Aunque el Gobierno se empeña en decir que el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, no es lo mismo que firmar un tratado de libre comercio, sí debe haber una mayor apertura de mercados. Dirigentes sindicales se manifiestan contra la decisión que afectará negativamente la problemática de los colombianos
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Con evidente alegría y a través de una televisada alocución, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio la noticia sobre el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el pasado 25 de mayo. Argumentó que es una organización de gran prestigio a la que se entró después de siete años de trabajo, explicó que el organismo es de muy alto reconocimiento en el ámbito mundial y que reúne a los países con las mejores prácticas, en el que uno de sus objetivos es estudiar, compartir y promover la mejor forma de lograr el bienestar económico y social de sus habitantes: “Es el centro de pensamiento de más alto nivel en el mundo entero. Su propósito esencial es promover el buen gobierno, ese buen gobierno que he venido defendiendo, impulsando a lo largo de mi carrera pública”.
Hizo un rápido paneo por lo que consideró los logros de sus gobiernos que permitieron una buena evaluación, y en el ámbito de los derechos laborales declaró que se había reabierto el Ministerio de Trabajo para velar por la defensa de los derechos de los trabajadores: “Fortalecimos su capacidad de inspección laboral y de protección a los sindicalistas”.
En ese sentido, su ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, estuvo en varias reuniones con representantes de ese organismo, dirigentes sindicales y ministros de los países integrantes en los que debía dar cuentas de los avances en materia laboral. En enero acompañó a Santos en un periplo por Europa en el que informó a los medios de comunicación: “Vamos a mostrar los avances significativos que Colombia tiene en el sector trabajo en materia de generación de empleo, aumento de la formalización laboral, más inspectores de trabajo, reducción de homicidios contra sindicalistas, incremento de multas a empresas que incumplen la normatividad laboral y aumento de los acuerdos de formalización laboral con empresas, entre otros. No negamos que aún tenemos en algunos frentes dificultades y que es nuestra responsabilidad seguir mejorando cada día, pero también es cierto que tenemos logros que son innegables, positivos, de los cuales nos sentimos absolutamente seguros”.
El origen
Pero, ¿qué es y de dónde sale este ente internacional en el que el país resultó metido de un momento a otro, sin que el colombiano de a pie lo entienda? En su portal web dice: “En 1948 se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) con el propósito de dirigir el Plan Marshall financiado por Estados Unidos para reconstruir un continente devastado por la guerra. Al hacer que los gobiernos reconocieran la interdependencia de sus economías, se preparó el terreno para una nueva era de cooperación que habría de cambiar la faz de Europa. Alentados por su éxito y por la perspectiva de trasladar su trabajo a un escenario mundial, Canadá y Estados Unidos se unieron a los miembros de la OCEE al suscribir la nueva Convención de la OCDE el 14 de diciembre de 1960. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961, cuando la Convención entró en vigor.
La realidad real
Ahora bien, si el organismo internacional exige a los países que anhelan hacer parte de él el cumplimiento de metas en políticas públicas, se podría suponer que hay beneficios para esas sociedades en general.
El abogado laboralista, Nicolás Escandón, quien ha sido asesor jurídico de sindicatos, plantea de entrada que con esas condiciones del ente ya se plantean problemas porque está alineado a los designios del Banco Mundial, BM; y del Fondo Monetario Internacional, FMI; y hay que ver qué son y para quién son las buenas prácticas. “Entonces, vemos que hay afectación a la soberanía de un país y su autonomía para el desarrollo de la política pública. Se ve que sí hay países ricos, pero que hacen una perfilación de políticas públicas para países en vía de desarrollo. Es una apuesta más a profundidad del neoliberalismo”, dice.
Entre las condiciones exigidas al Gobierno en materia laboral hay reivindicaciones que el movimiento sindical siempre ha pedido, como la no intermediación laboral y las conductas que atentan contra el derecho de asociación, que siguen desarrollando empresarios colombianos.
