La única salida que tiene el expresidente para evadir la justicia es hacer trizas el acuerdo e intimidar a sus jueces. Para ello necesita que Duque decrete una grave perturbación al orden público
Redacción política
Dos razones mantienen juntos a la dirigencia uribista: hacer trizas la paz y salvar a Álvaro Uribe Vélez de la cárcel. La estrategia para lograrlo es generando una crisis institucional con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de negar la extradición de Jesús Santrich, desconociendo a esa jurisdicción, y los fallos de otras Cortes adversos a sus intereses, decretar la conmoción interior, es decir facultades extraordinarias para reformar el Estado, desmantelar la JEP y desbaratar los acuerdos de paz.
Cooptado el Congreso, el ejecutivo y con nuevo Fiscal General de la Nación, el Centro Democrático queda con casi todo el poder del Estado, excepto la Corte Suprema de Justicia, donde cursan expedientes enteros en contra de Uribe Vélez, el jefe del partido de gobierno.
La renuncia del Fiscal-Odebrecht
La renuncia de Néstor Humberto Martínez, a la Fiscalía General de la Nación, abrió la crisis, deslegitimar la JEP y sus decisiones, y con soberbio discurso, culpó a la JEP por su salida e invitó a movilizarse en su contra.
Martínez huye a los Estados Unidos sin responder por su conflicto de interés en el caso de Odebrecht con el Grupo Aval, a quien defendía; la adjudicación de la Ruta del Sol, las investigaciones por la muerte de Pizano, el testigo contra Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su confuso actuar siendo abogado del empresario Carlos Matos en el caso Hyundai y la compra de funcionarios judiciales para amañar decisiones. Sin embargo, Martínez Neira quiere sonar como presidenciable.
La estrategia uribista
En las siguientes horas a la renuncia del Fiscal, el Centro Democrático se encerró y allí empezó a cocinarse la tesis de la conmoción interior y así tener la facultad de firmar la extradición vía administrativa, reformar la JEP y acabar con los acuerdos.
El siguiente paso fue la elaboración de un proceso judicial express en contra de Jesús Santrich con un video bajo el poder de la Fiscalía que nunca fue allegado al expediente que estudió la JEP para tomar la decisión. De manera sorpresiva se llevó el video a un juez de garantías quien emitió una boleta de captura en contra del firmante de la paz, a pesar de no tener competencia pues los excombatientes tienen su juez natural en la JEP y no en la justicia ordinaria.
La extradición de Santrich y la Fiscalía política
El cálculo para dejar a Santrich en la justicia ordinaria es abrir la puerta para su extradición, cocinar el cambio de reglas de juego para quienes se acojan a la JEP y la posibilidad de que los Estados Unidos pase por encima de la justicia nacional e iniciar en cualquier momento acciones judiciales y administrativas para extraditar a los jefes de la extinta guerrilla. Un mensaje de zozobra a los excombatientes en medio de un confuso escenario de desconfianzas con la institucionalidad del Gobierno.
Clave para el Centro Democrático será la terna para Fiscal General de la Nación y su elección. Por una parte, le da juego político a los partidos de la coalición de Gobierno que tendrán una gran torta burocrática para proveer cargos a sus nuevas alianzas en el Congreso, y por otra, reta al país con una Fiscalía convertida en policía política contra la oposición.
El senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, respondió las declaraciones del senador Uribe sobre la participación de los voceros de ese partido en el Congreso, como una cortina de humo que esconde otros intereses: “Esta es una cortina de humo de Álvaro Uribe que busca realmente evadir la justicia que le está respirando en el cuello. Lo que debe hacer es alistarse para presentarse a la JEP, si quiere pagar una pena transicional, de lo contrario va a pasar muchos años en la cárcel”.
Para la Unión Patriótica los llamados de voceros de la derecha, incluyendo la intervención del presidente Iván Duque, buscando desconocer el rango constitucional de la JEP “haciendo uso de la mentira y la propaganda, ocultando los argumentos de un fallo en derecho detalladamente argumentado en 148 páginas, que invitamos a la opinión pública a conocer; constituye un ataque y un irrespeto abierto a la independencia de la justicia, y a los esfuerzos por consolidar una transición hacia una paz estable y duradera”, señaló Gabriel Becerra, secretario general de esa colectividad.
Defendamos la paz
El colectivo de amplias voces y representaciones políticas “Defendamos la Paz”, que ha venido realizando un acompañamiento a la implementación del proceso en una especie de veeduría, aseguró que la crisis del proceso tiene en el fondo una mezcla de todos los hechos que conducen a hacer trizas la paz. “La verdadera crisis no se desprende de los fallos de la JEP ni de la justicia ordinaria. La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas”.
Y agrega Defendamos la Paz: “El Gobierno nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’”.
La última jugada del Gobierno nacional fue ratificar su intención de decretar la conmoción interior. Así lo hizo saber el exministro del Interior Guillermo Rivera desde su cuenta en Twitter: “Hay quienes dicen que en la reunión que sostuvo el Presidente Duque con los partidos de Gobierno, excepto la U, se dijo que si no se lograba un acuerdo político se procedería a decretar la conmoción interior. Parece que el acuerdo imposible es la excusa para la conmoción interior y hacer trizas la paz”.
Se abre un nuevo frente de defensa del acuerdo de paz, antes que el país naufrague por una dictadura capaz de superar las instituciones judiciales, acabar con el proceso de paz y darle impunidad eterna al presidente natural del Centro Democrático.
Las fuerzas alternativas del país, quienes han defendido el proceso y el acuerdo de paz, han manifestado que al único pacto al que accederá la oposición en Colombia es aquel que deja a un lado las armas y la violencia de la política, para empezar a superar la democracia excluyente y autoritaria construida por décadas y afianzada en los últimos años bajo el régimen uribista.
