Según informe de la comisión de verificación Asturiana, existe una violación sistemática de los derechos humanos y el país debe movilizarse en contra de ello
Carolina Sánchez Tejada
@carolltejada
Arribó a Colombia la delegación asturiana que tiene como objetivo adelantar un informe de verificación a las violaciones de los derechos humanos en diferentes zonas del país. Este grupo de personas, preocupadas por la situación del país, llegó a inicios del mes de marzo y, además de reunirse con diferentes líderes sociales y organizaciones de DD.HH., arrancó su agenda con la visita a varios territorios del país, algunos de los más apartados y olvidados por el Estado.
Voz dialogó con dos miembros de esta comisión, y contaron que su gran interés es que el mundo conozca la cruda realidad que vive el país en términos de la continuidad de la violencia social en los territorios.
Javier Orozco, coordinador de la visita, expresó que la delegación estuvo compuesta por personalidades importantes, lo cual hace que el informe elaborado tenga peso a nivel internacional. “La delegación contó con la presencia de Tania González Peñas, vicepresidenta de la delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina y Eurodiputada de Podemos, integrante del grupo confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica; Raquel González Esteban, de Ingeniería Sin Fronteras Asturies; Álvaro Villegas Fuentes y Xana Sarah Ebrecht, de la Asamblea Moza D’asturies; Marco Antuña Camporro, portavoz de las Asambleas de Trabajadores en Lucha de Asturias; Carlos Meana Suárez, abogado laboralista; al igual que Javier Arjona Muñoz de Soldepaz Pachakuti; Diego Díaz Alonso, asesor de Tania González Peñas, Eurodiputada; José Antonio Gutierrez Danton sociólogo profesor del ucd, Dublín, Irlanda”.
Dentro de las regiones que visitó la delegación, se encuentran la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los territorios colectivos del Curvaradó, Territorio del Pueblo Wayúu, Arauca, Casanare, Buenaventura, Tumaco, Cauca, Cali y Bogotá. Y dentro de las conclusiones de la delegación, comenta que, “en amplias regiones de Colombia no hay paz, al contrario, hay un incremento de la presencia y control de los grupos paramilitares, ante la pasividad de la Fuerza Pública, un incremento de las amenazas de muerte y asesinatos de líderes y lideresas sociales, expresión de la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos y la oposición política”.
Violación sistemática
La delegación afirma que la situación de violación de los derechos humanos en las regiones es de carácter sistemático. “Estas amenazas y asesinatos son, sin duda, sistemáticos. Nos preocupa también el incumplimiento por parte del Gobierno de temas cruciales contenidos dentro de los Acuerdos de Paz de La Habana, a pesar de que las FARC han cumplido todos sus compromisos”, afirma Javier Arjona Muñoz de Soldepaz Pachakuti, a la vez que señala, “vemos como inquietante el desplazamiento masivo de los habitantes de las zonas abandonadas por las FARC”.
Por su parte, Orozco advierte, “Pudimos constatar que la Fuerza Pública está al servicio de empresarios y multinacionales; en Urabá al servicio de bananeros, palmeros y narcotraficantes; en Casanare al servicio del complejo industrial petrolero, al igual que en Arauca; en Buenaventura y Tumaco al servicio de las empresas navieras y en el Cauca al servicio de los terratenientes. Es muy grave que la fuerza pública omitiendo su deber se niegue a acompañar las órdenes judiciales que contemplan la restitución de las tierras despojadas por la violencia, como pasa en Urabá. Si la fuerza pública no ejecuta las órdenes judiciales ni obedece a la autoridad civil, entonces nos preguntamos ¿qué intereses defiende? Mientras haya paramilitarismo nunca habrá garantías”.
Continúa señalando que, en otras zonas del país, se pudieron percatar de la protección que la fuerza pública le brinda a empresas privadas mientras defensores de derechos humanos están desprotegidos. “En Yopal, por ejemplo, hay muchas unidades militares y policiales protegiendo a la petrolera Equión, mientras decenas de defensores y defensoras de DD.HH. de la zona están desprotegidas”, asegura Orozco.
No hay cumplimiento de los acuerdos
Para Arjona, es lamentable ver cómo, después de la firma de los acuerdos los compromisos a los que se llegó siguen sin cumplirse. “En el Cauca encontramos que el Gobierno no cumple los acuerdos (más de 1300) de entrega de tierras a las poblaciones indígenas ni resuelve grandes conflictos como los de la finca La Emperatriz, exponiendo a la dirigencia indígenas a riesgo de atentados como el que casi le cuesta la vida al comunero Nelson Pacué, pocas horas después de haber visitado esa zona esta delegación”.
Fueron conocedores de las constantes amenazas de las que han sido víctimas las personas que hoy integran el nuevo partido de la FARC, y mostraron su preocupación. “Son inquietantes las amenazas de las AGC de volar las sedes de las organizaciones sociales del Valle. Ya balearon la sede de Sutimac Yumbo, cuando la FARC iba a realizar un acto electoral”. Aseguran que es necesario que el estado les brinde garantías para continuar ejerciendo el derecho a hacer política, a existir después de la guerra.
Dentro de las preocupaciones que señala la comisión también se encuentra el hecho de que la extensión de los cultivos de coca ha aumentado y el Gobierno no muestra voluntad de pactar erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilegales con las comunidades.
A pesar de este panorama, ven como positivo el hecho de que “en todas las regiones visitadas una gran capacidad organizativa y un ánimo unitario que da esperanza frente a la barbarie impune. Resaltamos el tejido social de Buenaventura, fortalecido por el paro cívico del 2014 que animó a los trabajadores de la Sociedad Portuaria a declarar la huelga hace dos días”, comenta Arjona.
Algunas recomendaciones para el Gobierno
Según menciona la comisión, a través de sus voceros, “es fundamental que se cumplan los Acuerdos de La Habana. Aunque saludamos la reanudación de los diálogos de Quito con el ELN, instamos al gobierno a esforzarse por lograr un acuerdo de Paz con esta guerrilla, así como a la apertura de diálogos con el EPL. Creemos que es urgente destinar mayores recursos a la protección efectiva de la dirigencia social, que está siendo exterminada. También nos parece importante que se cumpla con los acuerdos suscritos con la población indígena en materia de tierras. Sobre este tema, estamos seguros de que Colombia necesita un programa de reforma agraria integral y democrática que genere equidad de la propiedad de la tierra y permita el retorno de la población desplazada, lo que permitiría seguridad alimentaria para millones de personas”.
Este informe será presentado en los parlamentos asturiano, Español y Europeo, así como a la opinión pública. También se hará llegar ante los sistemas internacionales de DD.HH. Finalmente asegura Arjona, “creemos que es necesario que la población se movilice para acompañar la exigencia de paz y equidad social, derechos humanos básicos e irrenunciables”.