“El Gobierno dice que por la entrada a la OCDE se crearon 3,5 millones de empleos, pero al ver la cifra se encuentra que la informalidad supera el margen que se habían propuesto. Además, las garantías a los trabajadores tampoco existen. No es un empleo plenamente formal. Lo que hicieron fue formalizar trabajadores en empresas, como hicieron en el holding de Avianca para contratar directamente a trabajadores con actividades misionales permanentes”, explica Nicolás Escandón.
Entonces, surge la pregunta, ¿cómo lograron recibir el aval de los comités de expertos? “Son comités muy técnicos pero no se puede desconocer que detrás de esto hay política económica internacional, que supera con creces lo que se puede negociar en un tratado de libre comercio. Hay intereses de países poderosos que por vía de las ‘buenas prácticas’ pretenden incidir en las políticas del Estado colombiano”, explica el abogado.
El comité de empleo solicitaba al país una disminución de la informalidad laboral, un mejor desarrollo al Ministerio de Trabajo en relación con la inspección, un desarrollo eficaz de la Fiscalía General de la Nación en materia de investigaciones para sanción de prácticas antisindicales, y aunque en las cifras el país aprobó, la realidad es que los índices de impunidad rondan el 85% en casos de crímenes contra dirigentes sindicales.
“Entre las exigencias que le hicieron al país está el incremento del IVA al 19%; la no gratuidad plena de la educación, por eso Ser pilo paga; la persecución a la pequeña minería sin diferenciar entre pequeña artesanal y la minería ligada a procesos criminales, lo que es nefasto para muchas personas que viven de esta actividad; y también hubo la reforma tributaria”, concluyó Nicolás Escandón.
Efectos en los servicios
Por otra parte, Humberto Polo Cabrera, quien es dirigente del sindicato de trabajadores y empleados de servicios públicos, Sintraemsdes y candidato al ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, explicó los efectos del ingreso a la OCDE en este sector. Para él, el tema tiene relación directa con la intención de privatizar los servicios públicos como se promueve desde el seno de este organismo, apoyando el Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA por su sigla en inglés).
“Hay una amenaza para los servicios públicos que están dentro del Estado porque se entregará lo poco que hay al sector privado, principalmente a las transnacionales de estos países. Por eso desde Sintraemsdes y la CUT rechazamos esto, y esperamos poder unir a muchos sindicatos de este sector para hacer frente a las políticas que se vienen. Hay que defender la formalidad y los puestos de trabajo”, expresa el líder sindical.
La preocupación de estos trabajadores aumenta cuando tienen en cuenta que al vender estas empresas cambian los regímenes que los cubren y se desmejoran sus condiciones laborales, pues ya no serán empleados estatales.
Ante la arremetida que esperan, Humberto dice que desde la CUT hay que hacer pedagogía para que se entienda que la salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, las telecomunicaciones están en riesgo. “Si no estamos unidos no podemos hacer oposición a esta nueva redada. Tenemos que unirnos para que haya eco en las instituciones”.
Y es que las organizaciones sindicales desde hace años han estado pendientes de las movidas del Gobierno para entrar al ente, y han planteado su problemática en varios países que lo integran. Desde la CUT se desarrolló una agenda que incluyó reuniones con representantes de gobiernos y dirigentes sindicales con el propósito de evidenciar cómo Colombia estaba lejos de cumplir con los estándares pedidos. Además, se realizó pedagogía entre los trabajadores para explicar los peligros para la sociedad con la decisión.
Apertura de mercados
En documento producido por la Escuela Nacional Sindical; la CUT y el Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo; intitulado La adhesión de Colombia a la OCDE: Una equivocación, las organizaciones explicaron los riesgos para el país según las políticas del organismo internacional. “La OCDE, ha tenido en el centro de su política la promoción de la apertura comercial. Incluso, la organización plantea que: ‘todos los países que han tenido crecimiento y prosperidad de manera sostenida han abierto sus mercados a comercio e inversión. A través de la apertura comercial y la capitalización en áreas de ventaja comparativa, los países pueden obtener beneficios económicos’. Por cierto, la sintonía entre TLC, IED y la apertura económica de Colombia fue elogiada por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, en un discurso donde se formalizó el intento de Colombia para entrar a ese club: “Sus decisiones para liberalizar el comercio y la inversión extranjera le han permitido sacar gran provecho de sus recursos naturales, cosechando los beneficios de la creciente demanda global’. Y con respecto a los beneficios que los Acuerdos de Paz ofrecerán al país, de acuerdo con estimaciones de la OCDE, ‘el acuerdo de paz impulsará aún más el crecimiento económico y el bienestar en el correr del tiempo’. El Producto Interior Bruto aumentará en un 2,2% en 2017 y un 3% en 2018 y el empleo tendrá un incremento del 1,9% este año y del 2,8% el próximo”.
