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“Todo empezó en el 2002, un 17 de septiembre. Eso de los paramilitares por acá estaba muy feo. Y desde 2012, un 11 de diciembre, empezaron con eso de las acciones legales”, cuenta uno de los miembros de la comunidad de El Guayabo y Bellaunión (municipio Puerto Wilches, departamento de Santander) quienes el pasado 13 de diciembre fueron desalojados a la fuerza de sus tierras.
Este 12 de enero ambas comunidades comenzaron un proceso asambleario -respaldado por el Coordinador Nacional Agrario y la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar- del cual salió como resultado la decisión de retornar a las tierras que les quitaron a la fuerza el 13 de diciembre. Hacia las 11 de la mañana un centenar de personas retomaron los predios con el reclamo unánime de “tierra, tierra”.
El pasado diciembre unas 60 familias, aproximadamente, quedaron sin viviendas ni tierras para trabajar y ganarse sus sustentos. En enero, vecinos de otras regiones como la Costa Caribe, el Centro Oriente, el Sur de Bolívar, Cesar y Sur del Cesar se sumaron a la acción reivindicativa de recuperación de la tierra, como muestra de solidaridad.
“La Agencia de Tierras ya ha dicho que no nos podían desalojar hasta que se aclare la titularidad de esta tierra. Son baldíos que ocupamos hace más de 40 años. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2017 vinieron a desalojarnos. No hay garantías. Ya la estrategia es distinta, menos violenta. Pero es la misma: sacarnos de las tierras donde nacimos y nos criamos”, concluye este miembro de la comunidad.
Desde 1977 las comunidades comenzaron con el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) los procedimientos para la titulación de estos baldíos y así poder reconocer sus derechos sobre esas tierras.
Pero en 2002 Rodrigo López Henao, un terrateniente que se declara desplazado por la guerrilla, llegó con acciones ilegales y legales para reclamar estos predios. La Unidad Nacional de Víctimas no incluyó a López Henao en su registro de víctimas.
Un centenar de personas tomaron posesión de la finca de San Felipe, ocupada por cuidanderos del señor Rodrigo López Henao, quien desde 2002 adelanta procesos legales e ilegales para desalojar familias víctimas que tienen más de 40 años de posesión de estas tierras.
La comunidad presente en esta retoma exige presencia inmediata de los entes de control nacionales, regionales e internacionales. Se comunicó con oficinas de la Organización de Naciones Unidas y con la Defensoría nacional del Pueblo, a quienes pretendían entregar los ocupantes de la finca que fueron evacuados del sitio con sus pertenencias (entre la cuales había una escopeta de 28 tiros, un arma poco común para cuidar ganado).
Se presenta la fuerza pública
El sábado 13 de enero llegaron los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) a El Guayabo, y pudieron constatar que los trabajadores de la finca que allí se quiere imponer no estaban retenidos, sino que se encontraban esperando que el patrón Rodrigo López Henao les pague meses de atraso de sus sueldos para irse.
Estos firmaron un acta manifestando su intención de esperar pago en El Guayabo, luego decidieron irse con la Fuerza Pública a exigir su pago en el casco urbano de Puerto Wilches. De igual manera, la comunidad en retorno hizo entrega del arma que había encontrado en las posesiones de los trabajadores.
El Guayabo
Esta comunidad debe su nombre a una época en la que los “hombres tomatrago” de la localidad iban a “empinar el codo” los sábados en la noche a otros sitios y los domingos regresaban a sus tierras para pasar “el guayabo” (resaca). Sus fundadores cortaban y vendían la madera para la construcción de los botes que navegan por el río Magdalena. La picardía de su nombre está presente en la risa de esa comunidad que ante un proceso de desalojo no pierde ni la fuerza ni la esperanza.
