Organizaciones defensoras de derechos humanos junto al senador Iván Cepeda, hicieron llegar a la Corte Penal Internacional, CPI, una demanda que señala al presidente Iván Duque y parte de su equipo de gobierno como presuntos responsables por crímenes de lesa humanidad
Carolina Tejada
@carolltejada
Iván Cepeda, integrante de la bancada de la paz en el congreso, expresó en su cuenta en twitter: “Denunciamos hoy ante la Corte Penal Internacional al presidente de la República, el ministro de Defensa, el exsenador Uribe, los generales Zapateiro y Vargas, por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra participantes en las movilizaciones”.
El congresista realizó un recuento de la grave situación de DDHH en Colombia la cual se recogió en un documento de más de cien páginas, producto de dos semanas de movilizaciones pacíficas en el marco del paro nacional, y que documenta 1.595 hechos de violaciones de los DDHH tales como “asesinatos, tentativa de asesinatos, tortura, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias” entre otros.
El senador aseguró que esta misma comunicación fue remitida al secretario general de la ONU, y “hemos solicitado a la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, que realice una visita a Colombia para constatar los hechos que están en la denuncia”. Dentro de las organizaciones que acompañan esta denuncia se encuentran: Temblores; la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.
Este documento de denuncia ante la Corte, se presenta días después de la comunicación que organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Colectivo José Alvear Restrepo, envió a la Fiscalía de esta misma Corte para Incluir las denuncias de violencia policial en un examen preliminar colombiano. La denuncia, radicada el 10 de mayo, también da cuenta de manera sistemática de la violencia policial, y según se expresa en el documento, la intención es que desde la Fiscalía “examinen de cerca estos asuntos para determinar si pueden constituir crímenes bajo el Estatuto de Roma, en particular crímenes de lesa humanidad, encuadrando en el examen preliminar que su Oficina tiene actualmente sobre Colombia”.
El panorama nacional luego del 28 de abril, fecha en la que inició el estallido de las protestas producto del descontento social con el actual gobierno del presidente Iván Duque, han sido reconocidas como pacíficas, y han sido recibidas por parte del establecimiento con “una violencia desproporcionada por parte de la policía colombiana contra los manifestantes, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, incluidos menores”, asegura la denuncia ante la Fiscalía de la Corte.
Violencia y violadores
Al 8 de mayo estas organizaciones denunciantes habían documentado al menos 47 asesinatos –39 de los cuales han sido presuntamente por parte de la policía–, 12 casos de agresión sexual, 548 personas desaparecidas y 963 detenciones ilegales. Pero las cifras han ido creciendo sistemáticamente y nuevamente, mientras por un lado el gobierno habla de una mesa de garantías, por el otro, toma medidas para desbloquear las vías en el país por medio de la fuerza y con participación de quienes hoy están siendo señalados de cometer todo tipo de vejámenes contra los manifestantes en el territorio nacional.
Según la misiva que le hacen llegar las organizaciones de DDHH a la Fiscalía de la Corte, en videos y a través de las redes sociales existen amplias pruebas sobre la brutal respuesta de la Policía, incluso actuando de civil, lo cual da cuenta de que “la policía ha estado actuando en violación de sus deberes constitucionales, legales e internacionales, entre otros, disparando a los manifestantes con balas de goma, armas de fuego o disparando cartuchos de gas lacrimógeno a muy corta distancia. De particular preocupación son las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, unidad policial encargada de controlar disturbios y disturbios al orden público durante las protestas”.
Además, a esta misma fuerza pública se le atribuyen diversos casos de violencia sexual, actuaciones que no son nuevas, y que constituyen una muestra fehaciente de la degradación de la fuerza pública y de las acciones que no han sido sancionadas y castigas durante años y que hoy, en el marco del paro, se han presentado con mayor recurrencia. Aseguran, en el documento de exigencia del examen preliminar, que, entre 2017 y 2019 se presentaron “39.613 casos de violencia física y 139 casos de violencia sexual cometidos por la policía en el país. Estas cifras brindan los primeros indicios de la sistematización de los ataques contra manifestantes y la supervisión insuficiente de las autoridades colombianas para tomar medidas que impidan la comisión de estos crímenes”. En lo que va corrido del paro, a la semana de 18 de mayo, esa cifra se incrementó a 16 relatos nuevos de violencia sexual.
#ColombiaSoS
Por su parte, la demanda que presenta el senador Cepeda con las organizaciones de DDHH ante la Corte, también da cuenta de estas cifras y relatos, y han señalado que los funcionarios disponen de “la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables”, pero “no lo hicieron”. Esta situación de vulnerabilidad y de permisividad estatal sobre dichos crímenes, más la autorización desde el alto gobierno para actuar de forma violenta, son parte de la justificación de buscar la mirada de la Corte Penal Internacional, de la ONU y en general de quienes trabajan en pro de los derechos humanos y la paz en el mundo para presionar al gobierno nacional y que frene toda acción desmedida y brutal contra la población civil y de violencia a sus derechos constitucionales a la protesta social.
Igualmente, tanto la demanda ante la CPI, y la petición de un examen preliminar para Colombia por la brutalidad policial, busca evaluar que las principales autoridades de Gobierno y Estado no condenan en “forma enfática los crímenes y las graves violaciones de derechos humanos que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública” según argumenta Cepeda, y por otro lado, porque quedan “serios interrogantes sobre la independencia y eficacia judicial en Colombia.
Muchos casos de brutalidad policial, incluido el asesinato, se investigan y juzgan ilegalmente bajo la jurisdicción de tribunales militares y terminan desestimados sin una investigación y un enjuiciamiento suficientes”.
Ambos requerimientos, aseguran su preocupación por los altos niveles de impunidad sobre los crímenes. “Por ejemplo, las tasas de impunidad por asesinatos presuntamente cometidos por la policía entre 2017 y 2019 se estiman en alrededor del 99%”. Enfatizan los demandantes haciendo referencia a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Esta ausencia de garantías para ejercer los derechos civiles y políticos en el país es la que ha llamado la atención a nivel internacional, en algunos casos señalando la situación en Colombia como de dictadura, y se espera que en los próximos días se produzca una visita de verificación internacional a Colombia y se condene a los responsables de estos crímenes de Estado.
