La resistencia y grandeza del pueblo colombiano han impedido que los desgobiernos de algunos presidentes hayan causado mayores daños a la convivencia y a la escasa democracia. Ahora estamos viviendo una lesiva situación consecuencia de las políticas concebidas por el líder del Centro Democrático Álvaro Uribe y ejecutadas por Iván Duque y su gabinete. Una vez más el objetivo de una ley es concentrar el poder y alterar las funciones de alguna institución. Esta vez es la reforma de la Procuraduría para aumentar la capacidad de manipulación de un funcionario que responde a las orientaciones tendenciosas de Álvaro Uribe, Margarita Cabello.
La reciente aprobación en el Congreso de la República de la reforma a la Procuraría, llamada reforma al código disciplinario, es un golpe a la institucionalidad del país, ya que cambia la naturaleza de uno de los órganos de control, rompe su autonomía y crea una nueva instancia judicial puesta al servicio del Centro Democrático. En otras palabras, es un instrumento que se utilizará para garantizar la impunidad de los cientos de militantes de eses partido político actualmente juzgados por sus acciones violatorias de la ley.
El presidente Duque ha lesionado de manera grave la autonomía e independencia del poder legislativo al direccionar sus decisiones mediante la mal llamada mermelada. El mandatario en función de los intereses ilegítimos del Centro Democrático seduce a los parlamentarios inmorales mediante el ofrecimiento de cargos u otras canonjías para lograr que se le aprueben leyes que violan la Constitución y que resultan dañinos para la institucionalidad relativamente democrática del país ya que lesionan la autonomía de las instituciones encargadas del control de la conducta de los funcionarios.
Para que no queden dudas de la intención de Cabello de adjudicarse atribuciones no contempladas en la Constitución, basta leer el Proyecto de Ley 423 aprobado en el Senado, para reformar el Código Disciplinario. Por esta vía el Congreso desconoce e incurre en desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que para el caso de Petro (cuando era Alcalde de Bogotá) expresó que la Procuraduría no tenía las facultades sancionatorias para destituir o inhabilitar a los funcionarios elegidos con voto popular, ya que sólo un juez penal y después de un fallo condenatorio tiene la facultad de despojar o suprimir los derechos políticos.
La procuradora y el gobierno de Duque han interpretado perversamente el fallo de la Corte IDH, para cambiar el contenido y los alcances de la institución de control, adoptando funciones judiciales, cuando la esencia de su naturaleza constitucional es la vigilancia en el orden administrativo. El presidente está anulando cualquier posibilidad de control (parlamentario, judicial, administrativo), evita el seguimiento y la vigilancia, para no rendir cuentas a nadie, esto es dictatorial.
En esta línea, aumentan las amenazas de abrir investigaciones a senadores y representantes de la oposición (Alexander López, Inti Asprilla, Ángela María Robledo, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Antonio Sanguino), Son maniobras preelectorales de un gobierno dictatorial, que aplica la persecución política y pretende silenciar a la oposición para impedir que se pueda producir por la vía electoral un cambio democrático. Con estas maniobras la Procuraduría se convierte en el principal instrumento que usará el uribismo para destituir o inhabilitar funcionarios de elección popular y dejar por fuera a otros candidatos de la oposición y evitar el cambio político.
Además, la reforma no responde a lo solicitado, normaliza el clientelismo preelectoral, ya que le concede facultades especiales al presidente para aumentar o reformar la planta de personal (500 cargos nuevos). Es una pérdida total de la autonomía que deben tener los órganos de control del Estado y demuestra la irresponsabilidad del gobierno ante la crisis social y financiera, por lo cual se han realizado innumerables llamados por parte de organizaciones sociales para orientar el gasto del Estado para superar la pandemia. Lo de fondo es burocracia y politiquería en campaña electoral.
El uribismo está preparando mecanismos de fraude, de impunidad absoluta, de represión violenta y de persecución política, para obstaculizar la unidad popular, debilitar el proceso del Pacto Histórico y evitar a toda costa el cambio político y democrático en el país.
Respaldamos todas las acciones de denuncia, llamamos a los sectores y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los juristas demócratas, a generar iniciativas de denuncia nacional e internacional de la dictadura, para que, además apoyen las iniciativas populares que se proponen avances progresistas para acceder al sendero que hoy transitan pueblos como el chileno, el boliviano y el peruano.
Si asimilamos esas lecciones tenemos que decantar y fortalecer los procesos unitarios que son los únicos que nos garantizan la posibilidad de derrotar los escarceos dictatoriales del Gobierno del Centro Democrático. No podemos fallarle al pueblo que tan valientemente lucha en las calles por la democracia.
