Llegó al país la Delegación Asturiana en el marco de su XV visita de verificación de los Derechos Humanos. El informe raja a Colombia
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Esta jornada humanitaria inició su recorrido el 21 de febrero y contó con una importante participación de acompañantes que, al lado de Javier Orozco, coordinador de la delegación y de Javier Couso Permuy, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, visitaron regiones de los departamentos de Nariño, Cauca, Córdoba y Sucre. Al final de la visita, también pasaron por la región del Sumapaz.
Según la delegación, su visita pudo constatar un agravamiento en la situación de los DD.HH. derivada del incremento de actores armados en los territorios, por hacerse “al control del tráfico de drogas que ha ido en aumento y que conlleva la re-paramilitarización y control de los territorios, de la impunidad, de la ausencia de inversión social del Estado, del incumplimiento reiterado por el Gobierno de los Acuerdos de La Habana, de la ruptura de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional- ELN y de la estigmatización continua de la dirigencia social en Colombia”.
La impresión de la delegación
VOZ, pudo dialogar con parte de la delegación para conocer de primera mano la impresión que se llevan luego del recorrido por estas regiones del país. La médica cirujana, Loreto Yanes, que acompañó la jornada, al llegar al sur de Nariño, primer departamento en visitar, comentó: “Yo sabía que existían las violaciones de DD.HH., pero me sorprendió aún más que este tipo de cosas sigan existiendo después del proceso de paz y que el Gobierno lo siga permitiendo o que no esté implementando medidas contra esas matanzas, porque esas matanzas son el fruto de la desprotección de esas personas”.
Por su parte, Jorge Bustamante, de la Asamblea Mosa de Asturias, expresó que les interesaba visibilizar la realidad colombiana en España, y criticó la ausencia de compromiso por parte del Estado colombiano. “Estamos ante un Estado fallido, que no ha podido garantizar la protección de los DD.HH. a su población, como lo es la seguridad, los servicios públicos. Vimos territorios en donde el Estado no llegaba, y parecía que era mejor que no llegara, porque cuando llegaba era aún peor. Cuando hay presencia militar las cosas son cada vez peor, pero aun así las comunidades son capaces de auto gestionarse y organizarse”.
Las regiones visitadas cuentan con un incremento de las violaciones del derecho al acceso a la tierra. Existen bloqueos alimentarios y se coarta el derecho de libre circulación, “hay un incremento de la violencia paramilitar, además de diversos abusos de la fuerza pública y de las disidencias de las guerrillas sobre las comunidades con el fin de controlar a la población civil, de obstaculizar los procesos de organización comunitaria y de facilitar el despojo de las tierras mediante la violencia”, comenta la comisión.
Víctor Gonzales, de la Asociación de Ingenieros Sin Fronteras de Asturias, expresó que la importancia de su presencia obedece a la necesidad de crear una visibilidad sobre lo que sucede en Colombia. En el parlamento español y europeo, “no nos llegan noticias de Colombia. Tenemos una sobredosis de lo que pasa aquí en el país de al lado, pero no sabemos que aquí están acabando con los líderes sociales. Allá nos venden que los acuerdos de paz han prosperado, y que la situación en Colombia está cambiando cuando no es así, lo pudimos verificar cuando entramos a los territorios. Por ejemplo, los terrenos dejados por las Farc hoy han sido recuperados por los paramilitares, amenazan a líderes y a quienes están por la sustitución de los cultivos de uso ilícito”.
Para Víctor, lo que más le impresionó fue conocer la brutalidad de la fuerza pública. De su paso por el Cauca, relató: “La policía armada ingresó a la finca La Emperatriz, en el Cauca. Entrar a sangre y fuego en una finca contra campesinos desarmados es algo que no se ve en muchos sitios, es alarmante que tengan esa situación”. Se trata de un asalto por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios-Esmad a las comunidades indígenas en las que resultaron dos indígenas heridos por bala.
En el departamento de Sucre, en particular en la finca La Alemania, pudieron conocer otra parte de la realidad nacional. Continuando con el relato de la visita, Víctor señala: “Nos sorprende el caso de un líder social que fue acogido por el programa de derechos humanos en Asturias, al que su agresor le disparó cuatro tiros, siga libre a pesar de tener una condena de 26 años, y sigue libre pavoneándose de que lo va a matar, este hombre no tiene protección. Sorprende el nivel de valor de las comunidades”. El autor del atentado al que se refiere Víctor, es el capataz de la empresa Arepas Don Juancho.
La violencia es sistemática
Dentro del informe de la comisión, se resaltan las preocupaciones de las comunidades por la sistemática violencia de la que vienen siendo víctimas. En el caso del departamento de Nariño, el Pueblo Indígena Awá les expresó su preocupación por la matanza sistemática de sus líderes y la presencia de tropas en escuelas y puestos de salud violando con ello el DIH.
Además de señalar como sistemáticos estos crímines, aseguran que, “ocurren en lugares con alta presencia de la fuerza pública y quedan en su gran mayoría impunes y tienen el propósito de eliminar opositores sociales del narcotráfico, los agro-negocios y de los proyectos extractivos del capital internacional”. Desde la llegada del gobierno de Iván Duque, les preocupa que 53 líderes indígenas han sido asesinados de manera impune. “En todos los casos queda sin establecer la autoría intelectual de esos crímenes que en su mayor parte son de los grupos paramilitares que llenaron el vacío territorial de las FARC”. Esta misma situación es la padecida por las comunidades negras del municipio de Tumaco. Allí reina la desaparición sistemática de lideresas y líderes.
En el norte del Cauca, sólo en el año 2018 hubo 55 amenazas y 46 asesinatos de líderes y existe un aumento de los feminicidios y asesinatos a lideresas. “Las mujeres se benefician en menor medida de los programas de protección y de asilo debido a la dificultad para abandonar sus comunidades y en su mayoría se desplazan dentro del país”.
Esta misma situación ocurre, según la visita asturiana, en la zona sur de Córdoba. Entre los años 2016 y 2019 han sido asesinados 28 líderes en esa región. “Hemos recibido testimonio de amenazas del ejército de judicializar a las personas que hacen denuncias públicas, teniendo la Defensoría del Pueblo conocimiento de ello”.
El informe hacia la comunidad internacional
Esta delegación, lamenta la creciente pérdida de imagen y de credibilidad de instituciones como la Fiscalía General y de la fuerza pública que es vista como un factor de peligro en las regiones.
Para el europarlamentario Javier Couso, es importante la labor de la comisión, y el informe, “ha significado una herramienta para enfrentar a la institucionalidad colombiana que niegan las cifras de líderes asesinados, el desplazamiento etc. Este informe anual es un pedacito de memoria para que la impunidad no llegue sobre las muertes”. Couso, visibilizará el informe en toda Europa, no sin antes decir: “Estoy decepcionado del papel de los medios colombianos, como invisibilizan lo que ocurre en el país”.
