Organizaciones sociales reclaman al Gobierno nacional presentar los textos de la ley de participación ciudadana
Los actores involucrados en la construcción de los lineamientos de la Ley Estatutaria de Garantías para la Participación de los Movimientos y Organizaciones Sociales y para la Movilización y la Protesta Social, prevista en el punto 2.2 del Acuerdo Final producto de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, están haciendo un llamado, mediante de una carta pública, al Congreso de la Republica y al Gobierno nacional para presentar en el marco del fast track, el estatuto de participación ciudadana que le entregue garantías de participación a los movimientos sociales y populares para la protesta y sobre todo ampliar los canales democráticos a los ciudadanos.
Los firmantes de la petición son entre otros, Comisión Nacional de Diálogo, Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Corporación Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia, Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, Casa de la Mujer y el Consejo Nacional de Participación. Y señalan que la demora para que el gobierno presente los textos es innecesaria e inconveniente.
“En efecto, desde el mes de abril de este año se llevó a cabo un proceso de consulta en seis regiones y en un evento nacional con organizaciones sociales, tal como estaba previsto en el Acuerdo Final, en el cual participaron 2.478 líderes y lideresas pertenecientes a 1.541 organizaciones sociales, de los 32 departamentos del país y representativos de 25 sectores y poblaciones. De este proceso, el Cinep, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía sintetizamos los resultados de la deliberación en un documento de insumos para la definición de los lineamientos para la ley estatutaria, con la participación del Consejo Nacional de Participación”.
La ley de participación es central para una nueva democracia, que permitiría una cultura de movilización social, participación directa de la ciudadanía y los movimientos sociales en las soluciones de los problemas nacionales y locales que los afecte, una veeduría ciudadana más eficiente a las autoridades ejecutivas, entre otras características de la ley.
Hoy existen las leyes 134 y 1757 que regulan la participación ciudadana, pero resulta muy insuficiente para las nuevas realidades que trae el proceso de paz incluyendo el rediseño institucional para el cumplimiento de los acuerdos de La Habana.
“Esta ley, además de establecer los principios que deberán guiar al Estado en su relación con las organizaciones y movimientos sociales, deberá fijar las garantías para el reconocimiento y respeto a la autonomía, acceso a los espacios de participación, apoyo para el fortalecimiento, protección, promoción y ampliación de la planeación participativa, acceso a medios de comunicación, y el fortalecimiento de los medios de comunitarios y alternativos”, señala la misiva dirigida al Gobierno nacional.
En cuanto al rediseño, dicen las organizaciones sociales: “Debe además diseñar los instrumentos que podrán usar las organizaciones y movimientos sociales para hacer efectivos sus derechos, tales como sistema de registro y caracterización, los incentivos para la participación, el observatorio y la veeduría ciudadana, el sistema de apoyo para el fortalecimiento, los instrumentos para el seguimiento y verificación de los acuerdos, los protocolos para garantizar el derecho a la movilización y la protesta, las garantías de seguridad y protección a la vida y dignidad de los líderes sociales, la reparación colectiva, la política pública de promoción, fortalecimiento y desarrollo de organizaciones y movimientos sociales, las garantías para sectores, grupos poblacionales discriminados y las garantías en los territorios”.
Hoy los movimientos sociales son vistos por la ciudadanía como un colectivo de ciudadanos pero no como organizaciones políticas que reclaman derechos, reivindicaciones y hacen veeduría social. El registro de los movimientos sociales en la futura ley le permitirá entrar a discutir asuntos neurálgicos de la política. Por ejemplo, cuando se realizan consultas en sectores como el agrario o el ambiental, esas organizaciones sociales inscritas bajo el amparo de la ley podrán interlocutar directamente sobre la conveniencia o no del proyecto que discuta la institucionalidad.
“El proceso de paz sin duda constituye la mejor esperanza para empezar a superar la profunda exclusión, estigmatización, criminalización y violencia a que han sido sometidos los movimientos y organizaciones sociales en el país, entre la que se encuentra el asesinato de 186 líderes sociales entre enero de 2016 y junio de 2017. A su vez, la agenda de negociación con el ELN en su punto 1 “Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz” muestra la necesidad de tener mecanismos que recojan las iniciativas y propuestas de la población”, señala la carta.
“Este estatuto de participación ciudadana es un incentivo para la participación y una herramienta simbólica para relanzar el significado de la participación como parte integral de la democracia para tener una sociedad empoderada, no solo para la paz sino para construir mejores proyectos de vida para la gente y soluciones a las problemáticas de su cotidiano vivir. Sin empoderamiento ciudadano no es posible garantizar mejores formas de vida”, señaló el representante de Voces de Paz, Jairo Rivera.
Y remata la misiva: “Requerimos del gobierno la disposición para, a partir de un borrador inicial y tan pronto sea posible, culminar el diseño de esta ley con la Comisión de Diálogo y el Consejo Nacional de Participación, presentarla y consensuarla en la Csivi, y proceder a presentarla al Congreso de la República para que éste lo tramite por el procedimiento legislativo especial, tal como está en las prioridades para la implementación normativa punto 6.1.10 literal J”.
Se espera que con el proyecto de ley se fortalezcan los movimientos locales y las organizaciones ciudanías capaces de diseñar y contribuir en las decisiones del Estado.
