Con el actual gobierno de Duque, el país pareciera revivir la pesadilla del periodo de la “Seguridad democrática”, 2002 – 2010, que curiosamente, fue calificado, desde la cárcel por el líder paramilitar Salvatore Mancuso, como un “Estado paramilitar”, cargado de despojo de tierras y extractivismo; desplazamientos masivos de la población, masacres, más de tres mil ejecuciones extrajudiciales, espionaje abierto a las altas Cortes y a la oposición y persecución brutal a quienes se atrevieron a emprender iniciativas de paz.
Todo el círculo de gobierno cercano a Uribe está preso o huyendo de la justicia, por crímenes de Estado. Ahora que el expresidente y senador Álvaro Uribe fue citado a audiencia de indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, solo por uno de los innumerables crímenes que ha cometido, manifiesta que es víctima “de persecución política”.
Hoy el horror de la guerra sucia se reedita, solo que en un contexto de posacuerdos de paz. Los pactos suscritos entre el gobierno de Santos y las FARC no son reconocidos por la administración de Iván Duque. A pesar de que, ante la escena internacional este gobierno finge la implementación de los acuerdos, en realidad, desata un continuo ataque contra ellos, modificándolos unilateralmente. El presupuesto para la implementación de la paz no aparece por ningún lado y hasta el Ejército está involucrado en el exterminio sistemático de los 140 excombatientes de las FARC, como se demostró con el asesinato de Dimar Torres, en el Catatumbo.
Ha sido evidente que hay una negativa de seguridad jurídica para el Acuerdo de Paz, el burdo montaje judicial del exfiscal Martínez Neira contra Santrich y los groseros señalamientos del canciller Holmes Trujillo contra Rodrigo Granda, así lo demuestran. Igualmente, esta negativa se manifiesta en las presiones de Uribe para que “se saquen de la Constitución los acuerdos con las FARC”. El continuo incumplimiento de la implementación ha buscado desmoralizar a los excombatientes y lanzarlos de nuevo a la guerra. Es claro que al régimen le conviene más el incendio de la guerra, por eso es fatal que algunos exmiembros de las FARC se hayan dejado arrastrar por ese propósito.
El país ha quedado perplejo con la afirmación de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia: “Los rastrojos no son paramilitares”, al mismo tiempo que Duque le restó importancia al hecho de que los paramilitares hayan conducido al “presidente interino de Venezuela”, Juan Guaidó, hasta la frontera. Esto confirma que la convocatoria conjunta del Centro Democrático y el Clan del Golfo a un paro armado el 2 de abril de 2016 contra el proceso de paz no fue simple casualidad, y lo peor, demuestra porqué 700 líderes sociales asesinados por grupos paramilitares y narcos, en zonas controladas por el Ejército, no conmueven al presidente Duque, ni al Mindefensa, ni animan a la fiscalía a investigar.
Es innegable que con el Acuerdo de Paz el país ha venido cambiando. Lo vemos en el tremendo avance electoral de las fuerzas alternativas, en los pasados comicios presidenciales, en la persistencia en la perseverancia por la paz de 12 mil excombatientes de FARC, en la creciente movilización social por la implementación del Acuerdo y en el apoyo de la comunidad internacional al mismo.
Un gobierno responsable de la suerte del país debería entablar acercamientos para el diálogo con el ELN, el grupo armado de Iván Márquez y las disidencias que mantienen un carácter político. El país debe continuar movilizándose para exigir la implementación integral del Acuerdo de Paz, el cese de la barbarie instigada desde las instituciones del Estado, el desmantelamiento del paramilitarismo, la seguridad jurídica y física de los excombatientes y de los líderes sociales, el derecho a existir de la prensa independiente y el reconocimiento del Estado social de derecho.
