Las grandes transformaciones socioeconómicas que se implementarían por un gobierno del Pacto Histórico a partir de agosto de 2022, requerirían un presupuesto suficiente para ejecutarlas. El Presupuesto General de la Nación aprobado (350,3 billones) para 2022 no tiene en cuenta los dramáticos índices de pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad
Iván Posada P.
Finalizando 2021 y a escasos ocho meses de terminar el periodo presidencial de Iván Duque creemos pertinente desde el seminario VOZ, compartir con nuestros lectores algunas reflexiones al respecto y el esbozo de un balance preliminar de la política socioeconómica de la actual administración que está por concluir.
El tema del desempleo y la informalidad son dos de las problemáticas más complicadas hoy día. De estas se desprenden la pobreza y la inequitativa redistribución de la riqueza que crean los colombianos en su actividad productiva día a día. A septiembre de este año la tasa de desempleo indicaba 12,1 por ciento, lo que se traduce en 2,99 millones de desempleados. (Dane, nov. 2021). Otros dos indicadores del mismo Dane contribuyen a dar una visión más integral de la calidad de vida de las familias colombianas.
El primero de ellos es el Índice de Pobreza Multidimensional IPM, mediante 15 variables agrupadas en cinco grupos (educación, salud, trabajo, niñez y vivienda). El resultado que arroja es que este tipo de pobreza es más aguda en el país rural y disperso -comparado con los centros urbanos- con una tasa de 37,1 por ciento en 2019, mientras que en las cabeceras municipales fue de 12,5 por ciento en el mismo año. En 2020 las tasas más altas se ubicaron en las regiones Pacífica y Caribe (30,9 y 28,7 por ciento respectivamente).
Varias variables de estas mostraron incremento en 2020 con respecto al año anterior: desempleo de larga duración (más de 12 meses), inasistencia escolar y servicios para la primera infancia. Para tener una medida de comparación, Bogotá, por ejemplo, tuvo una tasa de 7,5 y 7,1 por ciento para 2019 y 2020 respectivamente (Gráfico 1). Se confirma así, la existencia de la brecha socioeconómica entre el país urbano y rural, una de las múltiples causas del conflicto armado y social que sacudió al país durante más de 50 años.
Gráfico 1
Índice de Pobreza Multidimensional
Fuente: Dane – Departamento Nal. De Planeación, 2021
Política fiscal
La reforma tributaria aprobada este año, mal llamada “Ley de Inversión Social”, mantuvo su carácter regresivo, al igual de las anteriores elaboradas por Alberto Carrasquilla, descargó el recaudo sobre asalariados, clase media, independientes, pequeños y medianos empresarios, mediante impuestos directos e indirectos (IVA del 19 por ciento, imporenta 35 %). Por otra parte, las grandes empresas, el sector financiero e inversionista, conservan sus privilegios a la hora de tributar al fisco nacional.
Por ejemplo, la importación de bienes de capital quedó exenta del IVA, con el argumento que estos bienes contribuyen a generar empleo; el impuesto a los dividendos tampoco se incrementó y quedó en 15 por ciento; las zonas francas continúan operando con una tarifa diferencial de 20 por ciento; las gigantescas y hasta grotescas deducciones a las transnacionales (carbón, crudo, minerales), etc. Todo lo anterior bajo la sombrilla de la confianza inversionista.
El presupuesto de 2022
Las grandes transformaciones socioeconómicas que se plantean desde el Pacto Histórico a partir de agosto de 2022, requieren de un presupuesto para poderlas ejecutar. El Presupuesto General de la Nación, PGN aprobado (350,3 billones) para el año entrante está en franca contradicción con los explosivos índices de pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad por los que atraviesa el país. Además de la contradicción entre el gran latifundio y los 12 millones de campesinos sin tierra, la brecha entre campo y ciudad, todo lo cual se llama atraso estructural.
La diferencia entre el presupuesto asignado al pago de la deuda pública (21,4 por ciento), a las fuerzas armadas, policía e inteligencia (13 por ciento), es escandalosa frente a las mínimas asignaciones para agricultura y desarrollo rural (0,72 por ciento); a Ambiente y Desarrollo sostenible, Ciencia, Tecnología e Innovación; Tecnologías de la información y Cultura suman apenas 1,24 por ciento del total. Incluso los recursos para la implementación de la paz en el marco de los Acuerdos de La Habana, están seriamente recortados, una forma de hacer trizas los acuerdos.
El rubro de la educación salió relativamente bien librado (13,98 por ciento) gracias a la movilización de la MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que adelantó una movilización nacional años atrás para que el Ministerio de Educación Nacional y de Hacienda destinaran los recursos para garantizar una educación con calidad y cobertura, incluso para la infraestructura de los claustros universitarios que estaban al borde de la ruina.
La normalización económica
La destrucción de empleos durante la pandemia se dio entre las micro, medianas y pequeñas empresas, que por su capital, capacidad productiva y nómina no pudieron seguir operando y cerraron en forma definitiva. Como se ha demostrado por varias fuentes, el auxilio gubernamental para mantener los puestos de trabajo sigue siendo escaso y precisamente, este tipo de empresas, no tuvieron acceso a este apoyo económico.
Salarios y reivindicaciones inmediatas
En los primeros días de diciembre debe iniciar la negociación del incremento del salario mínimo entre centrales obreras, gremios y el ministerio del Trabajo para 2022, cuando precisamente a octubre de este año el aumento de los precios en los bienes y servicios (inflación), ya era de 4,58 por ciento. Uno de los rubros que más experimentó alza fue el de alimentos. Por otro lado, el Comité Nacional de Paro radicó en el Congreso diez proyectos de ley que recogen gran parte de la problemática expresada en las movilizaciones de los tres últimos años, entre las cuales resalta la renta básica, un ingreso universal para las familias que subsisten en la informalidad (50–60 por ciento) que azota al país.
Crisis y solución
Las contradicciones del actual modelo socioeconómico están en tal grado de exacerbación que esta crisis debe resolverse mediante el surgimiento de un modelo nuevo que lo reemplace, de tal modo que entre a resolver de forma radical, el conflicto social que atraviesa el país. En esta dirección, el Pacto Histórico se está gestando como un proyecto de largo plazo que lo pueda llevar a cabo. Para logarlo tendría que contar con la participación y apoyo de los diversos sectores inconformes: población abstencionista y apática, el campesinado, partidos políticos, movimientos sociales, la juventud colombiana y todos aquellos que estén por el cambio de modelo.
