La población y las organizaciones de derechos humanos organizan una misión humanitaria en la zona para tratar de superar las consecuencias de la crisis fronteriza
Carolina Tejada
@carolltejada
Las confrontaciones armadas y el bombardeo ocurrido en pasado mes de marzo en la frontera colombo venezolana, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y una agrupación armada de disidencias o guerrillas de los nuevos bloques de las Farc, en el sector de La Victoria, en el estado de Apure en Venezuela colindante con el municipio de Arauquita en Colombia, generó una grave crisis humanitaria. Cerca de seis mil personas fueron desplazadas y están siendo, en su gran mayoría, atendidas en refugios en el municipio del lado colombiano.
La frontera de más de 2.200 kilómetros ha mantenido un intercambio económico y social entre la población. A La Victoria, territorio en donde ocurrieron los hechos, hace 70 años, según recuerda la población, llegaría la gente que, luego de una ofensiva del Ejército colombiano sobre suelo nacional, atravesó el río que separa a los dos países para resguardarse de la violencia. En esta parte del territorio, no solo hay intercambio y presencia familiar colombiana y venezolana, también ha existido un intercambio económico y cultural histórico.
Sin embargo, por ser un paso estratégico para acciones militares y la comercialización de mercancías, existe una disputa territorial por parte de los grupos armados que operan en la zona. En este paso fronterizo la presencia de los armados se fortaleció luego del acuerdo de paz, como también se fortaleció la llegada de población venezolana desde el interior del país bolivariano, que, de manera voluntaria, pasa la frontera a pesar de las nulas relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, a fin de buscar alternativas económicas en otros países. Pero, por otro lado, también aumentaron las acciones ilegales, trata de personas y la comercialización de mercancías y alimentos de los grupos armados y narco paramilitares, acciones que han generado tensiones sobre la población.
Con la presencia militar de lado y lado de la frontera, lo más notable sigue siendo la ausencia de condiciones sociales y de derechos para la ciudadanía de ambos países, más allá de las particularidades que corresponden a cada gobierno y territorio. Y, con preocupación se observa un pulso en el tratamiento político y militar al conflicto, que de no ser consecuente con las decisiones que se tomen, podrían traer repercusiones sobre la población civil y la soberanía de ambos países a futuro.
Tras la confrontación que dejó a varios militares venezolanos y guerrilleros colombianos heridos y otros más asesinados, se conoció que, luego del Consejo de Seguridad del gobierno colombiano para atender la situación, se orientó el despliegue de más de cuatro mil soldados fuertemente armados a la frontera so pretexto de resguardar la seguridad de la población civil.
Pero, además, se supo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió cuatro aviones de transporte estratégico ‘C-17 ‘Globemaster’ a varios aeropuertos de Colombia. Las aeronaves de carga aterrizaron entre el martes 30 y el miércoles 31 de marzo en los aeropuertos El Dorado de Bogotá, José María Córdova de Rionegro, Ernesto Cortissoz de Barranquilla y en el Comando Aéreo de Combate N°2 de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en Apiay, Meta. Movimientos que inquietaron al gobierno venezolano quien ha mostrado capacidad militar para responder ante cualquier amenaza sobre suelo nacional. Y así lo expresó públicamente el presidente Nicolás Maduro, quien además aseguró, que no va a permitir que los hechos ocurridos se presten para una inminente internación militar sobre Venezuela.
Frenar la guerra contra Venezuela
La población, y las organizaciones de DDHH que por años han venido acompañando a las comunidades en el departamento de Arauca, han llamado a la solidaridad con el territorio, con las familias colombo venezolanas que en este momento habitan o han tenido que abandonar La Victoria, en el estado Apure, y llaman a frenar las acciones militares que, desde cualquier organización armada, no solo pongan en riesgo a la población civil, sino que, además, se dé pie para agudizar las condiciones de vulnerabilidad por las cuales atraviesa el hermano país de Venezuela.
Desde varios sectores sociales se ha hecho expresa la preocupación de que, las acciones militares fronterizas por parte de grupos irregulares o insurgentes, no solo se pueden prestar para que, desde los organismos que han venido desestabilizando por medio del bloqueo económico y la estrategia militar y mediática en contra de la soberanía y democracia del país, ayuden a justificar acciones, igualmente militares invasoras para una confrontación intraestatal, más aun cuando existe evidentes acciones políticas por parte del actual gobierno colombiano en connivencia con los EEUU, que han ayudado a agudizar y prolongar la crisis humanitaria en este país.
