El bloqueo institucional puede llevar a declarar el estado de conmoción interior, preludio de una Asamblea Constituyente uribista que desmonte las Cortes y disuelva el Congreso. La ciudadanía debe radicalizarse, exigir el respeto a la democracia y detener el golpe de Estado institucional que se prepara
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
No hace falta ser un aguzado observador para darse cuenta de que el Gobierno se encuentra en sus horas más bajas. El paro nacional puso en evidencia que su agenda política se parece mucho a un cuaderno escolar cuyo dueño no ha empezado aún a escribir en él y sus páginas continúan en blanco. El presidente es como un colegial que se va rajando en todo porque solo le pone atención a las asignaturas de música y educación física.
Ante el estruendoso llamado de atención que significó el paro nacional, el Gobierno dejó ver su rostro más infantil primero evadiendo su responsabilidad con un categórico “yo no fui” y luego dilatando la búsqueda de soluciones con un cínico “ya va, ya va…”.
Pero no hay que equivocarse. Por más que lo parezca, no estamos ante un niño irresponsable que no asume sus compromisos sino ante el uribismo, un sector político acostumbrado a las más sucias tácticas para hacerse con el poder y destruir a sus adversarios. Y ese sector es el que parece encontrarse en el comienzo de su declive definitivo.
Eventual bloque institucional
Las encuestas muestran que en los últimos meses –que coinciden con el Gobierno Duque– la favorabilidad de Uribe y del propio presidente no para de disminuir, lo que se comprobó con las más recientes elecciones regionales y locales en las que su partido tuvo un resultado desastroso.
Por ello debe ser tenida en cuenta la advertencia que en los últimos días hizo el senador Roy Barreras sobre un eventual bloqueo institucional. Según Barreras, el próximo 16 de febrero el magistrado Ariel Salazar termina su periodo en la Corte Suprema de Justicia, con lo que la alta corporación quedará con 15 miembros, uno menos del número necesario para formar quórum. Para nombrar al reemplazo de Salazar y de los otros siete miembros que faltan, la Corte debe tomar decisiones por unanimidad, lo que ha sido imposible hasta hoy.
Ello implica, según Barreras, que el 17 de febrero el país podría amanecer “sin Corte Suprema” debido a su imposibilidad de tomar decisiones por falta de quórum. Ese bloqueo institucional, sumado a la interinidad del fiscal general quien lleva ocho meses sin ser elegido en propiedad, puede llevar a que sectores radicales del uribismo pidan la declaratoria de conmoción interior.
La conmoción interior es una figura constitucional y significa que ante “grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”, el Gobierno puede, por 90 días prorrogables, suspender los derechos, las garantías y las leyes que vayan en contravía de los motivos por los que se declaró la conmoción. Es decir, algo muy parecido a una dictadura.
El fantasma de la conmoción interior y golpe
Lo más preocupante es que en mayo pasado –cuando la JEP prohibió extraditar a Jesús Santrich– se alzaron muchas voces de la derecha pidiendo a Duque la declaratoria de conmoción interior para así hacer la extradición a la brava. Es decir, hay muchos en la derecha y en la ultraderecha que están ansiosos de que se presenten los motivos para declarar un estado de conmoción interior. Pero si ya no se trata de Santrich, ¿entonces ahora para qué?
Hay aquí una estrategia de debilitamiento del Estado de Derecho a través de un golpe de Estado institucional que salve al uribismo como proyecto político y que necesariamente logre la impunidad para sus líderes. Para ello, el uribismo más extremo acudirá a la figura de la conmoción interior para insistir en su manida propuesta de la Asamblea Constituyente, pensada no para desbloquear a la Corte sino para desmontarla y de paso desmontar toda la cúpula de la Rama Judicial, como fue una de las propuestas de Duque en su campaña presidencial.
Además de la supresión de las Cortes y su fusión en una sola, que sea de bolsillo del uribismo y que nombre un fiscal general a la medida de las absoluciones de Uribe, Andrés Felipe Arias y los parapolíticos, también se podrá disolver el Congreso y crear un parlamento unicameral, pequeño, elitista y al que solo tengan acceso los dueños del poder. Es decir, lo más parecido a un golpe de Estado.
El uribismo no puede en solitario llevar a cabo semejante empresa. Necesita de otros grupos políticos para formar una mayoría suficiente. Esos grupos políticos –además de los conservadores y los evangélicos– serán el Partido Liberal, Cambio Radical y un sector del Partido de la U, quienes ya definen las cuotas burocráticas que a partir de ahora recibirán en el Gobierno. Esto ha sido normal en la historia de Colombia. Existen muchos ejemplos de cómo el régimen político se ha cerrado y sus élites han pactado cuando ha habido desafíos importantes desde el campo popular. Sucedió en 1854 con la República Artesana, en 1899 con la Guerra de los Mil Días, en 1948 con La Violencia y Jorge Eliécer Gaitán, en los años 80 con el Estatuto de Seguridad y el paramilitarismo, y ocurre ahora a causa del surgimiento de las nuevas ciudadanías y la crisis del neoliberalismo.
Duque no es un títere
Muchas voces bienintencionadas creían –seguramente de buena fe– que Duque era un buen hombre, preso de su circunstancia. Por eso le llamaban “presidente, sacúdase, nosotros lo apoyaremos”. Pero qué va. Duque no es ningún títere. Es, por el contrario, un entusiasta cómplice del proyecto autoritario del uribismo. Por eso no duda en mantener su cara de tonto mientras permite que se difunda el terror a través de amenazas de las Águilas Negras, que no son perseguidos porque según la Policía “no están registrados”.
Por eso continúan los asesinatos de líderes sociales que buscan diezmar a las comunidades y vencer su resistencia. Por eso no se implementa el Acuerdo de Paz y se sigue asesinando a los exguerrilleros. Por eso el fracking, las fumigaciones aéreas con glifosato e incluso los intentos de romper el campo popular con apresuradas candidaturas presidenciales.
En las calles
Estamos en un momento histórico en el que se conjuga una enorme debilidad del uribismo, una movilización masiva y consciente por parte de la ciudadanía y unas élites tradicionales que ven con preocupación un previsible triunfo de las fuerzas alternativas en un futuro próximo. Es un escenario de radicalización, donde las elites se atemorizan, pactan entre ellas, aumentan la represión y debilitan la democracia para conservar sus privilegios.
Este año 2020, que se augura de intensas movilizaciones ciudadanas, debemos exigir también que se respete el Estado de Derecho. Porque lo que nos estamos jugando con el paro va mucho más allá de lo que inicialmente nos convocó el 21 de noviembre. La lucha que se plantea a partir de ahora es por lo mínimo, por el derecho a la vida, por el derecho a tener derechos, por la democracia, por la República, por el derecho a vivir en un país con dignidad.
Si bien será una tarea titánica, la clase dominante tampoco la tiene fácil. Se encontrará con una ciudadanía indignada, consciente y sin miedo, dispuesta a paralizar el país para hacerse escuchar. Duque, estás pillado. Nos vemos en las calles.
