Gerardo Esteban Vargas*
América Latina ha sido objeto -desde la conquista- del saqueo de sus riquezas y recursos: minerales, oro, plata, cobre, gas y petróleo entre otros. El capitalismo, a través de sus diferentes etapas de desarrollo, ha utilizado los aparatos ideológicos para someter a las mayorías, tales como la iglesia, la escuela, las leyes y los medios masivos de comunicación. Cuando se despierta la conciencia social, el régimen acude a la amenaza, disuasión, o exterminio de sus opositores.
Desde la colonia, pasando por la independencia y la división entre el santanderismo y el bolivarismo, la guerra de los mil días, la matanza de los empleados de la United Fruit Company (bananeras), el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, el desarrollo de la guerra interna en Colombia con más de 220.000 víctimas; más de 2.500 sindicalistas asesinados en los últimos 20 años, el exterminio de la Unión Patriótica (UP) con 5.000 víctimas, provocó un retroceso socio-político en el país a tal punto de elegir y reelegir representantes del paramilitarismo en el Senado de la República. El resultado, un país con cuatro magnicidios de candidatos presidenciales: Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, creando las condiciones para que accediera a la presidencia César Gaviria, y así poder instaurar el paquete neoliberal de privatización de empresas del sector público y de apertura económica.
Fortunas
La del banquero Luis Carlos Sarmiento se calcula en unos US$11.000 millones de dólares, o sea, 32.5 billones de pesos, y si se suman las de otros magnates como Ardila Lulle y el Grupo Santodomingo, la cifra es más escandalosa, teniendo en cuenta los niveles de empleo precario, informalidad, pobreza e indigencia de cerca del 60 por ciento de los colombianos.
La rama judicial
Cuenta con un presupuesto para 2017 de 3,2 billones de pesos que incluye el salario de 74 magistrados de las altas cortes que devengan cerca de 27 millones al mes; 700 magistrados de tribunales con 27 millones por mes y más de 6.000 jueces con remuneración entre 8 y 10 millones por mes; auxiliares que ganan entre 1.2 y 9 millones y personal administrativo de 48.000 funcionarios. Lo que quiere decir que la fortuna del banquero de marras equivale al presupuesto de diez veces la del poder judicial o al salario de 480.000 colombianos con seguridad social incluida. Entre tanto los gremios y el gobierno galardonan al susodicho banquero como el “empresario del año”.
Corrupción en el Palacio de Justicia y en la Fiscalía
El caso pútrido del exmagistrado Francisco Ricaurte1 (01/10/2004 al 30/09/2012), quien presidió la Corte Suprema de Justicia en el 2011 indicaría que el “portafolio de servicios” de esta red de corrupción también incluía oscuros negocios en la Fiscalía. Es el peor escándalo que haya afrontado la justicia por la jerarquía de los funcionarios implicados y el tipo de delitos presuntamente cometidos.
Ricaurte quedó privado de la libertad bajo cuatro cargos: concierto para delinquir agravado, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Ricaurte, actuando como un vil capo corrupto de la justicia, defendiendo parapolíticos (hay que ver, esta red cuantos testigos hizo desaparecer, para borrar testimonios y pruebas). La Fiscalía insistió: “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo, organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad administrativa pública y la recta aplicación de justicia”.
Por ello, no es difícil comprender por qué el 90 por ciento de impunidad en los casos de homicidios de líderes y liderezas, defensores de derechos humanos, personas que luchan por un mejor país. Es así, que se debe actuar colectivamente, pero con sujetos acordes a esos principios altruistas. No con líderes aburguesados y enquistados en los puestos, los cuales terminan siendo talanqueras para las ruedas de una verdadera revolución social en equidad e igualdad para todos los colombianos.
* Economista Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS).
1 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/hasta-donde-llego-la-corrupcion-en-la-justicia-articulo-714663 (Consultado el 28 de septiembre de 2017).
