Son muchas las mujeres víctimas de violencia sexual, en medio del conflicto armado, que ven en la JEP, Justicia Especial para la Paz, una nueva esperanza para la garantía de la verdad y del castigo para los agresores
Renata Cabrales
@RENATARELATA
El pasado 24 de abril del presente año, la organización Sisma Mujer hizo llegar a la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad dos nuevos informes, que documentan 72 casos sobre violencia sexual durante en el conflicto armado, en diferentes regiones del país. Asimismo, Linda Cabrera, subdirectora de la entidad, afirmó para los medios que las víctimas confían en la JEP y “estos dos informes demandan acciones concretas para reconstruir lo sucedido y garantizar los derechos de las mujeres con la verdad plena”.
Las mujeres asistentes al acto de entrega en la sede de la JEP hicieron saber a la audiencia que las víctimas de violencia sexual, “por primera vez confían en la justicia”.
Para la comisión de la verdad este tipo de informes facilita la búsqueda de la verdad que hasta ahora no ha sido reconocida en los casos de violencia sexual en medio del conflicto armado. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas ha informado que al menos, 24 mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el marco de la guerra.
Justicia y verdad
Conocidos son los hechos de violencia que sucedieron en septiembre de 2005 en la vereda Pueblitos, ubicada en El Zulia, Norte de Santander, tres hombres armados, vestidos de camuflado, con armas de largo alcance, ingresaron abruptamente a diferentes casas, robaron y abusaron sexualmente de dos mujeres. Uno de los responsables de este hecho inhumano es el soldado Guerrero Ortega, quien ha intentado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que ha sido motivo de debate, pues la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó su traslado a una unidad militar, pues se supone que el militar no cumplía con uno de los requisitos y es que los hechos “tengan que ver con el conflicto”. La Sala dijo “que el crimen que cometió Guerrero no fue consecuencia de las habilidades que adquirió durante el conflicto y que este no pesó a la hora de decidirse a robar y a violar a las dos mujeres”.
Así, según informe, para la Sala el soldado violó a las dos mujeres precisamente por ser mujeres: “Sus cuerpos fueron instrumentalizados como fuente de satisfacción masculina”. Y citó un concepto de la Comisión de Género de la JEP, de junio de 2018, que dice que “no todos los delitos de violencia sexual y de género, aunque sucedan durante el conflicto, están relacionados con este. Allí se dice que se debe tener en cuenta que el autor del delito sepa la relación entre el delito que cometió y el contexto de violencia”.
Sin embargo, para las víctimas que hacen parte de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no significa impunidad “porque sabemos que si los victimarios no confiesan lo que hicieron se expondrán a ser vencidos en juicio y podrán recibir 20 años de prisión. Así mismo, quienes se sometan a la JEP tendrán que enfrentar un proceso judicial y cumplir la pena que les sea impuesta”. Afirman en su artículo publicado en Colombia 2020 de El Espectador “La JEP: una esperanza para las víctimas de violencia sexual”.
De igual manera, afirman en su artículo las mujeres de la red que “las experiencias que tenemos con la justicia ordinaria no son las mejores: es un proceso largo y demorado que incrementa la impunidad de este delito, que actualmente alcanza el 97 por ciento…Llevamos años esperando la verdad. Nuestros cuerpos fueron usados para sembrar terror en una guerra que no era nuestra y tenemos derecho a saber por qué”.
El taladro, el caso más aberrante
Hernán Giraldo era conocido como “El Patrón” de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también como “El Tigre” y “El Viejo”, pero sobre todo, era llamado con el apodo de “El Taladro”, porque no solo usaba esa herramienta como arma de tortura sino que además usaba su poder para abusar sexualmente de niñas vírgenes.
La investigadora Norma Vera Salazar documentó, desde 2002, la historia de las violaciones que llevó a cabo el exjefe paramilitar, Hernán Giraldo Serna, y registró que este habría cometido abusos sexuales durante más de 20 años contra niñas y adolescentes nativas de pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Así mismo, el “Taladro” revivió en la población la antigua práctica del derecho de pernada, implementada en la Edad Media cuando los señores feudales se acostaban la primera noche de bodas con las esposas de sus siervos. Asimismo, la investigadora documentó que el exjefe paramilitar abusó de 200 menores de 14 años, durante 15 a 20 años, época durante la cual las mujeres quedaron embarazadas y se convirtieron en sus mujeres, llegando a tener así, una especie de harén.
Pero la historia no termina ahí, pues, lo que más le interesaba al temido abusador de menores es que sus hijos e hijas hicieran parte de la guerra. Hoy en día, una de sus hijas, Amparo, es la comandante de Los Pachencas, grupo armado heredero del exjefe paramilitar y así diferentes grupos armados dirigidos por hijos de este, han liderado la zona desde hace más de diez años.
La falsa condena
Pero lo que más ha causado indignación es que, según un artículo publicado en un reconocido medio escrito del país, el exjefe paramilitar recibiría por estos días una condena irrisoria por todo el daño causado a tantas menores de edad de la zona que controlaba, pero según Ángela Cerón, representante de Iniciativa de Mujeres por la Paz, IMP, una organización que apoya a un grupo de víctimas de “El Taladro”, en entrevista con la Silla Vacía, “las audiencias a puerta cerrada por delitos sexuales empezaron la semana pasada en Santa Marta y que esperan que en próximos días se profiera una sentencia final en contra del exparamilitar”.
Es de esperar que la JEP, Justicia Especial para la Paz, cumpla con las expectativas de justicia y verdad que tanto han esperado las víctimas de violencia sexual, en el marco del conflicto armado en Colombia y que no han sido pocas.
