«El estado de las cárceles es indolente, no tienen un plan de contingencia para, al menos, minimizar los riesgos”, asegura Henry Eduardo León Cruz
Carolina Tejada
@carolltejada
Se profundiza la crisis en salud pública en las cárceles colombianas, cada día los contagios aumenta en medio del más amplio hacinamiento y con ella la exigencia de las personas recluidas y defensoras de los derechos humanos para mitigar la crisis y hacer un cambio estructural al sistema penitenciario y carcelario.
John León, es miembro de la Corporación Solidaria Jurídica, él brinda acompañamiento a las personas privadas de la libertad, y es conocedor de la situación que hoy viven los y las reclusas en el país en el marco del actual contagio por covid-19. Él contó que la actual crisis que se vive en las penitenciarías es parte de la agudización de un estado de medidas anticonstitucionales que se han impuesto sobre el sistema carcelario del país.
Básicamente, expresa John, “han sido 22 años de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles en Colombia. Mediante la sentencia T-153, la Corte Constitucional denunció de manera exhaustiva la situación y la permanente violación a los derechos de la población privada de la libertad”. El defensor de DD.HH. hace referencia a la elevada tasa de hacinamiento, a la ausencia de derechos como la salud, la alimentación, entre otros.
Según su relato, el sistema carcelario, al que hoy le corresponde atender la emergencia en el marco de la crisis de la pandemia, es un sistema punitivo, es decir, se basa en construir “una concepción y un modelo de justicia basado casi que de manera exclusiva en la prisionalización. Es un modelo orientado a la criminalización de la pobreza”.
La salud: un derecho negado tras las rejas
Esta ausencia de derechos en las penitenciarías y la alarma que puso la emergencia ante el contagio del covid-19, fue lo que motivó a que, los y las prisioneras adelantaron varios cacerolazos entre rejas, alertando sobre la vulnerabilidad de su estado de salud, de la amplia posibilidad de un contagio en medio del hacinamiento carcelario, pero, en el mes de marzo, cuando iniciaron las manifestaciones, tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, como el mismo gobierno nacional, hicieron caso omiso a sus peticiones, por el contrario el personal recluido recibió garrote, gases, tratos crueles y castigos a quienes señalaron de promover las revueltas.
Comenta John, que, “organizaciones, familiares y el Movimiento Nacional Carcelario, previo a que se conociera el primer caso confirmado de covid-19 en Colombia, había alertado sobre la necesidad de que las autoridades penitenciarias en cabeza del gobierno nacional tomasen las medidas correspondientes para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Contrario a estas solicitudes, lo que se hizo fue dar un tratamiento represivo a la protesta. En la Cárcel Modelo, como es conocido, el Inpec asesinó a 23 reclusos y más de 80 personas quedaron heridas”.
En las cárceles de mujeres también hubo escenarios de protestas. Daniela Buriticá, es psicóloga y funcionaria del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ella nos contó que “al día siguiente el director de la cárcel, en ese momento era Wilson Leal, ya lo cambiaron, pasó por los patios a señalar a algunas presas políticas de ser agitadoras de los escenarios de protesta y el 24 de marzo, estas mujeres fueron trasladadas a la cárcel de Picaleña. A otras les quitaron el trabajo que tenían en la cárcel, el cual tiene como fin la redención de la pena”, según la profesional estas son las represalias para quienes han exigido, en el marco de la emergencia sanitaria, atención y salidas dignas a sus condiciones.
Dos meses después de esta situación, el mismo establecimiento, con su deficiente sistema de salud pública, ha confirmado más de 200 casos de contagio entre muros. Expresa John: “Es lo que se conoce oficialmente, porque existe mucha desinformación, es que hay más de 200 personas que han dado positivo en los exámenes”, igualmente a la primera semana de mayo, se habían confirmado tres personas que habían fallecido por causas asociadas al contagio del covid-19.
