El Gobierno y las cortes modifican lo pactado en relación a las víctimas del conflicto, a la verdad y la reparación. Organizaciones de derechos humanos crean litigio y piden a la comunidad internacional rodear lo pactado
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Más de 140 organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, suscribieron una carta dirigida a Fatou Bensuada, Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el señor Sebastiano Cardi, y al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición de las Víctimas, Pablo de Greiff. La misiva está respaldada por 44 personalidades nacionales e internacionales, con el ánimo de expresar la preocupación por el incumplimiento con lo pactado en el acuerdo de paz.
En la carta aseguran que a un año de la firma del Acuerdo Final el Estado colombiano no está respetando lo pactado y, por el contrario, ha generado un manto de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, especialmente para los altos responsables.
La preocupación que dirigen las organizaciones firmantes a la comunidad internacional, alerta sobre el rumbo de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas en el marco del conflicto. Afirman que la preocupación aumenta dado que los tres poderes públicos del Estado, “han modificado el Acuerdo Final de Paz generando circunstancias de impunidad que son inadmisibles y responden a la referencia: vulneración a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en la implementación del Acuerdo de Paz y atención de intereses políticos, económicos y militares”.
Litigio internacional ante conejo a la justicia
Con las modificaciones abordadas por los poderes públicos del Estado, la impunidad cobija a quienes han cometido crímenes en el marco del conflicto interno. Las organizaciones que han venido denunciando los actos de violencia en el país, anunciaron la creación de un equipo de “Litigio Internacional” con el objetivo de presentarle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “comunicaciones sobre los casos de responsables de crímenes que recaen bajo su competencia y solicitar, en consecuencia, que se abran de manera formal las investigaciones y juzgamientos correspondientes sobre los cuales pesa el riesgo de impunidad, especialmente de aquellos considerados máximos responsables”, versa la misiva.
Las organizaciones aseguran que ante lo que viene ocurriendo, el único camino que queda, es “alcanzar la justicia y luchar contra la impunidad en los estrados internacionales”.
Por otra parte, aseguran que de manera vergonzante se excluyó al Estado colombiano de sus responsabilidades internacionales. Se refieren a hechos del pasado 24 de noviembre de 2016, cuando “el Gobierno nacional, minutos antes de suscribir el Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, publicó una “fe de erratas” con la cual eliminó de la página 164 del texto acordado, la referencia al artículo 28 del Estatuto de Roma, referido a la responsabilidad de mando en caso de agentes de la fuerza pública. Posteriormente, el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional (Acto Legislativo 1 de 2017) que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se incorporó una definición de responsabilidad de mando que incumplía el derecho consuetudinario y el derecho penal internacional, al establecer requisitos concurrentes para el establecimiento de responsabilidades que impiden el juzgamiento efectivo de la cadena de mando (Art. Transitorio 24)”.
Las organizaciones firmantes, aseguran que dicha reforma afecta el juzgamiento de quienes han cometido crímenes de guerra, lo cual puede llevarlos a la impunidad. Sumada a esta situación, con las modificaciones que la Corte Constitucional hizo al Acto Legislativo 1 de 2017, incluyendo la creación del Sivjrnr y la JEP, se cambiaron los elementos estructurales de la Jurisdicción Especial para la Paz, “pues estableció que la JEP no conocerá, excepto por voluntariedad, sobre los hechos ni responsabilidades de terceros y agentes de Estado o integrantes de la fuerza pública, al tiempo que declaró ajustado a la Constitución el concepto reducido de responsabilidad de mando”, aseguran.
Las contradicciones de la Corte
En este sentido, lo que alegan las organizaciones es que, frente a este elemento, la Fiscal de la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre el artículo 24 transitorio del Acto legislativo del Sivjrnr, quien a través de un escrito de amicus curiae solicitado por la misma Corte Constitucional, manifestó, entre otros aspectos, que la responsabilidad del mando se centra sobre los subordinados y no sobre su conducta, y que la autoridad del superior jerárquico no tiene límites en el tiempo y en el espacio.
Al respecto aclaran que, con esta decisión, la Corte Constitucional: i) desnaturalizó lo acordado en materia de justicia, ya que la JEP fue concebida para investigar, juzgar y sancionar, como instancia de cierre, a todos los responsables y todas las conductas cometidas por causa, con ocasión y en relación con el conflicto armado; ii) desconoció la evidente participación de los terceros civiles en la comisión directa de graves violaciones a los derechos humanos, o en el financiamiento o colaboración con grupos armados, así como la participación en dichas violaciones de agentes del Estado no armados, como alcaldes, gobernadores, registradores, funcionarios de organismos de seguridad, entre otros; iii) genera impunidad y vulnera el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral; iv) demuestra la falta de voluntad del Estado para investigar violaciones a los derechos humanos que adquieren la connotación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente cuando vinculan a agentes del Estado militares y civiles, empresarios y terceros -tanto en el marco del conflicto armado, como en hechos propios de la violencia sociopolítica.
Otros elementos que se critican de la Corte, fue el hecho de omitir retirar del ordenamiento disposiciones que van en contra de los derechos de las víctimas, que no son compatibles con los estándares internacionales de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o de lesa humanidad, ni con el artículo 28 del Estatuto de Roma. Entre otras disposiciones que dejarían a Colombia muy mal parada en términos de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas de crímenes de estado.
Es por esta situación, que los firmantes instan a la comunidad internacional a que se pronuncien y den trámite expedito a las peticiones que se presentan, en miras de la verdad y la justicia. A que se inste al Estado de Colombia a que actúe con sujeción a su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos.
