Las respuestas de la Alcaldía han sido insuficientes para mitigar las consecuencias catastróficas de la pandemia, que deja una secuela de muerte y una acelerada crisis económica
UAN Heidy Sánchez
Los años 2020 y 2021 han sido los más duros que han podido vivir Bogotá, Colombia y el mundo. La pandemia del covid-19 ha tenido consecuencias catastróficas por la pérdida de vidas debido a la enfermedad y también por los impactos que tienen las medidas de distanciamiento físico y cuarentenas que golpean la economía de la ciudad y la salud mental y social de sus habitantes.
Estas consecuencias fueron agudizadas por el modelo de salud vigente y, en general, por el modelo de sociedad capitalista neoliberal que piensa primero en asegurar las ganancias del reducido grupo de grandes empresarios que conforman el poder permanente del país, antes que garantizar los derechos y la vida de la gran mayoría de la población trabajadora.
La respuesta en materia de salud
El modelo señalado se manifiesta de manera particular en Bogotá en la atención que se le da en salud a la pandemia, pues son las EPS e IPS, preocupadas por minimizar gastos y maximizar ganancias, las encargadas de la vigilancia epidemiológica sin conseguir resultados efectivos en el cercamiento al virus y en el seguimiento a los pacientes.
A esto se suma que no hay un control centralizado real por parte de la administración distrital a estas entidades, lo que representa una falla en la recolección de datos en tiempo real y la no existencia oficial de quejas o sanciones en relación con la prestación del servicio por parte de estas entidades mayoritariamente privadas. Todo lo cual redunda en un aumento rápido del contagio y el fallecimiento de personas en búsqueda de una UCI al no contar con una atención pertinente y adecuada, situación que se está repitiendo en el tercer pico de contagio.
A esto se añade la incapacidad del Distrito para implementar una iniciativa pública de Atención Primaria en Salud para la prevención, vigilancia epidemiológica y seguimiento a pacientes que vigorice la respuesta del Estado a la pandemia, así como la no elevación adecuada del cupo epidemiológico de la ciudad debido a que no se cumplió con el aumento de UCI prometido y la disposición de personal en salud que ello demandaba. Esto hace que, en últimas, las cuarentenas y su alta prolongación se convirtieran en la herramienta preferida y casi que exclusiva para hacer frente al covid-19 impactando negativamente la salud económica y social de la ciudad.
Mientras tanto, se pagó un millonario contrato en favor de un privado, lo que despilfarró recursos públicos en el hospital transitorio de Corferias pues este encontraba sentido si se hubiese cumplido con el aumento del cupo epidemiológico de la ciudad.
El impacto social y económico
En materia social y económica el panorama es similar. Las reaperturas se realizan sin rigurosidad y por presión de los empresarios, lo que hace que seamos más vulnerables a los rebrotes. Además, el Distrito se negó a garantizar una verdadera renta básica, lo que hace que las ayudas brindadas no aseguren una cuarentena digna para los trabajadores de la ciudad que en su gran mayoría están en la informalidad, por lo que no pueden acatar el aislamiento en los momentos críticos y se ven obligados a protestar o salir a conseguir recursos para garantizar su subsistencia.
Asimismo, las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, y los negocios de barrio se van a la quiebra pues los créditos intermediados por el Estado y brindados por la banca privada no constituyen una verdadera alternativa para subsistir, sumado a que la administración distrital se negó a dar subsidios directos para el pago de nóminas entre otras, a pesar de que estas empresas colocan gran parte del empleo en Bogotá.
Así las cosas, las prioridades de la Alcaldía siguen siendo las definidas en el Plan de Desarrollo, es decir, la inversión en infraestructura, principalmente la que tiene que ver con movilidad, lo que consigue fructíferos negocios para el gran capital productivo y la banca, pero no garantiza inclusión económica de los más pobres, avizorándose una reactivación en función de los privados.
En contraste, no se le da paso a alternativas que puedan llevar a una reactivación en beneficio de la gente y el ambiente, como lo son la arborización de la ciudad, la recuperación y conservación de la Estructura Ecológica Principal, el Plan Terrazas o el mejoramiento integral de barrios y viviendas. Dicho modelo de ciudad es el que se puede esperar en la propuesta de POT que presentará la administración López en este año.
De hecho, en el debate del ordenamiento territorial, actualmente se da la disputa por el modelo de región, donde la Alcaldía es cómplice de la imposición de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Por medio de esta se reformó la Constitución y se creó de manera antidemocrática una figura de asociatividad territorial pensada más en función del negocio de la vivienda y la prestación mercantilizada de servicios, que en la necesaria garantía de derechos y el ordenamiento de la región a partir de una estructura ecológica principal regional como eje fundamental.
Unidad popular y movilización
Todo este panorama demanda de la más alta unidad de las organizaciones sociales y populares, sus expresiones políticas y la indignación ciudadana. Para ello se vienen desarrollando diferentes iniciativas de encuentros, así como acciones institucionales, que hacen frente a esta arremetida capitalista neoliberal para arrancar una salida popular a la crisis agudizada por la pandemia.
Sin embargo, es necesario pasar a la acción de protesta, es indispensable que el encuentro de las fuerzas para afinar su indignación y propuestas salga a la calle, pues es claro que solo la movilización tiene la capacidad de producir un cambio de rumbo para salvar vidas en Bogotá y el país. Aspiramos a que el próximo paro convocado para finales de abril sea un paso firme en esta perspectiva.
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