Al término de la semana pasada iban 107 pilotos despedidos y otros tantos sancionados. Aunque falta una segunda instancia, los aviadores creen que las determinaciones serán ratificadas
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Hasta la semana pasada iban 107 pilotos despedidos y otro número de sancionados por la transnacional Avianca, en lo que se configura como una masacre laboral y el exterminio de un sindicato, producto de la revancha de la empresa por la huelga realizada durante 51 días, el pasado año.
Los procesos disciplinarios se iniciaron el 26 de febrero, luego de ratificado el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que en diciembre declaró ilegal la huelga y que le dio luz verde a la aerolínea para que citara a sus pilotos a descargos.
La Corte había fallado la ilegalidad del cese de actividades argumentando que el transporte aéreo es un servicio público esencial, y que en el proceso de votación de los pilotos no se convocó a la totalidad de trabajadores de la empresa. Igualmente, que en la asamblea no habían estado más de la mitad de los afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac.
Pero los pilotos expresan que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, junto con preceptos constitucionales afirman que este no es un servicio público esencial, incluso señalan lo que dijeron los magistrados que hicieron salvamento de voto en la misma Corte.
Las audiencias
Apenas hubo vía libre, Avianca inició los juicios en los que citó a audiencias a 26 aviadores por día. Pilotos que hablaron con VOZ bajo la reserva de su nombre, comentaron que estas se realizaron al norte de Bogotá e inicialmente a algunos les negaron el derecho de ingresar en compañía de un abogado. Otros decidieron entrar solos pensando que al ir sin el sindicato la empresa podría tratarlos mejor. Estaban equivocados.
Otros entraron con un documento elaborado por la Acdac, en el que exponían los normas constitucionales, la violación al laudo arbitral por parte de la compañía y la normatividad internacional que los protege por haber realizado la huelga.
Cuando los acusados ingresaban se encontraban con una carpeta con el fallo de la Corte y pruebas en su contra. Les leían los cargos, les decían que habían participado en un cese ilegal por lo que habían sido citados. Les mostraron fotos de ellos bajadas de las redes sociales personales, en las que querían probar el grado de participación dependiendo de con quiénes aparecían; en mítines, marchas o con dirigentes de Acdac. Algunas de estas habían sido tomadas en contextos diferentes al del paro. Dentro de las pruebas estaba un informe del jefe de pilotos en el que se reportaban los días en los que no se presentaron a laborar. Al ser preguntado, el aviador remitía al documento elaborado por Acdac.
Luego de dos horas de reunión, le decían que la empresa había perdido confianza en él y que por lo tanto quedaba despedido. A otros les dijeron que habían sido sancionados por ocho días.
Lo que viene
Como lo estipula la convención colectiva, ahora los despedidos y sancionados pasarán a una segunda instancia en la misma compañía, ante vicepresidentes o funcionarios pares en cuanto a rango, quienes seguramente ratificarán la mayoría de las decisiones.
Los pilotos también alegan la violación al debido proceso porque se citaron muchas audiencias al mismo tiempo y los miembros de la directiva sindical no pudieron acompañar a los procesados.
Según el abogado laboralista Nicolás Escandón, estos trabajadores aún tiene recursos como un debate con la Corte Constitucional, que se podrá dar a través de una tutela, contra el fallo de ilegalidad y asegura que también es evidente la falta de intervención del Ministerio del Trabajo para dar garantías al debido proceso. “Con lo anterior se configura la posibilidad de que presenten una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señalando la importancia que debe brindar el Estado colombiano por el respeto de asociación y huelga.”
Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, le dijo a VOZ que ya se presentó una contrademanda en la Corte Suprema de Justicia con base en los argumentos expuestos por los tres magistrados que hicieron salvamento de voto.
Para esta central sindical, lo hecho por la aerolínea contraría lo acordado por el Tribunal de Arbitramento en el laudo arbitral expedido en noviembre de 2017 y que es ley para las partes, al señalar que ninguno de los pilotos de Avianca podría ser despedido por razón del conflicto colectivo. De esta manera, se incumple y por consiguiente, sus decisiones son arbitrarias e ilegales: “A esta situación se ha llegado, primero, por la arbitrariedad de la empresa y del señor Efromovich y, segundo, por la complicidad y la tolerancia que el Ministerio del Trabajo ha tenido ante el desarrollo de este conflicto a favor de la empresa y desconociendo los derechos de los pilotos.”
Más ataques
Pero no solo los pilotos han tenido que soportar los abusos laborales, la negativa a negociar sus derechos en la empresa, la persecución sindical y la evidente complicidad entre Avianca y el Estado, sino también la creación de matrices de opinión por parte de los grandes medios de comunicación con la intención de ilegitimar sus acciones y justificar los despidos.
Como si fuera poco, el presidente de Acdac, Jaime Hernández, ha sido demandado por pánico económico y por obstrucción de la justicia. La primera acusación fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por parte de la aerolínea, luego de las declaraciones del Capitán en CNN en cuanto a los problemas de seguridad aérea, a propósito del accidente del avión de la aerolínea boliviana Lamia, en noviembre de 2016.
Y la segunda, por haber denunciado penalmente a la Fiscal 131 Seccional Bogotá, Sandra Yaneth López, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, luego de la posible extralimitación de funciones de la Fiscal al pedir, so pretexto de las indagaciones que se adelantan por el presunto delito de pánico económico, evidencias que no tienen relación con la investigación y que, por lo contrario, constituyen persecución al sindicato. Entre los hechos que respaldan la denuncia está el allanamiento a la sede ordenado el pasado 21 de noviembre, diligencia suspendida cuando los medios de comunicación alertaron sobre la irregularidad. Además, está el requerimiento de documentos de carácter privado de la Asociación que en nada inciden en las declaraciones dadas por el presidente de Acdac.
Así las cosas, y al ver la ilegalidad de huelgas en otros sectores económicos y en entidades del sector privado y estatal, parte del movimiento sindical se ha mostrado alerta por la evidente configuración de un modus operandi en el que las protestas son prohibidas para dar vía libre a masivos despidos y al debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores.
