Llega el 8 de marzo y poco o nada conocemos de la realidad de las mujeres en Colombia, por lo que es necesario abordar en qué condiciones vivimos y cómo podemos afrontarlas como sociedad. Es claro que existe una vulneración constante de derechos políticos, económicos, familiares, sexuales y laborales, siendo más notorio en el sector rural
Carol Baez
“La falta de autonomía, jornadas de trabajo mal remuneradas, difícil acceso a los servicios, débil proceso organizativo, menor acceso a la propiedad, crédito y asistencia técnica; analfabetismo, pocas oportunidades, inequidades, impactos y consecuencias por desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar y conflicto armado, siguen sin ser tratadas a fondo”1.
En Colombia existe una política pública denominada: de equidad de género y plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias Conpes 161 de 2013; ya que en Colombia el 51% de la población son mujeres, trabajan en promedio 1,5 o 2 horas más que los hombres, solo ocupan el 13% de los cargos para elección popular, aunque tengan trabajos similares las mujeres ganan entre 12% y 16% menos que los hombres, diariamente son asesinadas entre 2 y 3 mujeres, 156 son víctimas de violencia intrafamiliar, 45 son víctimas de violencia sexual, cada cuatro horas una mujer es víctima de violencia por parte de su pareja, por lo que en el 2011 el gobierno desarrolló un proceso de construcción participativa para la formulación y adopción de la política pública de equidad de género y de las mujeres y el plan para garantizar una vida libre de violencias.
¿En qué consiste?
Vamos a hablar teóricamente; esta política pública pretende resolver la inequidad, la desigualdad, el patriarcalismo cultural y la violencia contra la mujer, su objetivo es contribuir a garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres colombianas, aplicando los principios de igualdad y no discriminación.
Esta política pública además, comprende el plan para garantizar una vida libre de violencias, que busca poner en marcha un conjunto de acciones estratégicas por sectores que permitan erradicar la discriminación, garantizando el ejercicio de los derechos de las mujeres, y de esta manera, generar beneficios para el conjunto de la población colombiana.
Realidad
A pesar de mencionar una cobertura nacional, no discrimina el trato diferencial para las mujeres urbanas o rurales y, dentro de este último grupo, las indígenas, campesinas, afrodescendientes y la población Rom; ni tampoco los rangos de edades y las diferencias sociales en las que están situadas algunas mujeres. Así mismo, en cuanto al potencial transformador de la política, en el fondo hay una pretensión de visibilizar el tema de la “economía del cuidado”, pero no es muy claro, puesto que se hace un esfuerzo por la igualdad de género y de oportunidades laborales para las mujeres por fuera de las actividades propias del hogar. Cabe entonces preguntarse: ¿Hasta qué punto se termina multiplicando la carga de la mujer, si después de trabajar como asalariada vuelve a su casa a cubrir las tareas del hogar?
Esta política tiene un origen en el enfoque centrado en la sociedad, pues los actores han marcado una exigencia en el respeto de los derechos de la mujer; pero, como está planteada actualmente, corre el riesgo de presentar un enfoque centrado en el estado porque puede terminar en una política asistencialista, donde más que responder a la equidad de género responde a una concepción instrumentalista del rol de las mujeres.
¿De dónde surgió?
Fueron los movimientos de mujeres las que obligaron en la práctica al Estado colombiano, para considerar al fin promover una política pública que garantizara la no vulneración de los derechos de las mujeres y por ende disminuir las tasas de violencia contra las mismas, finalmente a ese trabajo deliberativo se unieron diferentes ministerios, Colciencias y por supuesto la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer decretándolo en el año 2013.
Es contundente que los programas que acompañen esta política sean respuestas a problemas locales, donde las dinámicas de los territorios manifiesten necesidades e imaginarios particulares, y por tanto queda el análisis de manera general en cualquier política que se estudie. Como se trata de un avance en el reconocimiento de la mujer y sus derechos (gracias a las luchas, búsquedas y respuestas de las mujeres del mundo), la política debe considerar mecanismos que permitan la participación de minorías femeninas, como podrían serlo mesas de veeduría, seguimiento y sobre todo de evaluación de la política.
De igual forma, es nodal que ésta política pública realmente trabaje en función de los cambios de paradigmas culturales que son los que permiten que se siga reproduciendo el maltrato y la discriminación hacia la mujer y que por más que se instalen mecanismos de veeduría para monitorear la implementación del Conpes, poco o nada puede hacerse en relación con la efectiva garantía de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
Se hace necesario que este camino iniciado con el 161 llegue al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y feministas para una elaboración más amplia de los orígenes culturales, políticos y económicos de la desigualdad entre géneros en Colombia.
1 Suárez, N. (2005). Políticas de Mujer Rural en Colombia. Una aproximación analítica desde la perspectiva de género. Agronomía, 13 (2): (77-93). Recuperado de: http://agronomia.ucaldas.edu.co/downloads/agronomia13-2_8.pdf