Esta problemática se sigue agudizando y se ha ido extendiendo al personal que trabaja en las penitenciarías, pues el Inpec, tampoco les ha brindado las condiciones óptimas para desempeñar sus labores de vigilancia, salud, etc. No existe, según relata John, suficiente material de bioseguridad, ni medidas efectivas para garantizar, “no solo el no contagio, sino poder recibir tratamiento y poder garantizar pues que no se siga propagando aún más el covid-19 en las cárceles”.
Zozobra entre muros
El 3 de mayo, el mismo gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó que de las 86 nuevas pruebas positivas de covid-19 para el departamento, 85 contagios correspondían a la Cárcel de Villavicencio.
Mientras crece la zozobra ante la posibilidad del contagio, las salidas que plantea el mismo sistema carcelario distan mucho de la garantía de derechos para hombres y mujeres que hoy cumplen una condena o que están a la espera de su libertad. Henry Eduardo León Cruz, es un prisionero político que se encuentra recluido en La Picota, en Bogotá, con él pudimos dialogar y contó que “hasta el momento no se han tomado las medidas adecuadas, y es más complicado aún por el hacinamiento. Esta cárcel está habilitada para tres mil personas y en el momento estamos más de seis mil internos. Quiere decir que hay casi un 60% de hacinamiento. Aquí es imposible guardar la distancia según las normas”.
Allí las celdas son muy pequeñas y el hacinamiento, como se ha relatado, es desproporcionado: “Las medidas, más o menos por cada celda son 230×180 metros, ahí se alberga a cuatro o cinco internos. Y, en los pasillos es aún más dramática la situación, estar allí se convierte en una tortura, es un trato inhumano”, expresa León Cruz. Igualmente, relata que para nadie es un secreto que el mismo Inpec “hizo unos traslados irresponsablemente de la cárcel de Villavicencio y expandió el virus en diferentes penales del país”, situación que se denunció en su momento, sin que tuviera resonancia entre los entes de control.
La alimentación y el sistema de salud son pésimos, “por no decir que nula” asegura León Cruz, “ya que contamos con un solo médico para atender a diez mil internos aproximadamente, y tampoco se cuenta con equipos adecuados y de suministros”.
Exigencias sanitarias y humanitarias
Tras las exigencias de poder atender la crisis carcelaria, se decretaron desde el establecimiento algunas medidas, que las mismas organizaciones que atienden la población carcelaria han denominado como un régimen de exclusiones que no permitirá en la práctica que las personas recluidas, pobres o prisioneras políticas, accedan a los beneficios “entre comillas de suspensión temporal de prisión o de pena privativa de la libertad por detención o prisión domiciliaria”, asegura John.
Por su parte, Daniela Buriticá, comenta que las actuales circunstancias de contagio y de crisis carcelaria, amerita, un procedimiento de excarcelación lo más amplio posible, además de que, “sabemos que los alimentos que dan en la cárcel son de mala calidad y esto puede tener afectaciones en su salud, que pone a las personas en un mayor riesgo de contagios. Así como el suministro de agua potable. En el caso de Picaleña, las reclusas sólo tienen derecho a un balde de agua por día”.
Igualmente, que se tomen medidas preventivas acordes a la situación actual de las cárceles, “que haya una respuesta frente a estas fallas estructurales que tiene el sistema penitenciario y carcelario, que van entre la atención en salud, la alimentación, la educación, como los servicios y administrativos”, asegura Daniela Buriticá. Mientras en estas prisiones la situación se continúa agudizando, pese a las mínimas medidas que se han dispuesto, Henry Eduardo León Cruz, quien vive en carne propia esta realidad, expresa que siguen estando “bajo una sensación de tensa calma, acompañada de desesperanza, miedo e incertidumbre debido a que, esta pandemia se expande y no tenemos el mínimo medio para enfrentarla y combatirla. El estado de las cárceles es indolente, no tienen un plan de contingencia para, al menos minimizar los riesgos”.
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