Un cese humanitario de acciones militares en tiempos de emergencia, es la petición que organizaciones sociales, ciudadanas, gremiales, ciudadanas y ciudadanos solicitan a la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, pero también a grupos armados ilegales como la Nueva Marquetalia y el Clan del Golfo para que cesen su accionar violento por la pandemia de Coronavirus que corre por todo el mundo.
En la comunicación, los firmantes dicen: “Unimos nuestra voz al clamor de las organizaciones campesinas, étnicas y sociales para avanzar hacia un cese de hostilidades humanitario de todos los actores armados que operan en sus territorios con base en la declaración de la OMS de la Pandemia llamada Covid-19 que avanza aceleradamente en nuestro país.
“La situación de emergencia humanitaria amerita distensión y concentrarnos como país y como sociedad en asumir este enorme desafío pues continuar las hostilidades entre los actores armados, contribuye a la expansión y contagio del virus, con enormes pérdidas de vida. Llamamos al Gobierno del Presidente Ivan Duque y a todos los actores armados irregulares a trabajar por acuerdos humanitarios que protejan a las comunidades que hoy sufren el rigor de la violencia y la vulneración sistemática de sus derechos, con particular énfasis, retomar el Acuerdo Humanitario en el Chocó.
“Esperamos por parte del ELN, del Gobierno, así como de los grupos armados ilegales, una respuesta positiva, pues no es justo que haya acciones bélicas y violentas en medio de la incertidumbre que está sintiendo la población en este momento.
“Lo ideal es mantener un ambiente de calma, de unión, que permita disminuir riesgos y complicaciones ante esta enfermedad que perjudica al mundo.
“En caso de que el ELN atienda este llamado le solicitamos al Gobierno que se comprometa en reciprocidad a no realizar acciones ofensivas en su contra.
“La Paz es prioridad nacional. Esta es una oportunidad para avanzar hacia la construcción de un país solidario y una paz completa”.
La comunicación, con fecha de hoy 20 de marzo, está firmada por decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos de carácter regional y nacional, y personalidades del ámbito político y académico.