Dos elementos dan fuerza a este argumento. Por un lado, y como se menciona en la carta de la Secretaría Ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad, publicada el pasado 5 de abril, hay una interacción de hechos violentos a fin de minar el camino del proceso bolivariano en Venezuela y que han sido amparados o apoyados por gobiernos de derecha, no solo en el exterior, sino también en la frontera.
La Red de Defensa de la Humanidad, hace especial hincapié en casos como: “la infiltración de más de un centenar de paramilitares con uniformes venezolanos en las cercanías de Caracas para perpetrar el asesinato del Presidente Hugo Chávez Frías en 2004; la intentona de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro efectuada por opositores entrenados en Colombia en 2018; el intento de invasión disimulado como introducción de ayuda humanitaria por la frontera con San Cristóbal en 2019; la derrotada invasión por mercenarios de la empresa Silvercorp entrenados y armados en Colombia y trasladados en lanchas de desembarco del ejército de dicho país en 2020”.
Estos hechos consecutivos tienen importante relevancia dada la evolución del fenómeno de la guerra en el último siglo y que, se cimenta en que, abandonando el modus operandi de las guerras del siglo XIX en las que ejércitos se enfrentaban a muerte, ahora se busca, bajo la premisa de la supuesta protección de los derechos humanos de la población civil, adelantar acciones intervencionistas militares so pretexto de protegerles de un peligro inminente.
Esta guerra irregular, en la actualidad, es la que ha sometido a países como Irak, Palestina, Cuba, y en los últimos tiempos a Venezuela a acciones que van en contraposición del DIH, de los derechos humanos, la soberanía de los pueblos, y han sido reprochados desde el punto de vista jurídico y moral en el mundo.
Y, por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, las medidas coercitivas y la violación a los derechos humanos a Venezuela por medio del bloqueo económico. Este argumento lo describe muy bien un documento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual, el pasado 23 de marzo, resuelve condenar dicha imposición unilateral contra la República Bolivariana de Venezuela, por ser violatorias del disfrute de los derechos humanos en el país.
En dicho documento se manifiesta, “se siguen promulgando, aplicando y haciendo cumplir medidas coercitivas unilaterales, con todas las consecuencias negativas que tienen para las actividades sociales y humanitarias, y el desarrollo económico y social de los países menos adelantados y los países en desarrollo”. Esta resolución tiene que ver con las acciones que EEUU adelanta mediante la guerra económica contra Venezuela.
Dos de estas medidas se han visto reflejadas en la imposibilidad que tiene Venezuela de adquirir diésel o los aditivos necesarios para el mismo, y que tiene como consecuencia que el transporte interno para los alimentos, la medicina y actividad económica e industrial etc., se frenen. En ese mismo sentido han bloqueado al país para impedir el pago de 300 millones de dólares a la OPS para vacunas contra el covid-19, dado que el Banco de Londres secuestró el oro del pueblo venezolano.
Paz a la frontera
Tomando la iniciativa para frenar cualquier tipo de recrudecimiento de la guerra en la frontera, las organizaciones de derechos humanos han llamado a una acción solidaria, colectiva y binacional, en función de frenar la guerra y garantizar la paz en la frontera. Parar las acciones militares en la frontera, garantizar los derechos de la población civil colombo venezolana y la soberanía de los países vecinos es el objetivo.
Esta acción también busca garantizar un blindaje a la población desplazada y rodear y garantizar sus derechos a la integridad física, pero, además a un retorno digno y con garantías. Así lo han venido planteado las organizaciones locales y en particular, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.
Además, se está organizando una misión humanitaria en la zona, por un lado, en función de evidenciar el daño causado a la población por el bombardeo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se revisen los excesos y, por otro lado, se revisen, de manera paralela las violaciones de los derechos humanos que se han venido presentando del lado colombiano y se puedan adelantar acciones para la convivencia y la paz local. En este sentido, también se trabaja en la presencia y coordinación con los organismos internacionales garantes de los DDHH, así como de las organizaciones nacionales.
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