Para enfrentar la difícil situación que vive el campo en medio de la pandemia, más de 800 organizaciones campesinas, étnicas, de pescadores y comunales han suscrito un documento que exige reconocer al campesinado como sujeto de derechos, así como implementar el Acuerdo de Paz
Agencia Prensa Rural
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La emergencia sanitaria suscitada por la pandemia del covid-19, ha evidenciado las profundas fisuras socioeconómicas que padece el país en las periferias urbanas y de la ruralidad. La informalidad, según datos del DANE, esta por encima del 50% sin tener en cuenta los subregistros y la precarización del trabajo formal, esto denota la crisis real del mundo del trabajo, que implosionó en el marco del confinamiento obligatorio, sacando de la calle a millones de familias que subsisten del día a día y condenándolas a la incertidumbre económica y al hambre. Cientos de miles de trapos rojos en las barriadas de las grandes ciudades así lo constatan.
En las regiones la realidad es más compleja, se demostró que no existe un aparato productivo, casi todas dependen de la producción agrícola, los servicios, o subsisten del turismo, en todo el país hay un escenario de calamidad publica con el cierre interno de fronteras y las medidas de aislamiento, que han puesto al borde de la ruina las economías de casi todo el territorio nacional.
El mundo rural ante el Covid-19
Este panorama es mucho más difícil en la Colombia profunda, como lo señala el drama que vive la amazonia colombiana, con un disparo acelerado de contagios y donde la infraestructura sanitaria esta en la ruina, gracias a la secular desatención por parte del Estado, el modelo de salud y la corrupción.
Esta es la realidad constante en la periferia, en la Colombia olvidada, en la ruralidad, donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a merced de ser contagiadas, que además, están a la deriva por los efectos de la crisis económica y el abandono estatal, que conlleva a un escenario de la agudización del empobrecimiento del campo, donde los males de la violencia y el hambre se unen como un monstruo devorador que devastaría la reserva ambiental, ecológica y alimentaria del país.
En la ruralidad la perspectiva no puede ser peor, las medidas anunciadas, como el desembolso de grandes recursos, solo amparan a los medianos y grandes empresarios agrícolas y protegen a los importadores de insumos para alimento de ganado, subsidiando los aranceles y favoreciéndoles con la línea “Colombia Agro Produce”, donde excluyen a la pequeña producción.
Esta es la lógica de un gobierno corporativista que solo dialoga con los representantes de los gremios, aceptando las pretensiones de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y dejando a la deriva al campesinado, que no tiene acceso a créditos, ni al rescate económico de su producción golpeada en tiempos de cuarentena por las restricciones de transporte, las imposiciones de los intermediarios, y las históricas limitantes para la articulación en la cadena productiva.
La convocatoria
El incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con el campesinado, donde las aspiraciones de transformaciones estructurales han sido postergadas o víctimas de la insidia, hecho que se ratifica en la desidia con el acuerdo de paz en la implementación de su primer punto sobre reforma rural integral, pone en una situación de evidente vulnerabilidad al mundo rural, ya que las economías campesinas, familiares y comunitarias son golpeadas permanentemente y mucho más afectadas en medio de la crisis desatada por la epidemia del coronavirus.
Esta situación llevó a cerca de 800 organizaciones campesinas, étnicas, de pescadores, comunales, con el respaldo de ciudadanos, académicos, activistas, lideres y lideresas sociales, y sectores políticos progresistas, ha impulsar la iniciativa que han denominado “la convocatoria”.
Esta propuesta ha hecho pública una declaración que recoge las preocupaciones del campesinado, llamando a implementar los acuerdos de paz, la sustitución voluntaria y el cumplimiento de la reforma rural integral, además del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, enmarcado en la declaración de las Naciones Unidas – de la que el gobierno colombiano no es signatario-, el reconocimiento de la interculturalidad en los territorios y la protección de las economías campesinas.
Para ello es fundamental el acceso a la propiedad de la tierra, la democratización del crédito, la asistencia técnica, la formalización de la propiedad, y la articulación del campesinado a la cadena de comercialización justa de su producción.
Mirar hacia el campo
La misiva destaca que el 70% de la producción de los alimentos que consumen los hogares del país es gracias al trabajo de pequeños campesinos, sin embargo, no se fortalece la producción y solo se fomenta la importación, que además en la acelerada devaluación del peso, encarecerá productos generado en grandes sectores de la población una ruina alimentaria sin precedentes.
“La pandemia y las medidas para su mitigación también impactan y en alto grado a las comunidades rurales y las familias campesinas, los territorios y las poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza, la marginalidad, la presencia de economías ilícitas y la debilidad institucional”, destaca el documento.
En medio de la crisis generalizada por el confinamiento, el Gobierno debería mirar hacia el campesinado y promover mecanismos que permitan a los productores rurales llegar a las ciudades, pero ello depende de políticas que reivindiquen las aspiraciones campesinas y garanticen el abastecimiento y la renta básica del mínimo vital a familias en la ruralidad y en el ámbito urbano.
Reconocimiento al campesinado
Es ilustrativo el drama que en este periodo padecen las comunidades de la ruralidad en el Catatumbo, sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Cauca y Nariño, donde se agrava exponencialmente el conflicto, producto de las operaciones de erradicación forzosa, que condenan a cientos de familias cultivadoras al hambre y a riesgo de potencial contagio al movilizar grandes contingentes de tropas sin los protocolos básicos de salubridad, y por el desaforado accionar de grupos armados que amenazan y asesinan lideres sociales y obligan a las familias campesinas al desplazamiento, para salvaguardar su vida e integridad, frente a la pasividad y nula acción del Estado.
La única ruta que puede contrastar este oscuro panorama, es garantizar la implementación del acuerdo de paz, allí están las claves para rescatar y desarrollar la economía campesina, el acuerdo incorpora los enfoques para realizar las reformas que den las garantías para el derecho a la alimentación tanto para la población rural como para los consumidores en los centros urbanos, generando políticas de reconocimiento a los sujetos de la ruralidad, a las comunidades étnicas, las mujeres y los procesos territoriales estructurados en las zonas de reserva campesina, como experiencias de modelos de economías familiares articuladas con el medio ambiente y la conservación como ejes estructurantes de una sociedad democrática e incluyente.
En épocas de crisis pandémica, el futuro de nuestro pueblo esta en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de su trabajo, la posibilidad real de superar este difícil transe que golpea al pueblo colombiano.
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