La deshonrosa ubicación en el ámbito mundial fue dada por la CSI, que en su estudio muestra a los gobiernos y empleadores que restringen los derechos de los trabajadores
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU recibió el Estado colombiano por no investigar a los autores intelectuales del asesinato del sindicalista Adolfo Múnera López, ocurrido en Barranquilla en agosto de 2002. La sentencia se dio el pasado 19 de mayo y expresa que el Estado violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El dirigente sindical había dirigido una huelga contra la transnacional Coca-Cola en 1995, en la que se cerraron varias plantas. El presidente de una de las organizaciones representantes de la familia del inmolado, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, Franklin Castañeda, señaló al periódico El Heraldo que el Estado colombiano, si bien reconoció que el asesinato tuvo motivos políticos, “no investigó a los presuntos patrocinadores del crimen, entre ellos, la eventual responsabilidad de la multinacional Coca-Cola que había sido denunciada públicamente por vínculos con grupos paramilitares”.
El anterior, es apenas uno de los miles de casos de violación a los derechos humanos y a la libertad laboral y sindical que sistemáticamente se dan contra dirigentes sociales, especialmente contra líderes sindicales. Desde desplazamientos, despidos de sus empresas, amenazas, persecución, intentos de asesinatos, hasta ejecuciones extrajudiciales sufren los dirigentes sindicales en Colombia.
Empresas del ámbito privado y estatal, y multinacionales tienen responsabilidades en las persecuciones, que se acentúan en momentos de negociaciones de los pliegos de peticiones, lo que muestra una sistemática práctica del régimen.
Los datos de la CSI
El informe intitulado Los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, fue realizado por la Confederación Sindical Internacional, CSI, clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y encuentra, entre otras cosas que en el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a huelga.
Asimismo, según la CSI el 80% de los países ha vulnerado el derecho de negociación colectiva; el número de países que reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 86 en 2019 a 89 en 2020; el número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 54 en 2019 a 56 en 2020; en el 72% de los países los trabajadores y trabajadoras no tuvieron acceso a la justicia, o su acceso estuvo restringido; y se registraron arrestos y detenciones de trabajadores y trabajadoras en 61 países, entre otras cosas.
En el ámbito de América, la Confederación Sindical identificó que los trabajadores se enfrentan a extrema violencia y represión. “Protestas multitudinarias contra políticas socialmente regresivas fueron duramente reprimidas por la policía, y los gobiernos decretaron el estado de emergencia en Bolivia, Chile y Ecuador”.
En consecuencia, América se ha convertido en el continente más mortífero para los trabajadores. Seis países (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Honduras), de los nueve incluidos en el Índice Global de los Derechos de la CSI donde se ha asesinado a sindicalistas, están en las Américas.
Tercero en el mundo
Por otra parte, en la clasificación de los 10 peores países para la gente trabajadora, están Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.
Sobre Colombia dice: “sigue siendo uno de los peores países en cuanto a la violación de los derechos sindicales, con un tremendo historial de impunidad frente a los asesinatos de sindicalistas. Entre enero de 2019 y marzo de 2020 fueron asesinados 14 líderes sindicales. Se registraron asimismo cuatro intentos de homicidio, un caso de desaparición forzosa y 198 casos de amenazas de muerte. La mayoría de los casos no han sido resueltos y el Gobierno sigue sin combatir eficazmente la cultura de impunidad presente en el país, mientras que el sistema judicial continúa siendo deficiente y carece de los recursos necesarios. Los sectores más afectados por esta violencia y total menosprecio de la vida humana son la educación, el transporte, la minería y el sector energético”.
Sobre los asesinatos el informe expresa: “El 29 de enero de 2019 fue asesinado Dilio Corpus Guetio alrededor de las 6 de la mañana, cuando salía de su domicilio en la localidad de Suárez para ir al trabajo. (…) Fue al menos el segundo sindicalista de Fensuagro asesinado en 2019, tras el asesinato de Wilmer Antonio Miranda el 4 de enero, también en Cauca. Varios miembros de Fensuagro han sido blanco de ataques o asesinados por paramilitares y otros grupos armados, por intentar organizar trabajadores en el sector agrícola y defender sus derechos”.
Problema sistemático
Acerca de este informe, Omar Romero, dirigente del ejecutivo nacional y responsable de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, comentó a VOZ: “Una vez más se evidencia que la situación de derechos humanos en Colombia es complicada. Ser un dirigente social o sindical en nuestro país es llevar un aviso en el pecho de ‘se busca vivo o muerto’”.
Sobre las medidas de protección del Gobierno, el dirigente obrero, quien ha sido víctima de dos atentados o intentos de ejecución extrajudicial, expresó que, por lo contrario, con este Gobierno hay una política de desconocimiento de los defensores de derechos humanos y derechos sindicales. “En 2019 logramos montar la mesa de reparación colectiva, pero no le da importancia. A través de la Unidad Nacional de Protección hay una política de desmonte de los esquemas de seguridad para los dirigentes sindicales, aunque en medios de comunicación dice mentiras”.
En el informe que la CUT entregó a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, da cuenta de 839 agresiones a la vida, integridad y libertad de organizaciones sindicales y sindicalistas entre los años 2016 a 2019.
Consideraciones de la CUT
En conclusión, para la CUT, el ejercicio del sindicalismo no es exclusivamente una actividad ejercida desde los derechos de asociación, contratación y huelga, sino que además la formación del sindicalista representa un compromiso con la defensa del territorio y la exigencia de garantías de bienestar social en los territorios, es decir, la exigencia de derechos en su conjunto, especialmente la defensa de los derechos humanos.
En consecuencia, las agresiones están dirigidas especialmente hacia territorios periféricos (rurales) y hacia el ejercicio del activismo sindical por la tierra y los recursos en ella, hacia el ejercicio de poder desde lo local, es decir, violencia política.
Por lo tanto, exigen garantías para el ejercicio de la actividad sindical sin estigmatización, criminalización y persecución. Aducen que, por parte del poder judicial, no puede continuar la ausencia de acciones encaminadas a la investigación eficaz, ni el desconocimiento del sindicalismo, de lo que representa para la movilización y las causas sociales en los territorios.
VOZ
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