Según el estudio en mención, las publicitadas buenas prácticas de la OCDE son modificaciones de política pública, no estándares que impliquen un seguimiento a indicadores específicos, y tienden a profundizar decisiones políticas y económicas que no han servido a Colombia para tener altos niveles de desarrollo, y mucho menos, para fortalecer el aparato productivo nacional. Tal es el caso, del reconocimiento del “proceso aperturista de Colombia en los últimos años” así como los avances en gobierno corporativo donde resaltan lo ocurrido en los últimos 15 años con las empresas estatales: Ecopetrol, ISA e Isagen, con las privatizaciones o debilitamiento de la influencia del Ejecutivo en las mismas.
Aumentará la problemática
El lobby de líderes sindicales y dirigentes políticos y las manifestaciones de rechazo por parte de trabajadores fueron insuficientes. Finalmente, el país ingresó. Y las consecuencias para la economía de los trabajadores se verán más temprano que tarde.
Luego de este paso, en comunicado la CUT puntualizó, entre otras cosas, que el Gobierno oculta que estar en la OCDE le representa al presupuesto nacional aproximadamente 16 millones de dólares anuales (aproximadamente cerca de 50 mil millones de pesos) por concepto de cuotas.
“El Comité de Empleo y Asuntos Sociales, ELSAC ( por sus siglas en inglés) por la presión de las centrales sindicales colombianas (CUT, CTC y CGT) respaldada por el movimiento sindical internacional mundial, de las Américas y de la Unión Europea, ha establecido en su opinión formal duros requerimientos laborales al país sobre los cuales el Gobierno colombiano debe rendir informes anualmente y, cada dos años la Secretaría General de la OCDE, con monitoreo del sector sindical durante los próximos ocho años, lo cual le da prácticamente un carácter provisional al ingreso si se surten todos los procedimientos ya señalados.
“Para la CUT resulta clarificador el verdadero papel de la OCDE como supra-organismo al servicio del libre comercio con las opiniones formales de los 22 comités que dieron paso al ingreso, resaltando que Colombia es un ejemplo de enormes avances en temas como: educación, salud, justicia, pobreza, derechos labores, calidad del empleo, distribución equitativa de la riqueza, discriminación de poblaciones, respeto por los derechos humanos, entre otros, lo cual no solo causa hilaridad sino que es claro que oculta la real satisfacción de la OCDE por las reformas proclives a sus intereses como las incluidas en el Plan de Desarrollo relacionados con las reglas fiscales y tributarias, acceso preferencial a sus miembros no solo al mercado sino a las materias primas, tierras, sistema financiero, obras públicas y mano de obra colombiana barata para sus multinacionales”.
Si bien puede pensarse que los estándares exigidos al Estado podrían mejorar la calidad de vida de la sociedad en general, no son más que ítems hipócritas como lo dice el informe de la ENS, la CUT y Cedetrabajo, pues no se entiende entonces cómo y por qué el país fue admitido al conocerse esta realidad. “Colombia país con el 90% de impunidad en homicidios a sindicalistas, está dentro de los 10 peores países para los trabajadores en el mundo, donde de cada 100 ocupados 68 son informales y carecen de protección social básica, solo 48,7% de los trabajadores recibe un salario y con una tasa de sindicalización que apenas llega al 4,6% y una cobertura de negociación colectiva en el sector privado que no pasa del 1,4% de toda la fuerza laboral activa. De concretarse la ambición del Gobierno colombiano por entrar a la OCDE, seremos no solamente el país con el rendimiento más rezagado, sino que profundizaremos todas las prácticas que nos han mantenido en el atraso hasta hoy”, concluía el estudio antes del ingreso al club de países ricos.
