Durante la pandemia, la tradicional violencia en este departamento se ha exacerbado, gracias a la impunidad reinante, lo que aumenta la incertidumbre de la población
Carolina Tejada
@carolltejada
Las subregiones que componen la magnitud del departamento, tales como el sur de Córdoba, el medio y bajo Sinú, al igual que la zona costanera, viven en la actualidad un agudo panorama, en donde no pareciera que existiera Estado, y el que hay, poco o nada sirve para controlar la corrupción o acudir a los territorios olvidados, a donde han llegado el rearme, el aconductamiento social y el terror paramilitar.
El anhelo de la población, en este territorio, era que se implementara el Acuerdo de Paz, en sus caseríos y veredas, sin embargo, contrario a ello, el llamado Clan del Golfo, principalmente, ha retomado el control luego de la dejación de armas por parte de la antigua guerrilla de las FARC-EP.
El 7 de abril del año pasado el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo varios llamados de atención a la gobernadora Sandra Debia, pues la actitud de la mandataria, no solo reflejaba su poca voluntad de intervenir desde la institucionalidad en estos casos, sino que, además, estaba dando a entender que los desplazamientos masivos que se estaban registrando, no tenían relación con el conflicto armado. Sin embargo, el año pasado se registraron más de dos mil personas desplazadas forzosamente del sur del departamento.
La pandemia no paró a los paras
Dialogando con Jorge Espitia, uno de los líderes sociales de la región, este contó que la situación de violencia en el marco de la pandemia no cesó, por el contrario, sigue agudizándose, debido a la alta conflictividad que se presenta entre los actores armados, pero también por el cúmulo de intereses que hay tras las economías ilícitas.
De esta situación han estado pendientes las organizaciones sociales, los procesos campesinos, cultivadores de la hoja de coca y la misma cooperación internacional. Por eso asegura el líder, no es gratis el asesinato de líderes: “El 2 de junio fueron asesinados dos integrantes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, cuya denuncia, a pesar de salir en diferentes medios, fue opacada por la crisis del covid-19. Las otras regiones también presentan graves indicios de violencia, la cual ha pasado desapercibida debido al bajo nivel de denuncia, el miedo frente a las represalias de los mismos grupos y la poca presencia de la institucionalidad”.
Es decir, en tiempos de pandemia se ha incrementado la violencia, “particularmente en el Sur de Córdoba, donde las comunidades y municipios estuvieron confinados, no solo por la orientación del gobierno en dicho sentido, sino por orden de los grupos armados ilegales, quienes, aprovechando la situación, impusieron su ley, a través de un mayor control territorial”. El líder asegura que la cotidianidad de la población se ha visto intervenida por esta situación.
El defensor de derechos humanos y periodista, José David Ortega, quien ha venido denunciando la corrupción, situación que le ha generado amenazas contra su vida, asegura que la violencia que se vive en el sur de Córdoba “es fruto de las disputas territoriales entre tres grupos armados ilegales, principalmente, y que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los que se hacen llamar el Bloque Virgilio Peralta Arena y los nuevos GAOS residuales del frente 18 Román Ruiz. Situación que aporta a la inseguridad que afronta el departamento”.
Sin garantías sociales
Hay una particularidad que sobre la violencia que cobija al departamento, por miedo no hay denuncias sobre los crímenes. Por ello, Espitia comenta que, “basta consultar con las personas de áreas rurales de municipios como San Pelayo, Puerto Escondido, Moñitos o Canalete, para saber que este control territorial, que ya se ejercía en esta zona, se incrementó con la pandemia debido a que los grupos ordenaban a las personas abstenerse de salir a los cascos urbanos, recibir familiares o demás personas que pudiesen ser portadoras del covid-19, no en aras de cuidar la población, sino sus integrantes”.
También asegura el líder, que se da como una forma de evitar la presencia institucional en estas zonas y que, el comercio se ha abierto por días con el fin de garantizar el pago de las vacunas por parte de las comunidades: “Un día se ordenaba la restricción de actividades económicas y en otro se ordenaba realizarlas, quizás como forma de garantizar el pago de las vacunas que deben pagar los miembros de las comunidades que generen algún tipo de renta”.
Resalta además que otro de los elementos que le ha abierto camino a los grupos armados es “la falta de inversión social, que a su vez, parte de la falta de voluntad política de los gobernantes locales y nacionales. Todo esto contribuye a esta situación de orden público, frente a la cual la única solución que proponen es el envío de las fuerzas militares y, por tanto, la no inversión de recursos en obras que generen un impacto social, pero sí se invierte en la fuerza pública, lo que ayuda a avivar la violencia”.
Igualmente, afirma Espitia que, mientras no exista inversión social, inversión a la educación, al empleo, etc., “los grupos armados van a seguir fortaleciéndose, pues la única oportunidad con que cuenta una familia sin ingresos, cuyos hijos no tienen oportunidad de estudiar y de hacer una formación técnica o profesional que le permita poder gestar el sustento para su vida y la de sus familiares, es sumarse a estos grupos armados ilegales”, lo cual, explica, es una situación que padece todo el departamento.
La respuesta institucional
La única entidad que goza de confianza por parte de las organizaciones, según comenta el líder, es la Defensoría del Pueblo, ya que “es la única que evidencia la problemática que hay en el territorio. En el caso del sur de Córdoba, en este momento, tenemos la Alerta Temprana 054, que está vigente y en la cual se relata cómo se está viviendo el conflicto en el territorio”. También resalta la Alerta Temprana 005 del 2020, “la cual da fe de cómo los grupos al margen de la ley o los grupos paramilitares, como el Clan del Golfo han ido creciendo”.
Esta última alerta es de especial importancia porque “resalta el caso de los cinco municipios del sur de Córdoba y, además, cobija los municipios de Planeta Rica, Montería, San Carlos y Lorica, ubicados en las regiones del medio y bajo Sinú, y no es común que se reconozca dentro del mapa de violencias del departamento”. Sin embargo, expresa el líder, a pesar de las alertas tempranas, no se ha visto ninguna acción institucional que inste a mejorar la seguridad y protección de la población.
Ante la aguda situación de la región, que crece en medio de la pandemia, las organizaciones sociales y campesinas han expresado que se trata de un nuevo bloque de control territorial de los grupos paramilitares del Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas, denominado “Resistencia Bajo Sinú”, así mismo lo evidencia la Alerta Temprana 005, enfatiza Espitia. Dicha alerta también resalta que las agresiones contra la población civil, por parte de estos grupos, pasan por atentados contra la vida, la utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación, además de secuestro, desaparición forzada, violencia sexual (especialmente contra mujeres, niños, niñas y jóvenes) y reclutamiento forzado de menores.
El líder también narra que, no solo se han cometido homicidios selectivos, “sino que se han presentado feminicidios. Mujeres que son cruelmente asesinadas, sin que la justicia actué con eficacia. En algunos medios se menciona la noticia, pero se dice que estas situaciones son simples ajustes de cuentas, como si esto fuese parte de nuestro sistema normativo o legal”, ante lo cual asegura, seguirán denunciando de manera contundente hasta que exista justicia.
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