política neoliberal, jamás contemplará una salida humana, justa y de repartición equitativa de la riqueza.
Un cambio de modelo urgente
La crisis que vivimos, no es meramente una crisis económica, es una crisis social, política, ideológica, ecológica, cultural y comunicativa, más bien, es la evidencia de una crisis civilizatoria que urge un cambio de modelo, que priorice la vida, el cuidado del medio ambiente, que reconozca la diversidad y la libertad, que no abdique ante el fascismo neoliberal y que suprima el mercado, la desigualdad y la injusticia social, procurando la vida digna para las mayorías. La pobreza no es un delito, alcaldesa.
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