Ancízar Narváez M.
En tiempos, cuando en la educación secundaria había que enseñar un poco, –o por lo menos se permitía hacerlo– entre mis clases de ciencias sociales, y especialmente de Historia, recuerdo haber tenido que enseñar algo sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, o sea la institucionalidad de posguerra y lo que se llamó el Nuevo Orden Mundial.
Dicho orden estaba basado en algunos pilares, pero dos son los que podríamos considerar macro: a) la Conferencia Económica de Breton Woods, que dio origen al Fondo Monetario Internacional y al sistema monetario basado en el oro y luego en el dólar; y b) la Conferencia de San Francisco, que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con algo más de 40 países firmantes, entre ellos Colombia, pues la mayoría de los países africanos y muchos asiáticos, así como gran parte de las Antillas, aún eran colonias, especialmente inglesas y francesas.
Un gran aporte de la Carta de las Naciones Unidas fue el principio de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, además de prohibir el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra otro Estado. Pero esto implicaba la discusión sobre algo más sensible: la legitimidad de los gobiernos. No sé si con precedentes jurídicos internacionales o como producto de la pura negociación política y del estado de las fuerzas triunfantes en la guerra, o por el prestigio de la Unión Soviética, la solución que se encontró fue completamente pragmática: un gobierno se considera legítimo cuando controla la población y el territorio. Con esto se impedía que cualquier delirante se creyera más virtuoso o más sabio o más aristocrático o más democrático que el gobernante y empezara a proclamarse como el gobernante legítimo.
Este principio no hacía ninguna alusión al origen electo de los gobiernos o a la separación de poderes o algo por el estilo. Por eso, cuando empezó la guerra fría entre las potencias triunfantes, los occidentales no tuvieron ningún problema en derrocar en Grecia un gobierno comunista nacido de las urnas e imponer uno pro-occidental por medio de las armas. Y menos tuvieron empacho en poner en el “Campo democrático” a regímenes abiertamente pro fascistas como el de Franco en España y Oliveira Salazar en Portugal, los cuales gobernaron durante 30 años después de terminada la Guerra sin que se los considerara dictadores. Luego vinieron casos como el de Pinochet en Chile o los militares en Argentina a quienes tampoco se los consideró dictadores ni terroristas. Lo único que tenían en común con Occidente era un anticomunismo patológico que incluía el odio a las tendencias democráticas que no compartían el odio hacia el socialismo.
Otra de las cosas básicas que aprendimos en las ciencias sociales fueron conceptos de la sociología de Max Weber como ‘Ética de la convicción’ y ‘Ética de la responsabilidad’, especialmente en la actuación política. La primera consiste en la actuación con base en los ‘principios’ o prejuicios u odios, sin importar las circunstancias o las consecuencias. La segunda, simplificando, es lo contrario: se trata de actuar con base en la previsión de las consecuencias y, por consiguiente, asumiendo la opción menos costosa. A la primera la llamaríamos fanatismo, fundamentalismo o algo parecido; a la segunda, realismo político.
El gobierno colombiano tiene un problema: sus principales agentes están actuando con la ética de la convicción, lo cual está bien para un predicador, un sacerdote, etc., pero no para alguien que tiene la responsabilidad de tomar decisiones vinculantes, es decir, que nos obligan a todos. El fanatismo del gobierno no le permite ver los hechos: que el gobierno de Venezuela controla la población y el territorio. Tampoco le permite ver el Derecho: si el gobierno controla la población y el territorio, entonces es jurídicamente legítimo.
Podríamos discutir si es democrático o no, pero eso no es importante para los países occidentales ni para el gobierno colombiano, pues su problema son los negocios. El hecho es que es el gobierno existente en Venezuela. El gobierno de Colombia tiene la responsabilidad de actuar con la “ética de la responsabilidad”, pues actuando con la ética de la convicción conducirá a la muerte a un gran número de personas tanto de Colombia como de Venezuela. Si eso pasa, no podemos seguir discutiendo sobre legitimidad, convicción, democracia; habrá que llamar tal comportamiento del gobierno de Duque por su nombre: ignorancia, parroquialismo y fanatismo criminal.
